El exasesor urbanístico municipal de Marbella, Juan Antonio Roca, en una imagen de archivo
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido la acusación contra el exasesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca por delitos de malversación y prevaricación en relación con la construcción de una desaladora y ha aludido, en su informe final, a la existencia de una trama para desviar dinero que debía ir a dicha infraestructura, señalando a Roca, al exalcalde Jesús Gil y al jefe jurídico José Luis Sierra como los tres actores principales.
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha acogido este jueves la penúltima sesión del juicio a Roca, en el que la Fiscalía pide ocho años de prisión, 29 de inhabilitación y el pago de una indemnización a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que impulsó las obras en 1995, y que está personada, al igual que el Ayuntamiento marbellí. Ambas han mantenido su acusación y la vista terminará este viernes con el informe de la defensa.
El representante de la acusación pública se ha referido en primer lugar a “una trama” para “sacar tajada” y que el dinero transferido por la empresa encargada de las obras para llevar a cabo la expropiación por parte del Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la construcción de la desaladora en Marbella no tuviera que ser fiscalizado por el Consistorio, para lo que se utilizó la sociedad Planeamiento 2000, de la que Roca era gerente.
Ha apuntado a “una segunda trama” para, con un contrato de dirección facultativa de las obras, presuntamente “desviar” dinero a sociedades vinculadas con el que era jefe jurídico del Ayuntamiento y consejero delegado en Mancomunidad, José Luis Sierra –que no ha sido juzgado por enfermedad–, a través de una sucesión de delegaciones que es “una ficción”. Esto se hizo a través de una sociedad de la Mancomunidad, de la que también era gerente Roca.
Los “actores principales”
En estos actos, ha explicado, intervinieron como “actores principales” el exalcalde, Jesús Gil, también entonces presidente de la Mancomunidad; el letrado José Luis Sierra, que era jefe jurídico del Consistorio marbellí y consejero delegado de una de las empresas del ente supramunicipal, siendo Roca “el tercer actor principal”, que “hizo suyos”, dice el fiscal, 871.446 euros que eran para expropiaciones y “favoreció” que otra cantidad fuera a Sierra.
Para esta acusación, está acreditado que “Roca sabía perfectamente lo que estaba haciendo, se prestó a ello y obtuvo su beneficio económico”, rechazando que simplemente cumpliera órdenes de Gil, como dijo el acusado en su declaración; y asegurando que al delegar la dirección facultativa a una empresa privada se estaba, incluso, saltando la normativa en materia de contratación.
Otras acusaciones
El letrado de la Mancomunidad Occidental ha sostenido que el término “saqueo” que se relaciona con la etapa Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella “no es gratuito” sino que “definía una forma de hacer las cosas que se trasladó al ente mancomunado” una vez que Gil fue presidente de dicha institución. Éste, junto a Roca y Sierra, “vieron la oportunidad de trasladar esa forma de operar”, ha dicho, dentro de “una maniobra para despojar de fondos públicos” a la institución.
Además, ha manifestado que Roca “con una mano coge fondos” de la empresa encargada de las obras para la expropiaciones “y con la otra firma acuerdos para no pagar nada de esos justiprecios, sino para dar aprovechamientos futuros”. Asimismo, ha incidido en la importancia de que “cada ladrillo que puso la empresa elegida para las obras era de Mancomunidad y cualquier gasto o coste que asumía era de Mancomunidad”.
Por esto, esta parte se ha adherido al escrito presentado por el fiscal, que reclama para la Mancomunidad una indemnización de más de 1,2 millones de euros. Por su parte, el Ayuntamiento también se ha sumado a las conclusiones definitivas de la acusación pública, aunque pide como responsabilidad civil el pago de unos 64.000 euros por una de las expropiaciones que, según este abogado, sí abonó el Consistorio.
La defensa, por su parte, hará su informe final este viernes, pero ya ha solicitado la absolución. El argumento es que ni el Ayuntamiento ni la Mancomunidad tuvieron perjuicios por estas actuaciones, porque no se pagaron con dinero público; y que Roca no se quedó con el dinero de expropiaciones, sino que lo ingresó a otras sociedades municipales –como él mismo dijo–; algo por lo que, según la letrada, ya ha sido condenado en el caso ‘Saqueo II’.
De hecho, la letrada ya planteó como cuestión previa que este caso es cosa juzgada en la Audiencia Nacional, dentro de ‘Saqueo II’. Roca declaró que fue “utilizado de una forma descarada” en el proceso de construcción de la desaladora y afirmó que siguió órdenes del entonces alcalde y del que era jefe de la asesoría jurídica que llevaron toda la gestión. Negó que se quedara con 871.446 euros y se desvinculó por completo del proceso de construcción.
