El alcalde de Marbella, José Bernal, este jueves en rueda de prensa junto a la edil delegada de Urbanismo, Isabel Pérez. Foto/ marbellaconfidencial.es
Mensaje de conciliación hacia el anterior gobierno del Partido Popular el que ha lanzado este jueves el alcalde de Marbella, José Bernal, al anunciar que desde el tripartito que preside (PSOE, OSP e IU) “no vamos a buscar culpables ni responsables de la anulación del PGOU de 2010”.
Durante una multitudinaria e histórica rueda de prensa ante los medios de comunicación, televisada en directo por Radio Televisión Marbella, el regidor ha querido transmitir también palabras de “calma y tranquilidad”, no sólo para la ciudadanía, sino también para todos aquellos inversores, promotores e inversores, que buscan seguridad jurídica en la ciudad, para acometer sus proyectos y que no se paralice la actividad inmobiliaria.
Bernal ha estado acompañado por la edil delegada de Urbanismo, Isabel Pérez, así como por los portavoces de IU, Miguel Díaz; OSP, Manuel Osorio, y PSOE, Javier Porcuna. También ha estado presente entre el público el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña (OSP). Lo primero que han querido dejar claro, al comienzo de la exposición, es que al Ayuntamiento no se le ha notificado aún oficialmente el fallo del Supremo que, a todos los efectos, retrotrae a Marbella al Plan General de 1986, único que puede aplicarse a día de hoy.
“Queremos trasladar estabilidad en cuanto a las licencias que se han dado hasta ahora, porque entendemos que son firmes y se ajustan a Derecho”, ha expuesto el regidor sobre los permisos. Acto seguido el dirigente socialista ha concretado que los servicios jurídicos municipales “se han puesto en aplicación de sentencia a trabajar por la subsanación de dicho Planeamiento”.
Para garantizar la tranquilidad de las inversiones ha subrayado que desde la delegación de Urbanismo “se va a seguir trabajando sobre la base del documento del año 86, con las modificaciones pertinentes”. Si algo ha llamado la atención de las palabras del primer edil es el hecho de que haya calificado la situación que afronta el municipio, tras la resolución judicial, de “cuestión de Estado”.
A partir de este momento, el Consistorio marbellí abre una ronda de conversiones con todos los grupos de la oposición (PP y CSSP) y creará una “comisión técnica de expertos”, procedentes de distintos ámbitos de la sociedad local.
