El director general de Igualdad de la Junta, Ángel Mora, este martes junto a las concejala de Servicios Sociales, Isabel Cintado, y la edil de Cs, María García, así como representantes del colectivo trans en Marbella. FOTO/ Twitter @MariaGarcia_Cs
“La administración tiene que estar siempre al lado de la víctima y señalando al agresor”. El director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta de Andalucía, Ángel Mora, ha anunciado este martes en Marbella, su ciudad natal, que el gobierno autonómico conformado por Partido Popular y Ciudadanos se personará como acusación particular en todos los casos por delitos de odio.
Mora, actualmente en Ciudadanos y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Marbella, ha hecho estas declaraciones junto a la edil local de Cs, María García, durante un acto para presentar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra este miércoles por primera vez. En la rueda de prensa también ha estado presente la presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Andalucía Chrysallis, María José Márquez,
De forma simultánea a las palabras de Mora el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Juanma Moreno, acordaba este martes instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a adoptar las medidas necesarias para que la Junta de Andalucía pueda personarse de oficio en todos los procedimientos sobre delitos englobados en el artículo 510 del Código Penal, entre los que se encuentran, ha indicado Mora, los de orientación sexual e identidad de género.
El Ejecutivo andaluz considera necesario incorporar con carácter inmediato un instrumento de protección a las víctimas de estas conductas, ante el incremento de los delitos y discursos de odio basados en la intolerancia hacia diversos colectivos por razón de ideología, religión, origen, etnia, género, orientación sexual o discapacidad.
La Junta entiende que es “inaplazable” incorporar medidas que contribuyan a la persecución de estas vulneraciones y a la protección de las víctimas, con el fin último de prevenir el incremento de estas acciones delictivas y su erradicación. Por este motivo, estima pertinente que la Consejería de Igualdad pueda personarse de oficio en aquellos procedimientos a los que se refiere el artículo 510 y 510 bis del Código Penal.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) considera que los delitos de odio no solo vulneran los derechos humanos, sino que también pueden desembocar en conflictos y violencia a mayor escala. Sin embargo, y a pesar de los avances normativos y sociales en la prevención, registro e investigación, estas infracciones aumentaron en España un 6,8% en 2019 respecto al año 2018, tal y como constata un informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los delitos de odio.
Los delitos motivados por racismo y xenofobia fueron los que más se incrementaron, un 20,9% con respecto a 2018, seguidos de aquellos motivados por razón de orientación sexual e identidad de género (un 8,6% más). El informe llamaba además la atención sobre el significativo incremento de las amenazas, injurias y discriminación a través de internet y las redes sociales, vías que intensifican de forma exponencial el daño producido a las víctimas.
En este sentido, diversos organismos y entidades internacionales y nacionales han detectado durante la crisis sanitaria originada por el coronavirus un incremento de los mensajes, expresiones y acciones que promueven o justifican la discriminación y el odio basado en la intolerancia hacia determinados colectivos. Todo ello por razón de su ideología, religión o creencias, origen, etnia, raza o nación, sexo, género, situación familiar, orientación e identidad sexual, enfermedad o discapacidad, y que suponen un avance muy reprobable en los discursos y delitos de odio.
