La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cree que la Fiscalía Anticorrupción debería investigar la cuenta oculta con 1,5 millones de euros en la Banca Privada de Andorra (BPA) atribuida al exsecretario de Política Municipal del PSOE local, Jaime Olcina, abogado de la formación política hasta hace poco tiempo y exasesor de la delegación de Proyectos Estratégicos bajo el gobierno de José Bernal como alcalde (2015-2017).
“La Justicia tendrá que ver, en este caso, los mecanismos de control de la utilización de dinero que no se ha declarado, yo me imagino que estarán haciendo un seguimiento”, ha expuesto Muñoz al ser preguntada en rueda de prensa si la Fiscalía Anticorrupción debería indagar sobre Olcina, tal y como ha hecho la Oficina Anticorrupción de Argentina con el subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, tras desvelar el diario El País que este funcionario cercano al presidente Macri había ocultado 1,2 millones de euros (980.000 euros) también en la BPA. De hecho, el escándalo político en el país austral ha sido mayúsculo.
La también senadora del PP no descarta que el Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), haya abierto una investigación, de oficio, sobre el ex ‘número 3’ del PSOE marbellí, a raíz de las revelaciones que sobre su actuación publicó el citado rotativo de Prisa en septiembre pasado.
Muñoz cree, en cualquier caso, que “deben de ser personas como el señor Olcina las que hubieran dado muchas explicaciones, sobre todo habiéndose visto involucrado durante tanto tiempo dentro del área de Urbanismo”. En este punto, la alcaldesa asegura que el Grupo Popular en el Consistorio marbellí analiza actualmente “de qué manera y con quiénes tuvo reuniones el señor Olcina”.
El PP denunció en reiteradas ocasiones que el exasesor socialista acudía con asiduidad a la delegación de Urbanismo, a pesar de estar oficialmente adscrito al área de Proyectos Estratégicos que dirigía el exteniente de alcalde socialista Javier Porcuna.
“Personajes de este tipo nos hacen dudar acerca del nivel de transparencia sobre las reuniones que haya podido mantener”, ha enfatizado la regidora ante los periodistas. No obstante, Muñoz ha querido dejar claro que a su partido no le interesan las actividades privadas de Jaime Olcina como abogado, que es “cuestión suya” y “tendrá que dar respuesta donde se las pidan”, ha apostillado la alcaldesa.
En el marco de las pesquisas que lleva a cabo el actual equipo de gobierno PP-OSP sobre las antiguas actividades de Olcina en el Consistorio marbellí, Ángeles Muñoz ha detallado que “se está viendo por qué motivo se hicieron pagos de dinero público”, por servicios facturados, “a una persona sabiendo a posteriori en qué negocios turbios había estado metido”.
Cabe recordar cuando se produjo la operativa financiera de Olcina y uno de sus hermanos en Andorra, concretamente en 2012, el citado letrado era entonces secretario de Política Municipal del PSOE marbellí, considerado ‘número 3’, por detrás del secretario de Organización, Javier Porcuna, ya con José Bernal como secretario general de la Ejecutiva local.
Olcina y su hermano intentaron ingresar otros 5 millones en la BPA
Olcina, abogado de profesión, y su hermano ingresaron en la BPA 1,5 millones en efectivo y luego comunicaron a la entidad bancaria su intención de depositar otros 5 millones de euros más para una supuesta “operación inmobiliaria”. Fueron movimientos bancarios efectuados en 2012, cuando e citado dirigente del PSOE era un destacado miembro de la Ejecutiva que dirigía como secretario general José Bernal, alcalde de Marbella entre junio 2015 y agosto de 2017.
Hasta Enero de 2017 rigió el secreto bancario en Andorra y después ha sido posible conocer muchas operaciones, entre ellas la de Olcina y su hermano. Se da la circunstancia de que cuando la BPA pidió a los dos hermanos documentos para acreditar la transacción de los otros 5 millones, los dos clientes no volvieron por la entidad. Toda esta información consta en un acta confidencial de la banca andorrana, reproducida por El País, en la que se analiza el riesgo de blanqueo en las operaciones.