El alcalde de Marbella, José Bernal, muestra el acta del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010 de forma provisional. Foto/ marbellaconfidencial.es
El alcalde de Marbella, José Bernal, ha pedido este martes a su predecesora en el cargo, Ámgeles Muñoz, que renuncie a su condición de aforada, de la que goza por ser senadora, y contribuya así a esclarecer el llamado ‘caso PGOU’ ante el juez de primera instancia ordinario, Gonzalo Dívar
Bernal ha asegurado que el “cerco” judicial que atenaza a Ángeles Muñoz tras la denuncia abierta contra ella en la causa por las supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de 2010 se cierra un poco más después de que el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, haya anunciado en un informe que “se opone” al sobreseimiento del caso, como había solicitado la representación legal de la exregidora y del vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, investigado en el procedimiento.
El también secretario general del PSOE, personado como acusación particular en esta causa penal que se inició por una querella del fiscal ha emplazado a Muñoz “dé las explicaciones pertinentes” delante del juez Gonzálo Dívar, que instruye la causa, y el fiscal “y ponga fin, al menos en primera instancia, al procedimiento”. El aforamiento hace que, de prosperar la causa, Dívar tenga que elevar un suplicatorio para que Muñoz declare ante el Tribunal Supremo.
El alcalde ha calificado de “lapidario y tremendo” el escrito, fechado el 20 de julio, en el que el fiscal ” aporta más dudas y sospechas que en el primer informe y deja más que claro no que no se archive el procedimiento, sino que hay que seguir la investigación y además hay que llamar a más testigos”. Carazo insta a Dívar en el documento a que pida declaración como testigos a las dos personas que según De las Cuevas transcribieron el vídeo del Pleno del 29 de julio de 2009, en el que la Corporación municipal aprobó el PGOU de forma provisional; la persona que, supuestamente, recibió la documentación que presentó en el Consistorio el equipo redactor del Plan; y los exediles Diego Eizaguirre, del PP, y Susana Radío, del PSOE, que estuvieron presetes en aquella sesión.
Contradicciones entre los gestores
“Cuando uno ve esas ocho páginas del informe del fiscal se encuentra que hay entre los mismos gestores y tramitadores del PGOU contradicciones entre ellos. Queda más que claro que se estrecha el cerco de la acusación sobre la falsificación de las actas para la aprobación del Plan”, ha apuntado el alcalde.
“La señora Muñoz tiene que dar explicaciones. Hace poco tiempo, salieron públicamente Muñoz y su abogado pidiendo el archivo (de la causa), diciendo que no había absolutamente nada y que en las declaraciones se había constatado que se iba a archivar automáticamente y que no habría níngún tipo de motivo para seguir con la investigación”, ha concluido.
En la misma resolución, Carazo señala que “no tenemos nada que oponer” al sobreseimiento provisional de la imputación de la exedil de Urbanismo del PP Alba Echevarría “dado que de lo actuado en ningún momento ha quedado acreditado que tuviera participación alguna en el delito de falsificación de documento público investigado en las presentes diligencias”.
