El portavoz del equipo de gobierno bipartito (PP-OSP), Félix Romero, este miércoles en rueda de prensa. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
El equipo de gobierno bipartito (PP-OSP) ha denunciado este miércoles, ante los medios de comunicación, lo que califica como “contratos fraudulentos” de asesoramiento jurídico, prestados por un bufete de abogados a la sociedad municipal que explota el Palacio de Congresos, durante la gestión del exteniente de alcalde y delegado de Turismo Javier Porcuna, brazo derecho del exalcalde socialista José Bernal.
Félix Romero, portavoz del actual Ejecutivo y primer teniente de alcalde (PP), se ha referido concretamente a dos contratos suscritos con el bufete 2MS Abogados, con sede en Marbella, como beneficiario, por importe de 17.500 y de 36.000 euros, este último en vigor hasta febrero de 2019, ha precisado el también parlamentario andaluz.
“En el segundo se incluyó también a un procurador de Fuengirola y la adjudicación, que se realiza de forma directa, se hace de nuevo a la misma empresa”, ha apuntado, por lo que en total son más de 50.000 euros “que se gastan sin ningún tipo de control, fiscalización e informe”. De hecho, Romero ha anunciado que estudian trasladar los hechos tanto a la Fiscalía como a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su fiscalización.
El edil gobernante sostiene que las adjudicaciones se llevaron a cabo “bajo un caso ficticio de concurrencia pública” y “sin ningún tipo de expediente, de pliego de condiciones ni de aval”.
Tanto el PP como OSP coinciden, afirma Romero, en que el objetivo que persiguen es que se diriman “las responsabilidades jurídicas y contables que se pudieran derivar”. Se da la circunstancia de que cuando se produjeron estas adjudicaciones bajo sospecha era edil delegado de Hacienda Manuel Osorio, actual edil del ramo.
“Es una contratación chapucera que se tramita bajo un caso ficticio de concurrencia pública. Aparentemente se solicitaba a tres empresas distintas pero resulta que son todos miembros de un mismo despacho profesional”.
En la documentación municipal a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial aparecen dos personas físicas y una jurídica como los tres que concurren a la adjudicación. Se trata de Javier Rodríguez Rodríguez; Julia María Mediavilla Santiago y la mencionada 2MS Abogados SCP (sociedad cooperativa).
Un breve vistazo a la página web del bufete 2MS Abogados (ver aquí), permite comprobar que dos de los abogados que se presentaron a la licitación son del mismo bufete, tal y como ha dicho Romero. El tercer letrado que compone el despacho es José Ignacio Macías, persona que firmaba toda la documentación de la firma ante el Consistorio marbellí.
Romero, abogado de profesión, ha tildado de “escandaloso” que desde el Ayuntamiento, a través de las sociedades municipales, “se pueda realizar una contratación con una simple orden, sin ningún tipo de expediente, de pliego de condiciones ni aval”.
A su juicio, como portavoz de PP y OSP, “entendemos que puede incurrir en una ilegalidad que lleve aparejada un perjuicio económico para las arcas municipales”, ha remachado.
En este sentido, ha explicado que el pliego de condiciones se sustenta “en folio y medio firmado por quien fue consejero delegado [del Palacio de Congresos] y portavoz del anterior equipo de Gobierno, Javier Porcuna, sin justificación de por qué se lleva adelante esa contratación”.
Romero ha querido recordar que, en teoría, del asesoramiento jurídico de las sociedades municipales “se encarga el personal del Ayuntamiento a través de su asesoría jurídica”.
Entiende el gobernante que “un político no puede disponer del dinero de la Corporación adjudicándolo caprichosamente a quien lo desee”. A criterio del primer teniente de alcalde y brazo derecho de Ángeles Muñoz “entendemos que se han vulnerado todas las cuestiones de la ley de contratos del sector público, porque cualquier contratación que se realice desde cualquier sociedad debe tener las mismas cautelas y cumplir los mismos requisitos que cualquiera que se realice desde el Ayuntamiento”.
Como preámbulo a su exposición, en el marco de una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia, se ha referido a la “similitud” que resulta de esta situación en comparación con conductas llevadas a cabo por gobiernos del GIL y el postgilismo, denunciadas por el Tribunal de Cuentas, ante el cúmulo de irregularidades contables detectadas. Los hechos derivaron incluso en querellas de la Fiscalía Anticorrupción y sentencias firmes, algunas de ellas, como ‘caso saqueo 2’.
“En la época de GIL conocimos de la creación de un ayuntamiento paralelo con todo un entramado de empresas, que se utilizaban para efectuar contrataciones al margen del Ayuntamiento, sin procedimientos legales y ni fiscalización previa”, ha recalcado Romero.
Por lo que respecta a las conductas denunciadas este miércoles, se ha tratado de “procedimientos legales al margen del Ayuntamiento, sin autorización del secretario ni del interventor”.
Niega que Miguel Luna sea director del Palacio de Congresos ahora
En contra de lo que sostienen algunas fuentes municipales Romero ha desmentido que el exresponsable de la delegación de Turismo bajo mandato del PSOE, Miguel Luna, sea actualmente director del Palacio de Congresos: “no es así”, ha zanjado el primer teniente de alcalde, tras aclarar que “es un trabajador asignado allí”.
“Nuestro planteamiento ha sido no levantar alfombras”
Al ser preguntado Romero sobre si esta decisión de llevar a Fiscalía actuaciones de Porcuna (PSOE) suponía un antes y un después, tras el anuncio de la alcaldesa de no revisar de oficio concesiones administrativas de anterior gobierno, ha respondido que “nuestro planteamiento ha sido no andar levantando alfombras”.
No obstante, ha reconocido Romero, “otra cosa es que tengamos que pagar por cuestiones que no sean legales”, en alusión a los honorarios que reclaman los letrados contratados desde la dependencia que dependía del exedil de Turismo.
“Desde que accedimos al equipo de gobierno no ha habido interés en buscarle las cosquillas al anterior equipo de gobierno”, ha insistido Romero, pero “no se pueden utilizar los fondos por capricho”.
Cree el edil conservador que “no se puede decidir a quién le adjudicas los contratos del Ayto porque te lo cruzas por la calle”, en alusión a Porcuna.
