El portavoz del gobierno municipal de Marbella, Javier Porcuna (drcha), junto al responsable jurídico laboral del Consistorio, Daniel Pérez Moreno. Foto/ marbellaconfidencial.es s
Un informe del Consejo Consultivo de Andalucía ha otorgado la razón al equipo de gobierno tripartito de Marbella, formado por PSOE, OSP e IU, en relación con el despido de un exalto cargo contratado por el PP como personal de alta dirección en uno de los Organismos Autónomos Locales (OALES) con que cuenta el Consistorio.
Así lo han dado a conocer este lunes, en rueda de prensa, el portavoz gubernamental, Javier Porcuna, a su vez teniente de alcalde, así como el director del área jurídico laboral municipal, Daniel Pérez Moreno.
Esta resolución se notificó la semana pasada y se refiere a Francisco Ramos Sánchez. A requerimiento de la asesoría jurídica, así como de la junta de gobierno local, “se viene a ratificar que no se observan los criterios de concurrencia”, así como que hubo una “vulneración del principio de legalidad y seguridad jurídica acreditados”. Unos requisitos que, a juicio de Pérez Moreno, al hacerse eco del dictamen, “no se respetaron”.
“Con independencia de que hubiese partida presupuestaria no se puede acudir a ese fraude de ley”, ha recalcado el alto cargo jurídico socialista al analizar el informe del Consultivo. De hecho, ha añadido Pérez, aunque el contrato se basara en una relación de confianza, “se omitieron una serie de procedimientos y el mandato constitucional sobre que no existió ningún expediente de contratación”. Se trató pues de una “resolución arbitraria”, al carecer de base el citado contrato.
Además, se incumplió el Real Decreto que regula los contratos de alta dirección. El propio contratado puso de manifiesto la irregularidad en su contratación. Tras detectarse una serie de “vicios de nulidad”, según el Consultivo, se origina la nulidad de todos los actos administrativos llevados a cabo por el anterior equipo de gobierno que presidió la ‘popular’ Ángeles Muñoz.
Una resolución que sirve de base para el resto de demandas
Pérez Moreno ha anunciado que esta resolución del citado órgano andaluz sirve de base a la Corporación, para las demandas en los Juzgados de lo Social, con el fin de que “los demandantes no puedan acceder a un empleo público sin la concurrencia debida”.
Javier Porcuna ha expuesto que desde el equipo de gobierno “se ha intentado que se retiraran las once demandas”, presentadas por excargos del PP aún vivas en los tribunales. Los demandantes exigen el reconocimiento de una situación en fraude de ley. Hacen valer que si hay despido improcedente serían personal laboral, en caso de ser readmitidos en sus puestos.
El gobierno local cree que la resolución del Consejo Consultivo se puede aplicar a otros dos cargos de confianza de OALES que fueron despedidos y que también recurrieron su cese en los tribunales.”En los juicios que se celebren se aportará el informe del Consejo Consultivo, con juristas de experiencia, por lo que, entendemos, que tendrá influencia en lo que determine el juez. Jurídicamente, estos informes tienen un soporte y una fortaleza que no tienen otras pruebas que se podrían aportar”, ha indicado Porcuna.
Esperan una segunda resolución del Consultivo
El Ejecutivo local espera una segunda resolución del Consultivo sobre otro cargo de confianza de una OAL que denunció su cese tras ser despedido. Porcuna ha explicado que existen otros ocho altos cargos del PP despedidos por el Gobierno local y que recurrieron su cese en los tribunales, de los que seis están vinculados con empresas mercantiles y dos con el Consistorio, pero sus casos son diferentes a los directivos de los Organismos Autónomos Locales.
Porcuna ha definido a los altos cargos contratados por el PP como personal que públicamente eran cargos de confianza sobre los que teníamos la duda de qué tipo de contratación se había buscado para introducir en el Ayuntamiento o entes municipales.
