El exalcalde de Marbella Julián Muñoz en el banquillo de los acusados junto al también encausado Juan Antonio Roca. Foto/ EUROPA PRESS
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha retrasado para el 7 de marzo el inicio del juicio por la operación urbanística en la finca ‘El Pinillo’ de Marbella (Málaga), caso en el que hay acusadas una veintena de personas, entre ellas el exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y el exalcalde de dicha localidad Julián Muñoz.
La Sala tenía previsto comenzar este juicio el próximo lunes día 15 de este mes de febrero, pero finalmente se ha retrasado el comienzo al 7 de marzo. Inicialmente, se fijaron unas 40 sesiones en total a lo largo de varios meses, con la previsión inicial de terminar a finales de octubre.
La Fiscalía Anticorrupción acusó al exalcalde de Marbella, al cerebro del caso ‘Malaya’ y exgerente de Planeamiento 2000, a exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), a exfuncionarios municipales y a empresarios por la operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.
Así, en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusó en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad.
Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.
En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella “los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros”.
En este caso, la acusación señala que Roca promovió “la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados”.
Asimismo, el ministerio público decía en su escrito que Muñoz “tuteló desde su destino como regidor suplente, firmando los decretos necesarios a tal fin”; mientras que los concejales integrantes de la Comisión de Gobierno, también acusados, “ratificaban de manera tan automática, como consciente de su carácter manifiestamente ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella”.
La finca y su proceso de expropiación
Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, decía el fiscal, estuvo “lejos de promover la utilidad pública”.
Tras toda la operación, el ministerio público alude a una infravaloración de los terrenos que cifra en un total de 6,7 millones de euros.
Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, “de común acuerdo con Roca”, y “tras desapoderar los legítimos titulares de la finca ‘El Pinillo’, no sólo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria”.
La finca pasó a ser urbanizable, “en claro perjuicio para el propio Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios”. Posteriormente, el fiscal relata una serie de operaciones “encadenadas” de transmisión del crédito hipotecario “que la gravaba” y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también supuestamente a través de empresas, administradas por otros acusados, para adquirir la deuda.
Esta acusación sostiene que este procesado “tenía planeado adquirir dicho crédito y, con él, la propia finca gravada para cederla a un promotor con vistas a su desarrollo urbanístico”.
El escrito del fiscal relata también la preparación de la adjudicación directa de la finca expropiada, que había sido dividida; con actuaciones encaminadas al cambio de titularidad municipal mediante su subasta pública y la posterior denegación del derecho a la reversión, así como la enajenación directa a una sociedad “de mera pantalla” y las diferentes ventas realizadas.
