Imagen de archivo del rocódromo de San Pedro Alcántara
La concesión administrativa del rocódromo de San Pedro Alcántara, un parque dedicado a la práctica de la escalada, fue adjudicada en 2003 a una empresa participada al 88% por la mujer del entonces edil del GIL Vicente Manciles. Se trata de Saymaben S.L., constituida en 2001 y cuyo objeto social nada tenía que ver con el alpinismo. Se dedicaba a la enseñanza, “las actividades de los ramos de la medicina, la odontología y la psiquiatría”, según el Registro Mercantil.
Después de que este martes el concejal de Hacienda, Manuel Osorio (OSP), asegurara en rueda de prensa que el equipo de gobierno acababa de rescatar dicha concesión, tras detectar una serie de irregularidades, entre ellas un canon “ridículo”, Marbella Confidencial ha investigado esta sociedad y ha podido constatar sus vinculaciones con Manciles, ahora encarcelado tras ser condenado en el ‘caso Malaya’.
Un vistazo al sumario del caso que instruyó el juez Miguel Ángel Torres permite comprobar que cuando la Policía registró en 2006 la vivienda de Manciles, exconcejal de Obras bajo el gobierno de Marisol Yagüe, halló la copia del acuerdo del Ayuntamiento, fechado el 4 de marzo de 2003, por el que se adjudicaba el proyecto, ejecución, gestión y explotación del citado rocódromo, a favor de Saymaben S.L., con un plazo de concesión de 50 años y un canon anual de 3.474 euros. Todo un chollo.
El entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, señalaba en el auto de procesamiento sobre la trama de corrupción liderada por Juan Antonio Roca –dictado en julio de 2007– que “la sociedad Saymaben S.L., constituida en 2001, aparece participada al 88% por María Clara García Pujol [esposa de Manciles] y el resto por su hermana”.
Torres relataba que hasta marzo de 2002 el domicilio social de Saymaben S.L. fue “el domicilio donde reside el imputado”, en alusión al edil gilista.
El juez llegaba a la siguiente conclusión: “se deduce que una sociedad relacionada con el imputado [Vicente Manciles] ha sido beneficiaria de concesiones administrativas otorgadas por el Ayuntamiento de Marbella, además de ser titular de un inmueble adquirido el 12 de julio de 2003 en Banana Beach, por 115.000 euros, inmueble que ha sido objeto de un famoso procedimiento judicial”, en alusión al sonado ‘caso Banana Beach’, primera condena de cárcel por delito urbanístico contra Julián Muñoz.
El exedil de Obras Vicente Manciles junto a la exalcaldesa Marisol Yagüe, en una imagen de 2004. FOTO/ J.C. VILLANUEVA
Otra investigación judicial por fraude en la concesión
Años después de las contundentes acusaciones del magistrado que tuteló la mayor investigación contra la corrupción municipal en España, otro juez, en este caso el entonces titular del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, Jaime Serret, tramitaba en 2011 una investigación por presunto fraude en relación con la concesión del rocódromo de San Pedro.
Julián Muñoz desimputado
Serret acordó en 2011 el archivo de los cargos que pesaban sobre el exalcalde Julián Muñoz (la concesión fue otorgada bajo su mandato, en marzo de 2003), pero continuó las pesquisas sobre el resto de imputados: el propio Manciles, el exedil de Deportes Tomás Reñones, también encarcelado actualmente por el ‘caso Malaya’, así como contra otros cinco encausados, por presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Este medio digital no ha podido confirmar si el mencionado procedimiento judicial sigue vivo, y si llegó a celebrarse vista oral alguna, transcurridos cinco años de las últimas diligencias conocidas.
Osorio califica de “rídiculo” el canon
“El canon es tan ridículo que hasta mi hijo, con su paga, lo puede pagar”. Las palabras del concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Marbella, Manuel Osorio, pronunciadas este martes, ilustran a la perfección el tipo de concesión administrativa de la que ha gozado hasta ahora la empresa Saymaben S.L. a la hora de explotar, de forma muy ventajosa, el conocido rocódromo de San Pedro, “por tan solo 150 euros al mes”.
Los impagos de la mercantil, favorecida por el GIL en la concesión, han motivado la actuación de la junta de gobierno local, que revisa estos días numerosas concesiones arbitrarias concedidas por los gobiernos gilistas que, al parecer, se habrían mantenido con el PP.
Osorio ha justificado el expediente de extinción de la concesión del rocódromo por “causas graves”. De hecho, el canon “no se paga desde hace años” y Saymaben S.L. está actualmente en liquidación.
El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, toma la palabra este martes, junto al concejal delegado de Hacienda, Manuel Osorio. Foto/ marbellaconfidencial.es
Se cancelarán también otras dos licencias de explotación
A Saymaben se le cancelarán también otras dos licencias a través de las cuales gestiona un parque multiaventuras ubicado en el Palacio de Deportes de San Pedro, así como unas zonas anexas al pabellón deportivo, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna.
Además de estar en concurso de acreedores la citada sociedad adeudaba al Ayuntamiento unos 7.000 euros, según informa Europa Press.
Concesiones por entre 40 y 50 años
Las concesiones se otorgaron “entre los años 2002 y 2003”, en los años del GIL, y obligaban a la empresa a pagar un canon “irrisorio”, de unos 600 euros al mes por las tres explotaciones y con vigencia de entre 40 y 50 años, ha explicado el edil de OSP.
“Eso fue un regalo que se le hizo a quien fuese y la concesión lleva años cerrada. Con una concesión de este calibre que no se está explotando, nos parece, moralmente, una indecencia”, según Osorio.
