En primer plano el exasesor de Personal del Ayuntamiento de Marbella, Daniel Pérez (PSOE), poco antes de abandonar una rueda de prensa que ofreció junto al exacalde José Bernal, y el exportavoz Javier Porcuna, meses atrás. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
El equipo de gobierno bipartito de Marbella (PP-OSP) ha anunciado este lunes una auditoría interna tras detectar supuestas irregularidades cometidas bajo la dirección del PSOE, cuando al frente de este área se encontraba el abogado laboralista Daniel Pérez Moreno, alto cargo de confianza socialista que ya se ha visto envuelto en otras polémicas.
Félix Romero, portavoz municipal del PP, que ha comparecido en rueda de prensa junto al teniente de alcalde Rafael Piña (OSP) ha asegurado que el anterior Ejecutivo local “incumplió” parte de un acuerdo que aprobó en junta de gobierno para ejecutar la sentencia firme en la que el Tribunal Supremo (TS) inhabilita al jefe de la Policía Local durante los gobiernos del GIL, Rafael del Pozo, por el ‘caso Malaya’.
El caso de Del Pozo, que ya era jefe de la Policía Local cuando gobernaba el PSOE, antes de la llegada del GIL en el 91, ha sido el detonante para que el bipartito haya anunciado esta medida. Lo cierto es que en el anterior Ejecutivo tripartito (2015-2017) estaba OSP, actual socio de los conservadores.
Entre los parámetros que el anterior equipo de gobierno aprobó para dar cumplimiento a la sentencia y no tramitó, según Romero, estaba reclamar a Del Pozo los salarios que percibió cuando fue suspendido de forma cautelar y que el TS le obliga a devolver al Ayuntamiento.
Un funcionario suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo percibe unos 1.300 al mes, según el brazo derecho de Ángeles Muñoz.
El equipo de gobierno ha solicitado un informe para determinar qué otros parámetros del acuerdo de la junta de gobierno se han infringido, como haberle pedido su arma de servicio, anular su permiso de armas y comunicárselo a la Guardia Civil, o darle de baja en la plantilla municipal, ha agregado el portavoz.
“No se dio curso a la mayoría de los planteamientos que se establecía en el acuerdo de la junta local. No entiendo cómo una sentencia del TS puede quedar incumplida. Del Área de Personal, que gestionaba el PSOE, no habrían salido todas las cuestiones que se establecen en el acuerdo de gobierno”, ha señalado Romero, al anunciar que el equipo de gobierno iniciará una auditoria del Personal municipal para identificar situaciones similares, informa Europa Press.
El anterior equipo de gobierno aprobó el acuerdo por unanimidad en una junta celebrada el 5 de abril de 2016 para ejecutar la sentencia que el TS emitió aquel año. Para ello, el tripartito se basó en un informe que elaboraron los servicios jurídicos municipales y los habilitados nacionales.
La versión que esgrimen fuentes cercanas a Del Pozo
Fuentes jurídicas cercanas a Del Pozo, consultadas por Marbella Confidencial, sostienen en respuesta a Romero que, en relación con la junta de gobierno de 2016 a la que se refiere el actual portavoz del PP “a los pocos días salió un auto del tribunal en el que se reflejaba que no correspondía la separación del servicio” del jefe de la Policía Local, por tanto no perdía su condición de funcionario, por lo que pudo ser readmitido en ese momento.
“Lo que hizo el Ayuntamiento de Marbella fue no ejecutar dicho auto e interpuso un recurso de súplica que tardó un año en resolverse”, apuntan las citadas fuentes que, no obstante, reconocen que “el recurso de súplica no paralizaba la ejecución de sentencia”. En base a todo lo anterior, los portavoces de Del Pozo consideran que el equipo de gobierno tripartito PSOE, OSP e IU deberían haberle admitido de nuevo en el Ayuntamiento, en su puesto y no lo hicieron”, recalcan.
Para la defensa de Del Pozo la batalla legal parece no haber acabado, puesto que aseguran haber interpuesto nuevas alegaciones para solicitar la aclaración de la sentencia y están a la espera de que el tribunal resuelva.
Por lo que respecta a la entrega de su arma reglamentaria, tras acusar Romero al tripartito de no habérsela reclamado al exjefe Policial, el entorno de éste sostiene que lleva más de diez años sin ella, tras haberla entregado en su momento.
Del Pozo lleva más de ocho años suspendido de empleo y sueldo y la inhabilitación que se le impuso fue de dos años. Su entorno considera que “tendría que devolver los dos años”, pero supone que se le tendrían que abonar “íntegros” el resto de años.
