Imagen del banquillo de los acusados en el juicio por el ‘caso Malaya’ celebrado durante dos años en la Audiencia de Málaga. Foto/ Europa Press
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha iniciado la ejecución de la sentencia del caso ‘Malaya’, sobre la corrupción en la localidad malagueña de Marbella que llevó a la disolución del Ayuntamiento, y ha dado a 27 condenados un plazo de 10 días para ingresar en prisión y cumplir así con las penas privativas de libertad impuestas.
Entre estos condenados, que tienen penas superiores a los dos años de prisión, se encuentra el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, quien, sin embargo, ya está en la cárcel; así como la exregidora marbellí Marisol Yagüe, la que fuera primer teniente de alcalde y antes concejala socialista Isabel García Marcos y otros 11 exediles.
Así consta en el auto de la Sección Primera, la misma que juzgó el caso, en el que a otros 18 condenados en esta causa con penas inferiores o igual a dos años, entre ellos el exalcalde Julián Muñoz, les requiere el pago de las multas impuestas y en su caso las responsabilidades civiles acordadas, tras lo que se decidirá sobre el ingreso o no en prisión.
El Tribunal Supremo emitió el 29 de julio de 2015 su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Sección Primera en octubre de 2013, aunque agravó alguna de las penas impuestas a instancias de la Fiscalía. Posteriormente, rechazó los incidentes de nulidad y remitió a la Audiencia malagueña la causa.
Desde ese momento, la Sala de Málaga ha trabajado en iniciar la ejecución de la sentencia, firme desde noviembre de este año, según consta en la resolución notificada este martes, y a la que ha tenido acceso Europa Press. Para llevar a cabo esta ejecutoria, se ha tenido en cuenta las modificaciones introducidas por el Supremo, así como los autos aclaratorios.
El Alto Tribunal elevó algunas condenas, como fue el caso de Roca, cuya pena pasó de 11 a 17 años de prisión, al atribuirle un nuevo delito de fraude fiscal y agravar las condenas por cohecho y blanqueo de capitales. En cuanto a la multa, se le impuso el pago de más de 230 millones de euros. En el caso de Muñoz, la pena de dos años de cárcel no fue modificada. Ambos están ya en prisión.
Asimismo, el Supremo modificó la pena para Yagüe, que pasó de seis años a cinco años y medio de prisión y multa de algo más de dos millones de euros; mientras que a Isabel García Marcos se le impuso tres años y medio de cárcel –frente a los cuatro a los que le condenó la Audiencia– y multa de 700.000 euros.
Ingreso en prisión
Entre los condenados que deberán ingresar en prisión están, además de Yagüe y García Marcos; 11 exediles, como son Tomás Reñones, José Jaén, Pedro Pérez, Vicente Manciles, María del Carmen Revilla, Belén Carmona, José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Rafael González, Rafael Calleja y Emilio Jorrín, con penas que van desde los cinco años y medio a los dos años y medio de prisión.
En este bloque está también el exprimer edil Pedro Román –tres años y medio de cárcel–, condenado por sus relaciones empresariales con Roca; y constructores como José Ávila Rojas –tres años y seis meses de prisión–, Carlos Sánchez y Andrés Liétor –cuatro años y cuatro meses de prisión cada uno–; o Maximo Filippa –tres años y seis meses de cárcel– que pretende cumplir la pena en Italia.
Están también testaferros, condenados por blanqueo de capitales, como Montserrat Corulla –tres años y medio de prisión y multa de 30 millones de euros–, el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta –cuatro años de cárcel y 100 millones de euros de multa–, Juan Hoffman –cinco años de prisión–, el contable Salvador Gardoqui –cuatro años de cárcel– y el cuñado de Roca –dos años y medio de prisión–.
El plazo de 10 días para ingresar en prisión, según fuentes judiciales, sería a partir de este próximo miércoles y podrán entrar en la cárcel que decidan. Además, algunas defensas pretenden que se compute los días de asistencia a juicio y las comparecencias en el juzgado durante la instrucción.
Pago de multas y responsabilidades civiles
Entre los 18 condenados a los que la Sala les ha requerido que primero paguen la multa y la responsabilidad civil, si la tienen, ya que las penas de prisión son de dos años o menos, se encuentra varios empresarios, como el constructor Rafael Gómez ‘Sandokán’, condenado a seis meses de prisión –sustituida por multa de 3.600 euros– y multa de 150.000 euros.
Asimismo están los tres exresponsables de la promotora Aifos –que se encuentra en liquidación– como el que fuera dueño, Jesús Ruiz Casado, condenado a un año y 10 meses de prisión y una multa de 2,2 millones de euros –con un arresto sustitutorio de dos meses en caso de impago–. También se le requiere a José María González de Caldas –seis meses de prisión y multa de 30.000 euros– que pague.
En este bloque, se encuentran también el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, que tiene una pena de 18 meses de cárcel y multa de 36.000 euros; la exedil Marisa Alcalá, condenada a dos años de prisión–; el que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo –multa de 60.000 euros– y tres marchantes de arte.
Sobre todos estos condenados el Tribunal verá caso por caso si procede, tras solicitarlo las defensas, suspender la pena de prisión, lo que dependerá, en primer lugar, de que hayan pagado la multa impuesta y también de otras circunstancias, como los antecedentes penales. El criterio de la Sala es que si tienen dificultades para abonar estas cantidades, haya, al menos, un compromiso de pago.
En el auto, que se puede recurrir en súplica, también se acuerda dejar sin efecto las medidas cautelares que aún existieran respecto de los acusados que resultaron absueltos. Asimismo, se precisa que las penas de inhabilitación impuestas a los exconcejales se refieren a empleo o cargo público electo, referido a alcalde, concejal o participación electiva en el ámbito local.
