Imagen del arco de entrada a Marbella por la antigua N-340., con el complejo de viviendas Banana Beach, emblema de construcciones ilegales en la ciudad que supuso la primera condena contra Julián Muñoz por delito urbanístico. FOTO/ MARBELLA IMAGEN
El concejal del PP de Marbella Cristóbal Garre ha emplazado este martes al equipo de gobierno y la Junta de Andalucía a que certifiquen por escrito que no solicitarán la demolición de ninguna de las cerca de 16.000 viviendas que se edificaron en el municipio al margen de la legalidad durante los gobiernos del GIL.
Garre, que ha comparecido en rueda de prensa para presentar las alegaciones del PP a la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, en vigor desde que el Tribunal Supremos anulara el de 2010 a finales del año pasado, ha asegurado que el escrito “daría mucha seguridad jurídica al sector por cuanto pudiera hacerse un documento público que llevar al Registro de la Propiedad”.
Asimismo, ha asegurado que existe la posibilidad legal de amparar a los propietarios de buena fe, aquellos que adquirieron sus viviendas desconociendo que eran irregulares, tras una modificación legislativa en junio de 2015, según informa Europa Press.
“El artículo salió antes de la sentencia anulatoria del Tribunal Supremo y viene a decir que se tienen que prestar garantías por parte del Ayuntamiento y la Junta en el momento en que se vayan a hacer las demoliciones. Como hemos escuchado de forma verbal que no se instará a ninguna demolición, lo que queremos es que se traslade al papel para certificarlo”, ha indicado el edil.
Garre ha asegurado que la modificación de las normas urbanísticas que ha propuesto el equipo de gobierno “incumple numeroso preceptos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”, lo que, a su juicio, podría complicar “aún más”, la situación en la que se encuentra el urbanismo del municipio.
La iniciativa es una de las dos alegaciones que ha presentado el grupo municipal del PP para mejorar la adaptación del PGOU de 1986 a las normas urbanísticas. La otra propuesta es contar con un texto refundido que evite que los agentes urbanísticos trabajen con normas de 1986 y un documento de adaptación. La formación ‘popular’ ha presentado otras ocho enmiendas relacionadas con cuestiones técnicas.
Garre ha lamentado que, un año después de la anulación del PGOU de 2010, “no se haya dado ningún paso” para licitar la redacción del futuro planeamiento y que las concesiones de las licencias acumulen retrasos de hasta un año en oposición al Ayuntamiento de Benahavís, que, ha dicho, expide las autorizaciones en dos semanas.
“No se puede hacer peor. Es lamentable la política de improvisación que desarrolla el equipo de gobierno en materia de urbanismo”, ha concluido.
Respuesta del equipo de gobierno
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, ha asegurado este martes que la modificación de las normas urbanísticas del PGOU de 1986 “cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos pertinentes” y ha señalado que las alegaciones presentadas por el PP “se estudiarán del mismo modo que el resto de alegaciones”.
En este punto, ha señalado, a través de un comunicado, que “es positivo que el documento se consensúe y se escuche a ciudadanos, colectivos y el resto de grupos políticos” y ha precisado que “se incorporarán aquellas alegaciones que cumplan con los criterios establecidos a tal fin”.
Pérez ha precisado que la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo el PGOU de 2010 “se refiere a los terceros de buena fe en unos términos distintos a los del Partido Popular”. Además, ha recordado que “en otras ocasiones ya hemos defendido la necesidad de redactar un texto refundido, tanto de esta norma como del PGOU del 86”.
