Imagen de una de las reuniones de la Comisión Técnica celebrada entre Junta y Ayuntamiento de Marbella. A la derecha de la imagen el abogado Carlos Cañavate, asesor de Alcaldía. Foto/ Europa Press
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella se han topado con nuevas viviendas irregulares. Además de las 16.000 que se construyeron de forma ilegal en la época del GIL y que han quedado en el limbo jurídico, después del fallo del Tribunal Supremo, al declarar nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, han aparecido otras construcciones sin encaje normativo. Al menos de momento.
La comisión técnica, integrada por representantes de la corporación y el Gobierno de Susana Díaz, sigue cuantificando la cifra de residencias que tienen que adaptarse a una norma y sobre las que se tienen que sentar unas bases para una regularización. Este jueves se ha producido una nueva reunión bilateral entre ambas administraciones.
Proceso abierto para contabilizar las construcciones afectadas
Ambas partes siguen en proceso de contabilizar las construcciones afectadas, para establecer un diagnóstico y a partir de ahí decidir una respuesta. Lo que no aborda esta comisión técnica es la redacción de un nuevo plan general, como reclaman los promotores.
En declaraciones a la Cadena SER, la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, ha asegurado que “han aparecido más viviendas ilegales”. La edil ha evitado dar una cifra o estimación de las nuevas viviendas en situación irregular, porque todavía no se ha hecho todo el recuento.
“Hay que cuantificar esas casas que se construyeron basándose en el plan de 2010, para ahora referirlas en el plan de 1986. Va a ser una situación temporal para esas viviendas. Pero tenemos que cuantificarlas para hacer un diagnóstico y con esos datos buscaremos el camino que nos permita más margen de solución”, ha explicado la edil.
¿Qué vías hay para ‘normalizar’ estas viviendas? El problema es muy complejo. Sobre todo para las viviendas que se legalizaron mediante el sistema de compensaciones económicas y de cesión de suelo que ha sido anulado por la Justicia. “Tratamos que el plan de 1986 funcione y ese documento alternativo, bien adaptación a la LOUA o normas sustantivas (transitorias) nos permitan solucionar los problemas”, ha expuesto la sucesora de Pablo Moro en el cargo.
Las dos administraciones implicadas se dan un mes de plazo
Ayuntamiento y Junta se dan de plazo un mes para tomar una decisión sobre estas viviendas. Pero no tienen encima de la mesa la redacción de un nuevo Plan, algo que demanda con celeridad el sector inmobiliario para dar garantías a nuevos desarrollos urbanísticos.
Mientras tanto, el gobierno tripartito de Marbella intenta trasladar el mensaje de tranquilidad y seguridad sobre el urbanismo de la ciudad. El equipo municipal insiste en que la actividad no se ha detenido. Precisamente, la junta de gobierno local ha aprobado este viernes la concesión de dos licencias de viviendas unifamiliares por valor de 1,1 millones de euros.
Los promotores demandan unidad de las instituciones y agilidad en la redacción de un nuevo Plan y que el documento transitorio establezca un criterio de legalidad urbanística, para garantizar las inversiones y consolidar los proyectos en el mercado.
