La senadora Ángeles Muñoz ha perdido desde este martes su aforamiento, al ser excluida por el PP de la Diputación Permanente del Senado, órgano transitorio que regirá hasta que se conforme de nuevo la Cámara Alta. Así pues, la también alcaldesa electa de Marbella podría ser citada por cualquier juez ordinario de instrucción, en lugar de tener que declarar de forma exclusiva ante el Tribunal Supremo, prerrogativa de la que gozaba hasta ahora.
Esta nueva situación de Muñoz se produce al haberse disuelto Las Cortes, tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para dentro de 55 días (a partir de este lunes pasado).
Cabe recordar que la Fiscalía del Supremo tiene en marcha unas diligencias de investigación, en relación a una orden de demolición –sobre un edificio ilegal– que no acató Muñoz, como alcaldesa, por una construcción de la época de los gobiernos del GIL, tal y como adelantó el pasado 23 de abril elDiario.
El Ministerio Público estaba pendiente de decidir si enviaba al citado alto tribunal una posible querella contra la regidora o, por el contrario, archivaba las actuaciones. Todo ello a instancias de la Fiscalía de Málaga, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impusiera a la regidora una multa de 1.000 euros por desobediencia.
El caso podría costarle, al menos, una inhabilitación a Muñoz y ser apartada de la Alcaldía
La Fiscalía aprecia indicios de que la alcaldesa podría haber incurrido en la vulneración de los artículos 410 o 556 del Código Penal. El primero contempla pena de multa de tres a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
El segundo tipo penal mencionado, el 556, castiga con pena de prisión de tres meses a un año, o multa de seis a dieciocho meses, a quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, al no ser aforada, si los fiscales decidieran actuar contra Muñoz, deberían dirigir sus actuaciones a los Juzgados de Marbella. Se desconoce aún si la alcaldesa volverá a ir en las listas por Málaga al Senado, en las próximas elecciones del 23 de julio. De ser así recuperaría su aforamiento, de forma automática, nada más toma posesión de su escaño.
En cualquier caso, Las Cortes se constituirán a mediados de agosto. Durante todo ese tiempo la primera edil marbellí se queda sin el ‘escudo’ que ha evitado que compareciera hasta ahora ante cualquier juez de instrucción local.
Cabe recordar también que en el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, el que tutela Gonzalo Dívar, se encuentra el llamado ‘caso Opium’. Una querella por presunta prevaricación, entre otros delitos, dirigida contra la propia alcaldesa, su primer teniente de alcalde, Félix Romero, y dos empresarios de la citada discoteca.
Dívar, como es sabido, ha archivado ya otros tres casos judiciales que afectaban a Muñoz en el pasado, en el marco de su gestión municipal.
Arenas, Bendodo y Juan Bravo sí estarán en la Diputación Permanente
El órgano de la Cámara Alta que permanecerá activo hasta que a mediados de agosto se constituya la nueva Cámara sí contará con la presencia de otros senadores andaluces del PP que lo son por designación autonómica. Se trata de Javier Arenas, Elías Bendodo y Juan Bravo. Todos ellos, por tanto, recibirán sus correspondientes emolumentos, al contrario que Ángeles Muñoz, cuyo sueldo proviene del Senado, al elegir éste en lugar del que le correspondería como alcaldesa. La senadora del PP sí recibirá una cesantía.
Este martes ha causado gran revuelo el hecho de que el PSOE andaluz haya excluido a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, de la Diputación Permanente. Sí estará, sin embargo, su sucesor al frente de la secretaría general de la federación socialista andaluza, el senador Juan Espadas, a su vez parlamentario por Sevilla.
Al disolverse el Senado muere la investigación patrimonial sobre Muñoz
Otra de las consecuencias que ha acarreado la disolución del Senado ha sido el abrupto final de la investigación que la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta llevaba a cabo sobre Ángeles Muñoz. Las pesquisas se abrieron a raíz de que la también alcaldesa ocultara parte de su patrimonio a la citada institución del Estado.
Así pues, el informe cuyas conclusiones estaba previsto conocer el próximo mes de julio muere como tal, con el consiguiente agrado y alivio de Muñoz, que había torpedeado y puesto todo tipo de trabas a la citada comisión para evitar las indagaciones.