El abogado José Ignacio Macías, militante del PSOE de Marbella y ‘número 7’ de la lista que encabeza Bernal en imagen de archivo, junto a la exedil Marina Torrres y la secretaria local de Igualdad, Nadia Sanhaji, durante una charla para militantes. FOTO/ PSOE
Se llama José Ignacio Macías Maldonado y hasta el pasado sábado era un desconocido para la ciudadanía de Marbella en general. El candidato del PSOE a la Alcaldía, José Bernal, ha decidido situar a este militante socialista, abogado de profesión, como ‘número 7 de la lista que lidera. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque un breve vistazo a la hemeroteca de Marbella Confidencial permite comprobar que este letrado está al frente del bufete 2MS Abogados, la firma cuyos contratos con la delegación de Turismo, en tiempos del concejal socialista Javier Porcuna, fueron calificados como “fraudulentos” por el portavoz del equipo de gobierno bipartito PP-OSP, el ‘popular’ Félix Romero.
Fue el 11 de octubre de 2017, dos meses después de la moción de censura contra el exalcalde José Bernal, cuando el Ejecutivo local dio la voz de alarma sobre estas contrataciones, hechas con la sociedad municipal que explota el Palacio de Congresos de la ciudad. Tras convocar a los medios de forma urgente, Romero compareció en rueda de prensa para anunciar que estudiaban llevar a Fiscalía, así como a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su fiscalización, contratos vinculados a la firma 2MS Abogados que superaban los 50.000 euros.
“Es una contratación chapucera que se tramita bajo un caso ficticio de concurrencia pública. Aparentemente se solicitaba a tres empresas distintas, pero resulta que son todos miembros de un mismo despacho profesional”, argumentó el citado portavoz.
Por lo que respecta a las conductas denunciadas, para el bipartito se trató de “procedimientos legales al margen del Ayuntamiento, sin autorización del secretario ni del interventor”.
En la documentación municipal a la que en su día tuvo acceso Marbella Confidencial aparecían dos personas físicas y una jurídica como los tres que concurrían a la adjudicación. Se trataba de Javier Rodríguez Rodríguez; Julia María Mediavilla Santiago (esposa y socia de José Ignacio Macías en el bufete) y la mencionada 2MS Abogados SCP (sociedad cooperativa).
Un breve vistazo a la página web del bufete 2MS Abogados (ver aquí), permitía comprobar en su momento que dos de los abogados que se presentaron a la licitación eran del mismo bufete, tal y como dijo Romero. El tercer letrado que compone el despacho es José Ignacio Macías, persona que firmaba toda la documentación de la firma ante el Consistorio marbellí y ahora situado en el puesto séptimo de la candidatura socialista de Marbella, con claras posibilidades de ser electo, como concejal, el 26 de mayo de 2019.
Dos contratos puestos en entredicho
El portavoz del equipo de gobierno bipartito (PP-OSP), Félix Romero, el 11 de octubre de 2017, cuando mostró y denunció públicamente los contratos de 2MS Abogados con el Ayuntamiento de Marbella. FOTO/ MC
Félix Romero se refirió concretamente a dos contratos suscritos con el bufete 2MS Abogados, con sede en Marbella, como beneficiario, por importe de 17.500 y de 36.000 euros, este último en vigor hasta febrero de 2019, precisó el primer teniente de alcalde.
“En el segundo se incluyó también a un procurador de Fuengirola y la adjudicación, que se realiza de forma directa, se hace de nuevo a la misma empresa”, apuntó Romero, por lo que en total fueron más de 50.000 euros. Unos fondos, afirmó el munícipe del PP, “que se gastan sin ningún tipo de control, fiscalización e informe”.
Este medio digital ha comprobado que Julia Mediavilla, abogada, socia y esposa del ahora candidato socialista a las municipales ejerció como letrada en Fuengirola. De hecho, la firma 2MS Abogados tuvo sede en la citada localidad costasoleña, según el perfil personal de LinkedIn de Mediavilla.
“Caso ficticio de concurrencia pública”
El mencionado edil gobernante sostuvo en su día que tales adjudicaciones se llevaron a cabo “bajo un caso ficticio de concurrencia pública” y “sin ningún tipo de expediente, de pliego de condiciones ni de aval”.
Cuando se hicieron públicos estos contratos, supuestamente irregulares, tanto el PP como OSP coincidieron, según Romero, en que el objetivo que ambos partidos perseguían es que se dirimiesen “las responsabilidades jurídicas y contables que se pudieran derivar”. Se da la circunstancia de que cuando se produjeron estas adjudicaciones bajo sospecha era edil delegado de Hacienda Manuel Osorio, actual edil del ramo.
Romero, abogado de profesión, tildó de “escandaloso” que desde el Ayuntamiento, a través de las sociedades municipales, “se pueda realizar una contratación con una simple orden, sin ningún tipo de expediente, de pliego de condiciones ni aval”.
A su juicio, como portavoz de PP y OSP, “entendemos que puede incurrir en una ilegalidad que lleve aparejada un perjuicio económico para las arcas municipales”, remachó Romero.
Un pliego de condiciones de “folio y medio”
Según la versión gubernamental el pliego de condiciones se sustentaba “en folio y medio firmado por quien fue consejero delegado [del Palacio de Congresos] y portavoz del anterior equipo de Gobierno, Javier Porcuna, sin justificación de por qué se lleva adelante esa contratación”.
Romero quiso también recordar que, en teoría, del asesoramiento jurídico de las sociedades municipales “se encarga el personal del Ayuntamiento a través de su asesoría jurídica”.
Entiende el gobernante que “un político no puede disponer del dinero de la Corporación adjudicándolo caprichosamente a quien lo desee”. El criterio del primer teniente de alcalde y brazo derecho de Ángeles Muñoz, expuesto en octubre de 2017, fue que presuntamente se habían vulnerado “todas las cuestiones de la ley de contratos del sector público” porque, según dijo, “cualquier contratación que se realice desde cualquier sociedad debe tener las mismas cautelas y cumplir los mismos requisitos que cualquiera que se realice desde el Ayuntamiento”.
Como preámbulo a su exposición, Romero se refirió a la “similitud” que, a su juicio, resultaba de esta situación en comparación con conductas llevadas a cabo por gobiernos del GIL y el postgilismo, denunciadas por el Tribunal de Cuentas, ante el cúmulo de irregularidades contables detectadas. Los hechos derivaron incluso en querellas de la Fiscalía Anticorrupción y sentencias firmes, algunas de ellas, como ‘caso saqueo 2’.
Porcuna respondió al PP que los contratos fueron supervisados por funcionarios
El portavoz del PSOE, Javier Porcuna durante una intervención plenaria reciente. FOTO / CABANILLAS
El exedil de Turismo Javier Porcuna, responsable directo de la contratación del Palacio de Congresos con la firma 2MS Abogados, contestó con rapidez al Partido Popular para negar las acusaciones lanzadas. La hemeroteca refleja que el 11 de octubre de 2017 el PSOE de Marbella difundió un comunicado en el que aseguraba que “todos los contratos en el Palacio de Congresos estaban supervisados por los servicios administrativos y jurídicos , que son los mismos antes y ahora”, además de supervisados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
El edil opositor, brazo derecho de Bernal tanto en el grupo municipal como en el partido, expuso que “la profesionalidad de los trabajadores del Palacio de Congresos está fuera de toda duda”. En este punto, Porcuna exigió al portavoz municipal que “no cuestione el buen trabajo que realizan”, algo que Romero no hizo en ningún momento durante su comparecencia.
Porcuna lamentó que, una vez más, el PP “necesite buscar titulares rimbombantes en los medios de comunicación”. El dirigente socialista aconsejó a Félix Romero y, en general, al PP, que no hablen de contrataciones irregulares ya que, añadió, “no es ninguna mentira” que el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella investiga “las que ellos hicieron en sus mandatos anteriores y supusieron que muchos de sus cargos de alta dirección se hayan quedado a trabajar para siempre en el Ayuntamiento”, en alusión a la causa penal denunciada por los exgobernantes.
Seis de esas contrataciones, dijo Porcuna sobre el personal del PP, no fueron sometidas a la fiscalización necesaria que, “según el informe del Interventor, no es preceptiva en el caso de las sociedades municipales”. Cree el exteniente de alcalde que esta última aclaración que él pone de manifiesto “no debería haber sido ocultada” por Romero al acusar al anterior Ejecutivo “como supuesto profesional del Derecho”, en alusión a su condición de letrado.
Este medio de comunicación ha contactado a lo largo de la tarde de este domingo con Félix Romero para conocer si el equipo de gobierno municipal envió, como anunció, los contratos puestos en entredicho a la Fiscalía o la Cámara de Cuentas. El edil del PP ha emplazado a esta redacción a la mañana del lunes para ofrecer una versión al respecto.
Versión de José Ignacio Macías
El abogado y militante socialista José Ignacio Macías (izquierda) en una imagen de 2012 junto al edil socialista Javier Porcuna, la persona que se encargó de sus contratos en el Ayuntamiento de Marbella. FOTO- PSOE
El ‘número 7’ de la lista del PSOE de Marbella ha defendido la legalidad de los contratos que firmó, para “asesoramiento jurídico” del Palacio de Congresos, durante el mandato de José Bernal como alcalde. En conversación telefónica, mantenida en la noche de este domingo, José Ignacio Macías se ha remitido a “las explicaciones que ofreció en su día el señor Porcuna”, para asegurar que “todo fue absolutamente legal”.
De hecho, el candidato socialista sostiene que el actual gobierno del PP-OSP “nos ha seguido encargando cosas hasta el mes de diciembre (2018) y pagando las facturas”, si bien ha matizado, a preguntas de este periódico, que se trata de encargos “en virtud del contrato que estaba vigente” y que tenía como fecha de conclusión el presente mes de febrero.
Sobre si ha vencido ya dicho contrato Macías ha respondido que “es un asunto que tenemos que resolver con el Ayuntamiento, porque dejaron de encargarnos trabajo, pero tampoco nos lo han rescindido formalmente, por lo que está en una situación un poco confusa” que se encuentra en manos de “un abogado externo”, por lo que ha desvinculado a su despacho de la tramitación de este expediente.
“No tenemos constancia de absolutamente ninguna irregularidad, ni de ninguna actuación judicial por parte del Ayuntamiento”, ha insistido el abogado marbellí quien reconoce que no le preocupa lo que pueda hacer el bipartito PP-OSP.
Sobre el hecho de que a esta licitación por procedimiento de concurrencia pública se presentaran dos personas físicas y una jurídica, que realmente estaban las tres dentro del mismo ente (2MS Abogados), Macías ha asegurado que él desconocía que su esposa, socia del bufete y otro abogado vinculado al despacho se habían presentado: “Yo de lo único que sé es de nuestra oferta como 2MS Abogados, no sé absolutamente nada de cuáles fueron el resto de las ofertas, ni de dónde salieron”.
“Nosotros presentamos nuestra oferta y nos adjudicaron el contrato, no sé nada de quién más se ha presentado”, señala el letrado y cargo socialista cuyo contrato fue tramitado por el teniente de alcalde socialista delegado de Turismo entonces, Javier Porcuna, ahora su compañero en la lista electoral que encabeza José Bernal.
“No tengo nada de lo que avergonzarme o arrepentirme”, ha zanjado Macías en relación a si estos hechos pudieran perjudicarle en su carrera política para ser concejal.
