El abogado del exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha pedido a la Audiencia de Málaga que confirme las resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en las que el magistrado acordó que se debía ejecutar ya el tercer grado concedido, ordenando la tramitación de beneficios como los permisos de fines de semana.
Así, el letrado Antonio José García Cabrera, de Lemat Abogados, ha presentado dos escritos en los que se opone a los recursos presentados por la Fiscalía contra dichas resoluciones, en los cuales el ministerio público consideraba que no cabía otorgar beneficios en el tipo de tercer grado concedido a Muñoz por enfermedad grave e incurable, sino que lo que correspondía era la libertad condicional, que ha sido denegada.
La representación de Muñoz también entiende que es procedente la libertad condicional, de hecho, recurrirá su denegación por parte del juzgado; pero sostiene que eso “no impide”, mientras se resuelve sobre ese otro aspecto, ejecutar el tercer grado que ya está concedido a través de una resolución firme de la propia Audiencia provincial.
“En este caso es evidente que no hay norma legal que impida aplicar un régimen de semilibertad propio del tercer grado, especialmente teniendo en cuenta que la necesidad de aplicar el régimen de semilibertad y los beneficios penitenciarios han sido decididos en una resolución judicial firme, independientemente de lo que finalmente se decida respecto a la libertad condicional que entendemos también procede”, señala el letrado.
El abogado considera que “no pueden negársele los beneficios” por parte de la administración penitenciaria, alegando que se ha propuesto la libertad condicional, pues “no tiene lógica” para el letrado que si lo que se pretende con eso es su excarcelación para no seguir perjudicando su salud “pasado más de un mes de la resolución siga internado en un centro de cumplimiento cerrado”·.
Por esto, se señala que Muñoz “no puede permanecer más tiempo allí”, sobre todo teniendo en cuenta “la agravación de su enfermedad”. “La situación es intolerable, la administración penitenciaria no puede inaplicar ni interpretar a su manera las decisiones del juzgado y de la Sala”, dice el abogado en su escrito, en el que compara este caso con el de Bolinaga.
García Cabrera considera que se están vulnerando derechos fundamentales y reitera las conclusiones de los informes médicos elaborados sobre la salud de Muñoz, señalando que en la mayoría de ellos se concluye que permanecer en prisión supone “un factor de riesgo añadido para su salud y su vida”, y que sus patologías y su agravación “tienen una relación directa con las situaciones de estrés”.
Asimismo, el letrado entiende que no hay impedimento para empezar a tramitar los permisos ordinario ni, “por supuesto”, para mantener las salidas de fines de semana que ya se están produciendo en las últimas semanas –Muñoz lleva tres de estas salidas–, concluyendo que la consecuencia de todo esto debe ser “la más favorable para el ejercicio de los derechos del interno”.