El exjefe de la Policía Local de Marbella Rafael del Pozo (drcha) junto a su abogado en imagen de archivo
Escrito íntegro de Del Pozo dirigido al alcalde de Marbella PDF. (Para leer pinche aquí)
El exjefe de la Policía Local de Marbella Rafael del Pozo, condenado en firme por el ‘caso Malaya’, ha reaccionado con rapidez, tras conocer que el equipo de gobierno que preside José Bernal tramita su despido definitivo y pérdida de condición de funcionario. El mismo día 5 de abril, redactaba un escrito, dirigido al alcalde y presentado por Registro de Entrada el 6, en el que solicita al primer edil que suspenda cualquier decisión hasta que la Audiencia de Málaga resuelva sobre la liquidación de su pena de inhabilitación.
En el documento, de cuatro folios de extensión, el que fuera superintendente del citado cuerpo de seguridad reclama a Bernal que “se proceda a suspender cualquier decisión relativa a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo [‘Malaya’], en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Málaga no resuelva sobre las cuestiones planteadas relativas a la liquidación de la condenas y sobre los efectos y condiciones de su cumplimiento, no sólo por ser una cuestión ajustada a derecho, sino también por evitar situaciones contradictorias (e irregulares) cuando el plazo para la resolución por la Audiencia parece estar cercano”, reza el escrito.
Redes sociales
Lo primero que llama la atención del documento que obra en poder de este medio digital es que Del Pozo, en el arranque de su escrito, asegura que ha tenido conocimiento de la decisión adoptada por la junta de gobierno local sobre él “por redes sociales”.
Cabe recordar que la cuenta en Twitter del Ayuntamiento de Marbella ofreció la información en tiempo real, cuando el portavoz municipal, Javier Porcuna, daba a conocer la decisión en rueda de prensa, a su vez televisada en directo por RTV Marbella, como todos los martes.
Del Pozo le recuerda al alcalde que la Sección Primera de la Audiencia abrió una pieza separada 48.43/2015 sobre la ejecutoria 48/2015 dictada para hacer efectivas la sentencia de ‘Malaya’, una vez conocida la resolución firme del Tribunal Supremo (TS), “con testimonio del auto de incoación por las penas que me impusieron”, en alusión a la pena de inhabilitación por dos años, que es la que ha conllevado que el Ayuntamiento comience a tramitar la extinción de su condición de funcionario, de forma definitiva, como ha determinado el secretario municipal, Antonio Rueda.
Liquidación de la pena
El pasado 11 de diciembre de 2015, la defensa de Del Pozo se dirigió a la Sala que preside el magistrado José Godino, ponente de la primera sentencia de la Audiencia de Málaga, para solicitar “la liquidación de pena de inhabilitación y que se señalen fecha y alcance del cumplimiento”.
Los abogados del exjefe de Policía Local condenado por cohecho a 60.000 euros de multa siempre han sostenido que el tiempo que su representado ha estado apartado del Cuerpo policial serviría para dar por liquidada la pena de inhabilitación. Invocaron un caso similar de un funcionario judicial de Marbella que estimaron los tribunales.
Los letrados del policía local también invocan la “prejudicialidad penal frente a la administrativa” La Ley Orgánica del Poder Judicial “es clara al exigir que el Ayuntamiento espere a la resolución de la Audiencia de Málaga relativa a la cuestión pena de la correcta liquidación de la condena de la sentencia, evitando que se tome una decisión contraria a los efectos previstos en la propia condena penal”, recalca Del Pozo en su escrito dirigido al alcalde de Marbella.
Subraya el exsuperintendente policial que “la resolución penal que debe resolver mi escrito de 11 de diciembre de 2015, condicionará directamente el contenido de la decisión administrativa que deberá tomar esta Corporación [Ayuntamiento], en cumplimiento y en ejecución de la sentencia”.
Asimismo, Del Pozo, licenciado en Derecho, invoca en su escrito diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del TS que establece que en las condenas por penas de inhabilitación “especiales” es imprescindible precisar a qué puestos públicos afecta. Si no se precisa, acota el recurrente, “la inhabilitación no puede ser efectiva y en la práctica se tiene por no puesta”.
“En mi caso, no sólo no existe referencia al puesto concreto, es que tampoco existe una remisión expresa ni en el fallo, ni en el resto de la sentencia al artículo 42 ó 45 del Código Penal (CP) que especifica lo que reclama Del Pozo.
El que fuera máximo responsable de la plantilla policial marbellí desde antes e 1991 hasta 2006, sostiene que “no procede” la pérdida de su condición funcionarial , porque el Supremo “no especificó” ni el puesto concreto, ni si era la inhabilitación recogida en el articulo 42 ó 45 del Código Penal, “siendo la pena del artículo 45 del CP únicamente la privación de la facultad de ejercerla y no la de privación definitiva del empleo público” recogida en el 42 del mismo texto legal.
