La Fiscalía Anticorrupción pretende recuperar aún una serie de fondos en el extranjero que el cerebro del ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, ocultó al fisco español, producto de sus actividades delictivas relacionadas con el urbanismo de Marbella. Así lo ha confirmado a Marbella Confidencial el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero.
En declaraciones a este medio digital, hechas este lunes, el máximo responsable del ministerio público en la provincia ha concretado que se trataría de fondos opacos “en el paraíso fiscal de Isla de Man, algún otro del que ahora mismo no me acuerdo, así como en Suiza”, ha concretado López Caballero al ser preguntado sobre si el dinero de Roca se encuentra en paraísos fiscales.
A lo largo de la instrucción del sonado ‘caso Malaya’ contra la corrupción municipal se puso al descubierto, por parte de los investigadores policiales, la existencia de dos sociedades en la Isla de Man que resultaron ser propiedad del considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
“Fondos y activos patrimoniales en el extranjero”
López Caballero va aún más lejos al hablar no sólo de fondos en el extranjero, sino también de “activos patrimoniales” fuera de España, pero no ha podido concretar su cuantía, durante estas declaraciones. Además, aclara, está en curso una petición de la Audiencia de Málaga que “reclama esos fondo por la vía de la colaboración internacional”, petición a la que suma ahora este nuevo impulso de Anticorrupción que él mismo ha firmado al dirigirse al presidente de la Sección Primera, José Godino.
“Nuestra intención de acceder a fondos en el extranjero es otro de los aspectos de esta petición cursada a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, porque esta localización de activos también supone una puesta al día de esos patrimonios, que ya se identificaron en el extranjero, y así impulsar su retorno a España, a través de las distintas comisiones rogatorias que se cursaron y que se están cursando”.
Esta iniciativa del fiscal jefe de Málaga se inscribe, según aclara él mismo, “en la necesidad de impulsar la ejecutoria de la sentencia” de del ‘caso Malaya’. Recuerda, además, que hay “numerosos condenados con penas de multa muy importantes y pendientes de abonar”, por lo que se trata de hacer una puesta al día de la situación patrimonial de estas personas, en relación con la que ya se conocía y respecto de la tramitación de la causa”.
El fiscal que se encargó de la trama municipal marbellí, como delegado de Anticorrupción, dice tener “indicios de casos en los que el patrimonio aparece a nombre de distintas personas, no del propio condenado , ya sea un familiar, o bien personas jurídicas y físicas distintas. En definitiva, aclara López Caballero, “se pretenden agotar todos los recursos antes de declarar que una persona condenada es insolvente”.
Dificultad para “levantar el velo” de las sociedades con testaferros
López Caballero reconoce la dificultad existente en cuanto a lo que se conoce en el mundo judicial como “levantar el velo” de sociedades administradas por testaferros y demás personas de paja: “Esta es una de las causas que nos mueven a impulsar esta medida de colaboración mutua”, entre investigadores de Hacienda y de la Policía Nacional.
El pasado domingo el diario Sur adelantaba que el fiscal jefe malagueño había pedido rescatar a los investigadores de ‘Malaya’ para cobrar las multas pendientes. Durante el juicio oral se impusieron sanciones económicas por más de 550 millones de euros, de los que sólo se ha conseguido una mínima parte, quince meses después de comenzar a ejecutarse la sentencia firme del Supremo.
En el escrito al que tuvo acceso el rotativo de Vocento, fechado el pasado 5 de octubre, López Caballero solicitaba que se encomendara la tarea de impulsar la recuperación de bienes y fondos, por multas, a los funcionarios de la Agencia Tributaria y del Cuerpo Nacional de Policía (Brigada de Blanqueo de Capitales) que participaron en la investigación de ‘Malaya’.
Sólo en el caso de Roca éste tiene que responder de una multa de 233,3 millones, entre multas por blanqueo de capitales y responsabilidades civiles.
La relación de la Isla de Man con España
En marzo de 2014 las autoridades españolas anunciaron que Jersey, Gernsey e Isla de Man iban a dejar de ser considerados paraísos fiscales pero, pero el acuerdo de intercambio automático de información tributaria firmado por el G-5 (España, Reino Unido, Francia, Suecia e Italia) con 44 países y territorios (entre ellos Isla de Man), a través de un calendario específico, en el marco de la asistencia mutua internacional, no se aplicará hasta 2017. El acuerdo se referirá, incluso, a cuentas bancarias abiertas a finales de 2015.
Así pues, si por ejemplo la Agencia Tributaria pidiera algún tipo de documentación de 2011 a Isla de Man, en el marco de posibles delitos fiscales, no sería entregada, al no haber prescrito ese ejercicio y, sobre todo por no existir convenio firmado con España.
Fuentes de Anticorrupción ya reconocieron en su momento a Marbella Confidencial que, en el caso de Roca, “sí hubo colaboración” de Isla de Man, al tratarse de delitos de blanqueo de capitales y cohecho. Si el delito que se investiga es fiscal la opacidad y el secreto están garantizados.