La abogada María Castañón, antigua mano derecha de Roca en Urbanismo, cuando declaró durante el juicio por el ‘caso Malaya’. Foto/CABANILLAS
La abogada María Antonia Castañón, exasesora jurídica en la sociedad Planeamiento 2.000 S.L.. de Marbella (Urbanismo) y antigua mano derecha de Juan Antonio Roca como responsable de dicha área, ha declarado este miércoles que su exjefe no intervino en nada en el convenio celebrado entre el Ayuntamiento y la sociedad Marina Mariola para construir un edificio. Asimismo, el que fuera responsable de obras del área municipal de Urbanismo también ha testificado que el empresario que construyó dijo que el asunto lo iba a llevar el exalcalde Jesús Gil.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido la segunda sesión del juicio en el que están acusados Roca y el exalcalde marbellí Julián Muñoz, para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión para cada uno por presuntas irregularidades urbanísticas a raíz del convenio; así como un empresario. La vista continuará los días 28 y 29 de noviembre con más testigos y peritos.
Así, María Castañón, que fuera colaboradora de Roca en Planeamiento 2000, ha declarado como testigo y ha asegurado que este convenio en concreto no pasó por la negociación ni la gestión de Roca, sino que el empresario lo había hablado todo “exclusivamente con Jesús Gil, incluso el señor Roca se sintió a lo mejor un poco ninguneado”; de hecho, no lo recibió ni se entrevistó con él y decía “que se vaya a ver al alcalde que es con el que ha negociado”.
“Roca no intervino en ninguno de sus aspectos”, ha apostillado, al tiempo que ha dicho recordar esto por la “excepcionalidad” de estas circunstancias.
María Castañón tuvo siempre un enorme poder dentro de Urbanismo,a la sombra de Roca, su jefe directo. De hecho, cuando tuvo lugar la moción de censura que acabó con el mandato de Julián Muñoz, en agosto de 2003, la citada letrada despachaba habitualmente con la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, actualmente en prisión.
Esta abogada formaba tándem jurídico con la también letrada Raquel Escobar. Ambas pasaron de ser personas de la absoluta confianza del cerebro del ‘caso Malaya’ a convertirse en dos importantes testigos contra él, al colaborar de forma activa durante la instrucción con el juez, el fiscal, así como con los investigadores policiales. Nadie como ellas dos conocía los entresijos de lo que sucedía en el cuartel general de quien diseñó el urbanismo de Marbella entre 1992 y 2006.
Las distintas versiones que ha ofrecido María Castañón sobre el poder de Roca en Urbanismo
María Antonia Castañón ha ofrecido distintas versiones, entre 2008 y el juicio oral de ‘Malaya’, sobre su percepción acerca del poder de Roca en el Ayuntamiento de Marbella. En 2008 declaró que era un «subordinado de Jesús Gil». Sin embargo, cuatro años después, en 2012, reconoció a preguntas del abogado de Julián Muñoz, Javier Saavedra que no era así.
«El señor Roca era de facto el gerente de Urbanismo de Marbella. La realidad era que mandaba tanto en planeamiento como en el día a día del urbanismo», ha dicho la testigo. Además, le ha atribuído responsabilidades de asesoramiento en «otros muchos asuntos», porque la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, «delegaba en él».
La cercanía de esta abogada con Roca fue tal que llegó a poner de su bolsillo 18.000 de los 450.000 euros que el ex asesor urbanístico tuvo que depositar, como fianza, en 2002 cuando fue detenido por el llamado caso Saqueo1, destapado por EL MUNDO en 1999 y por el que fue condenado a 6 años de prisión.
Declaración como testigo de un funcionario
En el mismo sentido, el funcionario de Urbanismo ha señalado que el promotor manifestó que este asunto “lo iba a llevar directamente Jesús Gil”. Además, investigadores de la Policía Nacional que han realizado informes sobre el convenio en esta causa y también en otros procedimientos han admitido que había una diferencia en este documento, ya que estaba en papel timbrado y no tenía anotaciones de Roca, que solía hacer en otros casos.
Respecto a Muñoz, la que fuera abogada de Planeamiento 2000 ha señalado que desde el momento que fue alcalde, en 2002, y no mientras era teniente de alcalde o alcalde accidental, “presumo que tendría conocimiento de lo que firmaba”, aunque ha precisado que antes de ese momento “firmaba lo que le decía Gil”. “Que leía o no, no le puedo decir”, ha apuntado Castañón.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, “que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían”, gestionaron el patrimonio público “en su propio beneficio”.
Así, en el escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue “persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento”; mientras que Roca era el “verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral”.who sells the best https://fumesvape.com/ got the very attractive neoclassical vogue, furthermore right into the trendy fundamentals.hellvape dead rabbit v3 rda reddit becomes better.
Para el fiscal todos los implicados “creían tener coartada”
A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados “creían tener coartada”: el alcalde, “porque no firmaba nada”; el regidor accidental “que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad”; el gerente, “que no tenía cargo público”; y los ediles, “porque no entienden de urbanismo”. “Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos”, dice.
En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, como a otros, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, “el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios”, les seguían “siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos”, señala el ministerio público.
Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima “los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros”.
“La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986”, dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, “pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación”.
“Roca negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios”
Se señala que Roca “negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios” e “imponía en la Corporación los que habían de ser aprobados, con la connivencia de Julián Muñoz”. Además, apunta que “no se realizó subasta alguna, adjudicándose directamente los aprovechamientos a la entidad, incumpliendo la legislación local”, añadiendo que los convenios se basaban en la revisión del plan no aprobado.
Por estos hechos, se acusa inicialmente a Roca como inductor por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en concurso con malversación y contra la ordenación del territorio; mientras que Muñoz responde de los mismos pero en concepto de autor. Al empresario se le acusa por un delito de fraude en concurso con malversación y por delito urbanístico.
Además de la pena de prisión e inhabilitación por 40 años, se pide que los acusados y la sociedad que firmó los convenios indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 4,7 millones de euros.
