El alcalde de Marbella, José Bernal, este miércoles en rueda de prensa. Foto/ marbellaconfidencial.es
“Tendremos que saber cuánto se dejó de cobrar por multas urbanísticas por dejación del equipo de gobierno [del PP]”. De esta forma se ha referido el alcalde de Marbella, el socialista José Bernal, a la etapa de gestión de su predecesora, Ángeles Muñoz, después de que la exregidora haya presumido de evitarle a las arcas municipales el pago de casi 100 millones de euros en los tribunales, tras denuncias interpuestas contra el Consistorio por licencias de obras y convenios del GIL anulados.
Bernal, que se mostró este martes proclive a dar a conocer la cuantía de lo que sí tuvo que abonar el PP en pleitos perdidos cuando gobernó (2007-2015), lamentó los ingresos que haya podido perder el Ayuntamiento de Marbella por supuesta falta de diligencia de los exresponsables de Urbanismo a la hora de cobrar sanciones pendientes que habrían prescrito ante la falta de actuación de los ‘populares’.
La supuesta falta de diligencia del PP en sus ocho años de gestión, a la hora de cobrar sanciones urbanísticas, llama la atención si se compara con la urgencia y rapidez con que quisieron dejar resuelta la sanción de 300.000 euros impuesta al arquitecto Jesús Flores, quien denunció “represalias” del exdelegado de Urbanismo, Pablo Moro, tras revelar su hermano, Antonio Flores, abogado de profesión, la inversión de 3 millones de euros de la exalcaldesa Ángeles Muñoz en Luxemburgo.
Moro llegó a difundir por Twitter documentos sobre la sanción inicial de 500.000 euros a Flores, lo que generó una gran polémica.
Bernal pregunta por la falta de recurso contra la sentencia de ‘Malaya’
El primer edil ha aprovechado para preguntarle al anterior equipo de gobierno “por qué el Ayuntamiento no siguió con el ‘caso Malaya’ en cuanto a recurrir la sentencia, y el PP desistió de defender los intereses de la ciudad”.
Y es que llamó poderosamente la atención que la exalcaldesa no diera instrucciones a los servicios jurídicos para recurrir el fallo de la Audiencia de Málaga. Con la falta de recurso el PP se mostró ímplícitamente conforme a que las arcas municipales sólo recibieran poco más de un millón de euros por responsabilidad civil, relativa al delito de malversasión de caudales públicos.
La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía sí recurrieron la sentencia de ‘Malaya’ dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga en octubre de 2013.
Bernal también pretende conocer la situación “de otros casos que generaban menos rentabilidad para el Ayuntamiento”, ha expuesto el regidor en relación a otros pleitos menos mediáticos, aún pendientes en los distintos tribunales.
Pide al PP que apoye la enmienda a los PGE para que el dinero de las multas revierta en la ciudad
El líder socialista local cree que el “verdadero compromiso” con Marbella se demuestra en “los ámbitos competentes como el Congreso de los Diputados”, por lo que ha animado al PP a que apoye la enmienda que detendrá el PSOE en la Cámara Baja, planteada ante los PGE de 2016, para que el Estado destine al municipio, mediante inversiones, las multas que recibirá por el ‘caso Malaya’.
“No se puede hacer lo de públicamente decir que el dinero de las multas venga a la ciduad y luego cuando se tiene la oportunidad votar en contra, como ocurrió el año pasado en el Senado y como deduzco que va a ocurrir en el Congreso ahora”, augura Bernal sobre la postura de la formación conservadora.
Además, el gobernante marbellí ha recordado la partida extraordinaria que pedía el PP para la localidad, cuando gobernaba Zapatero, “por la deuda que decían que tenía el Estado con este pueblo, y ahora que ellos gobiernan se han olvidado”, reprocha el alcalde a dirigentes como Celia Villalobos y Fátima Báñez, entre otros.
Bernal ha anunciado que abrirá una “ronda de contactos” con el subdelegado del Gobierno en Málaga, así como con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para trasladarles “el sentir” del municipio, en materia de “recuperar lo robado” a la ciudad. El alcalde confía en la “solidaridad” del resto del país para que el dinero recaudado de “los que desfalcaron” las arcas municipales regrese.
A la vista de la sentencia dictada por el Supremo el Alcalde debería explicar en qué importe se perjudicó al Ayuntamiento por no recurrir la sentencia de la Audiencia: en nada. La verdad es que se deberían conocer los temas antes de hablar. La política se ve que no vale la pena, se trata de criticar al otro y punto, que pena.