El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha informado este lunes de que la Junta de Andalucía destinará a la provincia 12,5 millones de euros a la realización de acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE), de las que podrán beneficiarse más de 4.700 personas desempleadas.
Así, Ruiz Espejo, en rueda de prensa junto con el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz Araujo, ha presentado esta iniciativa tras mantener una reunión con los delegados territoriales del Gobierno andaluz.
La nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas se concretará en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, ha apuntado Ruiz Espejo. A estas ayudas podrán optar las entidades acreditadas e inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados, ha añadido, destacando que está previsto que en la provincia se desarrollen más de 300 acciones formativas.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días desde la publicación de la orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que se produjo el pasado viernes 2 de septiembre, según ha explicado Ruiz Espejo.
Así, ha añadido que en la convocatoria se primará el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad con los que puedan hacer valer su cualificación en todo el territorio de la Unión Europea (UE).
También se tendrán en cuenta las necesidades específicas de cualificación en cada territorio y las demandas de los empresarios, con especial atención a sectores productivos estratégicos para la economía andaluza, como “el aeronáutico, el naval, la atención a la dependencia y las energías renovables”, ha señalado.
Para poder participar en las acciones formativas, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.
La nueva convocatoria incorpora criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas, ha dicho el delegado.
También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 por ciento una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.
Concesión y pagos de las ayudas sometidos a las máximas garantías de control
La concesión y los pagos de las ayudas estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor, en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones, ha apuntado. Deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.
Por último, Ruiz Espejo ha destacado que en Andalucía esta iniciativa supondrá una inversión de 71,5 millones, a la que se sumarán en breve las correspondientes al programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo –50 millones de euros– y a las acciones formativas para trabajadores ocupados –20,6 millones–, con lo que la previsión total superará los 142 millones en la Comunidad autónoma, ha dicho.