“La pérdida de la condición de empleado municipal, o funcionario de carrera, evidentemente tiene un contencioso administrativo abierto”. En estos términos asume el equipo de gobierno tripartito de Marbella que el exjefe de Policía Local, Rafael del Pozo, cuyo despido definitivo tramitan, tiene mecanismos y vías aún para recurrir su cese.
Ha sido el responsable jurídico de Personal y abogado laboralista, Daniel Pérez, el encargado de ofrecer explicaciones, a preguntas de los periodistas, en relación con el margen de maniobra que tiene quien ha sido condenado en firme a pena de inhabilitación, por dos años, y multa tras la sentencia firme del Supremo en el ‘caso Malaya’.
El citado letrado, cargo de confianza del PSOE, precisa que “se está resolviendo una sanción disciplinaria, en grado máximo, y el estatuto básico del empleado público y la normativa de referencia, evidentemente permiten su recurso y su impugnación en vía judicial, que puede hacer cualquier funcionario y que los jueces resuelvan”.
Pérez reconoce que para los gobernantes municipales la decisión adoptada “es firme, a nivel administrativo”, pero , según ha precisado, “siempre está bajo el control jurisdiccional del juez que corresponda”. ha concluido.