Imagen de una de las protestas protagonizadas por el colectivo de la acorrala ‘La Urba’
Más de 20 familias podrían ser desahuciadas este miércoles a las nueve de la mañana del edificio que ocupan de forma ilegal en Nueva Andalucía.
Miembros amenazados por el desalojo de La Corrala La Urba, en la urbanización Costa Estrella, se han manifestado este martes por la mañana frente al Ayuntamiento para pedir al Gobierno local que interceda para paralizar el lanzamiento, lo que ya ha ocurrido en dos ocasiones. También se han congregado ante una sucursal de la entidad financiera propietaria del inmueble, Cajasur.
Los afectados por el desalojo aseguran que no tienen recursos y acusan a la Administración Pública de “darles la espalda”.
“No sabemos dónde ir ni qué hacer. Estamos bloqueados. No nos han ofrecido nada. Al ser ocupas, no tenemos derecho a nada, tampoco a asistentes sociales. Esperemos que no nos den la espalda, que nos escuchen y que nos aclaren dónde está lo prometido. Dos concejales diferentes y no han hecho nada”, ha señalado Cristina Cózar, una de las manifestantes.
Cózar ha pedido al Ayuntamiento que “cumpla con las promesas que nos ha hecho”, entre las que ha mencionado un alquiler social o una ayuda económica. “Nos lo han prometido dos veces y las dos veces nos han dado la espalda”, ha agregado.
La afectada ha asegurado que ninguna de las familias amenazadas por el desalojo ha recibido prestaciones del Consistorio ni “respuesta de nadie”.
“Nos dijeron en septiembre que entregáramos la documentación de cada familia. Hicimos lo que nos dijeron. Pero a fecha de hoy no tenemos respuesta. Ahí seguimos las mismas familias sin recibir ayuda ninguna”, ha agregado.
Cózar ha asegurado que las familias no se oponen a pagar un alquiler que sea “social”, y ha acusado a Cajasur de pretender que desalojen los inmuebles.
“No nos han ofrecido ninguna solución. Ni siquiera la del alquiler social”, ha añadido.
Cózar ha asegurado que el edificio que ocupan está abandonado desde hace diez años. Algunas de las familias habitan el inmueble desde hace siete años e incluso llegaron a pagar un alquiler a un supuesto propietario, ha recordado.
“No tenemos ayuda, ni paro ni ayudas familiares. Hay familias que no disponemos de ayudas sociales. Yo estoy empadronada en casa de mis padres. Pero mi padre cobra una ayuda por invalidez, por lo que no tengo derecho a ayudas sociales”, ha concluido Cristina.
