“Luchar contra la corrupción política es pedirle perdón a miles de andaluces que han perdido oportunidades durante los últimos años”. Con estas palabras se ha dirigido el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, al Parlamento autonómico a última hora de la tarde de este miércoles
El resultado de la votación de este texto, que recoge de forma muy relevante la protección para las personas denunciantes, así como la posibilidad de llevar a cabo denuncias anónimas, se ha aprobado con 58 votos a favor (los de PP, Cs y Vox) y 50 abstenciones (PSOE, Adelante Andalucía y los anticapitalistas no adscritos). Se contempla, además la creación de la llamada ‘oficina antifraude’, dependiente del Parlamento, para la que se nombrará a un director por votación de tres quintos de la Cámara, en primera votación, y en la segunda por mayoría absoluta.
El articulado aprobado recoge sanciones que van desde los 300 euros (mínimo) hasta los 100.000 euros. Marín ha recordado que ya en 2015, cuando su partido era socio de legislatura del PSOE, intentaron la aprobación de esta ley “pero no se pudo, o no se quiso”.
Ya desde primeras horas de la mañana el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, hablaba de una “ley histórica” para acabar con los corruptos en Andalucía. Una comunidad autónoma castigada especialmente por el caso ERE –entre otros que afectan al PSOE andaluz– y que tiene a dos presidentes socialistas como Manuel Chaves y José Antonio Griñán condenados, a la espera de los recursos de casación ante el Supremo.
No obstante, el exvicepresidente Manuel Jiménez Barrios, ‘número dos’ con Susana Díaz, ha defendido durante su intervención a los dos mencionados antecesores de la expresidenta como “presidentes honrados que han dado lo mejor por Andalucía”, al tiempo que ha calificado de “chapuza” la ley, celebrada por todos los parlamentarios de Cs con euforia, en el exterior del salón de plenos, foto de familia incluida.
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