El promotor Tomas Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, en una imagen de archivo
Documentos sobre la sanción a Olivo y los decretos que no se firmaron (pinche aquí para ver los PDF).
Acta de la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno local del 15 de octubre de 2015 con dación de cuentas sobre sanciones urbanísticas que el PP dejó prescribir (pinchar aquí para ver PDF).
El equipo de gobierno del PP en Marbella que presidió Ángeles Muñoz, entre 2007 y 2015, dejó sin ejecutar una multa urbanística coercitiva firme contra el empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, que superaba el millón de euros y que debió firmarse entre 2010 y 2012, mediante sendos decretos en los que nunca estampó su firma el entonces delegado de Urbanismo, Pablo Moro. Todo ello a pesar de la reiterada insistencia de los técnicos y funcionarios municipales, quienes le trasladaron los requerimientos.
Europea de Complejos Comerciales S.A.
Concretamente, la sanción administrativa fue impuesta a la sociedad Europea de Complejos Comerciales S.A., cuyo socio único es el propio Olivo, además de presidente y consejero delegado de la citada mercantil. Se trataba de la ejecución de obras, sin licencia de construcción, de locales comerciales, naves, y zonas de aparcamientos en el paraje de La Trinidad, ampliación de La Cañada. Una parcela al norte de la autopista A-7.
Marbella Confidencial ha tenido acceso al expediente elaborado por los técnicos de Disciplina Urbanística en el que se recoge esta sanción, que aún no habría prescrito, al contrario que otras muchas que el PP dejó prescribir, según denunció en octubre de 2015 el actual alcalde, José Bernal, junto a la delegada de Urbanismo, Isabel Pérez.
9,7 millones de euros en multas prescritas bajo mandato del PP
El primer edil y la delegada del ramo elevaron a más de 9,7 millones de euros la cantidad que se dejó de ingresar en las arcas municipales, bajo mandato de Ángeles Muñoz. Además, anunciaron que pondrían los hechos en conocimiento de la Fiscalía, pero a día de hoy no se ha consumado la denuncia. Fuentes oficiales aseguran que podría enviarse en las próximas semanas, tras la dilación del bufete Gaona Abogados en preparar las acciones legales pertinentes.
La insistencia de los funcionarios para que se ejecutaran las sanciones
La multa contra la sociedad de Olivo, absuelto en el ‘caso Malaya’, pero encausado aún en otros procedimientos penales, es el expediente 88/04. En la amplia documentación que obra en poder de este medio digital puede verse que entre los años 2010 y 2012, el entonces concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, fallecido recientemente, nunca firmó los decretos para ejecutar las sanciones contra el conocido empresario murciano, a pesar de la insistencia de los técnicos municipales que se las enviaban para su firma, tal y como ellos mismos han hecho constar.
De hecho, en uno de los documentos que reproducimos ahora el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Enrique Arrabal, dirigía una nota interior, el 7 de septiembre de 2012, al entonces director general de Urbanismo, Mario Ruiz Núñez, cargo de confianza del PP, en la que hacía constar que se habían recibido firmados para imponer multas coercitivas y otras sanciones doce decretos, “excepto el del expediente 88/04”, que no es otro que el de Europea de Complejos Comerciales S.A.
En otro documento, firmado también por Arrabal, una administrativa y el jefe de Negociado se hace constar, a pie de página, escrito a mano el 24 de octubre de 2012, que “se reciben firmados los decretos del listado, excepto el correspondiente al Expt. 88/04”. Se trata una vez más del que afecta Olivo.
Dos años antes, el 23 de junio de 2010, Arrabal se había dirigido al por entonces director general de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, también cargo de confianza del PP y actual consejero delegado de Acosol, presidida por la ‘popular’ Margarita del Cid, al remitirle un listado de decretos para que fueran firmados por el edil de Urbanismo. En la lista aparecía Europea de Complejos Comerciales S.A. No hubo firma.
La exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz en imagen de archivo junto al entonces director general de Urbanismo, Mario Ruiz Núñez. Foto/ marbellaconfidencial.es
Un informe elaborado tras la salida del PP de Urbanismo
El 25 de septiembre de 2015, ya con el equipo de gobierno tripartito en el poder, la administrativa de Urbanismo Carmen Barrantes elabora una extensa nota interior, dirigida a la edil delegada del ramo, Isabel Pérez (PSOE), en la que detalla que el expediente 88/04, instruido contra la mercantil Europea de Complejos Comerciales S.A., “con resolución firme en vía administrativa”, fue objeto de “impulso” por parte de la instrucción que se llevó a cabo.
“Fueron remitidos para la firma del Sr. Concejal Delegado [Pablo Moro], a través de notas interiores, los decretos imponiendo multa coercitiva por incumplimiento de la orden de reposición, y que nunca fueron devueltos firmados, como se puede comprobar mediante los distintos recordatorios de decretos pendientes de firma que en su día se realizaron y se adjuntan en esta nota”, reza el documento.
Dos borradores de decreto
Concretamente, Carmen Barrantes hace constar dos borradores de decreto para que Moro los firmara. Uno con fecha 17 de junio de 2010 y otro datado el 7 septiembre de 2012. El resto de empresas y particulares que figuraban en el listado, para ser sancionados, corrieron peor suerte que la empresa de Tomás Olivo, que salió airosa.
El exportavoz ‘popular’ Félix Romero asegura desconocer por completo los hechos
Este medio digital ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de la exalcaldesa Ángeles Muñoz, actualmente edil opositora. Sí ha sido posible localizar al exportador de su equipo de gobierno, Félix Romero, ahora también concejal en la oposición y parlamentario andaluz por Málaga: “No tengo ningún conocimiento de los hechos por los que me pregunta, entre otras cosas porque no era mi cometido”, ha respondido de forma escueta.
Romero tampoco ha podido aclarar cuál es la posición actual del Grupo Municipal del PP en el Consistorio marbellí, tras las graves acusaciones del alcalde sobre que dejaron prescribir más de 9 millones de euros en multas sobre su mandato. Se trata de un asunto por el que los ‘populares’ han optado por pasar de puntillas desde que se conoció, en octubre de 2015.
Sólo se recuerda una declaración muy breve del concejal del PP Cristóbal Garre, quien calificó de “falsas” las acusaciones de Bernal sobre la prescripción de las multas y dijo poner “la mano en el fuego” tanto por el exedil de Urbanismo, Pablo Moro, como por el resto de sus entonces compañeros en el Ejecutivo local.
Tomás Olivo dice que no sabe nada
El empresario Tomás Olivo durante una visita a los Juzgados, en imagen de archivo. Foto/ MARBELLA IMAGEN
Esta redacción ha localizado al empresario Tomás Olivo, quien se ha mostrado sorprendido al conocer esta información: “no sé nada de este asunto, no me consta”. El propietario de La Cañada ha emplazado a este medio a hablar con sus abogados para cualquier aclaración. No obstante, cuando se le ha leído el motivo de la sanción: por ejecutar obras sin licencia en La Cañada, ha dicho que “eso no es cierto, nosotros tenemos licencia”, sin aportar más detalles, y ha dado por terminada la conversación telefónica.
Del análisis exhaustivo de la documentación llama poderosamente la atención la diligencia del exconcejal de Urbanismo a la hora de firmar y autorizar sanciones a otros particulares y empresas, con respecto a la dilación reflejada en lo que atañe a la sociedad de Olivo.
Cabe recordar que en 2014 Moro llegó a difundir, vía Twitter, una multa urbanística de 500.000 euros contra el arquitecto Jesús Flores, que el sancionado interpretó como una “represalia”, después de que su hermano, el conocido abogado Antonio Flores, desvelara una inversión de 3 millones de euros en Luxemburgo de una sociedad de la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Nota de redacción: En los documentos PDF que pueden consultar en el arranque de esta información hemos eliminado los nombres de las empresas y personas físicas que aparecían en los listados junto a la sociedad de Tomás Olivo para preservar su identidad, teniendo en cuenta que sí se ejecutaron multas contra ellos, al contrario de lo que ocurrió con Europea de Complejos Comerciales S.A.
