El plazo dado por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga a 26 condenados en el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en Marbella, para que ingresen de forma voluntaria en la cárcel para cumplir las penas de prisión impuestas en la sentencia concluiría a mediados de la próxima semana.
Así, la Sala que juzgó esta causa dictó un auto por el que se iniciaba la ejecución de la sentencia y en el que se daba a 26 condenados, entre ellos la exalcaldesa Marisol Yagüe, la exedil Isabel García Marcos y otros 11 exconcejales, un plazo de 10 días hábiles para el ingreso en prisión, que terminaría el 27 de enero.
Roca es el principal condenado
En ese mismo grupo, con penas superiores a los dos años de prisión y en el que sólo el principal condenado, Juan Antonio Roca, está en la cárcel, se encuentran también Pedro Román, empresarios como Carlos Sánchez o José Ávila Rojas, y testaferros del cerebro de la trama, como Óscar Benavente o Montserrat Corulla.
Algunos condenados han pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la ejecución y, al mismo tiempo, instado a la Sala que paralice el ingreso en prisión mientras aquel órgano se pronuncia sobre la suspensión, según fuentes del caso. A pesar de ello, varios de éstos han expresado su disposición a cumplir con el plazo dado.
Elección de centro penitenciario
Podrán ingresar en la cárcel de su elección, según reza el auto, incluso uno pretende hacerlo en Italia. Paralelamente, la Sala está mandando exhortos para requerir el pago de la multa, según han señalado varias fuentes, ya que, han indicado a Europa Press, esos requerimientos se deben hacer personalmente.
En cuanto a los otros 18 condenados, con penas inferiores o igual a dos años, en el auto de ejecución ya se les requirió el pago de las multas. En este grupo están el exalcalde Julián Muñoz -también en prisión-, el constructor Rafael Gómez ‘Sandokán’, y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, entre otros.
Una vez éstos, entre los que están el que fuera jefe de la Policía Local y tres exreponsables de la promotora Aifos, hayan hecho frente a la multa la Sala decidirá sobre la suspensión de las penas de prisión impuestas, tras escuchar a la Fiscalía, que ya tiene dos peticiones para analizar.
El Tribunal Supremo emitió el 29 de julio de 2015 su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia en octubre de 2013, aunque agravó algunas otras. Posteriormente, rechazó los incidentes de nulidad y remitió a la Audiencia malagueña la causa.