Imagen de la ficha policial de Carlos Fernández distribuida tras su detención en septiembre por parte de la Policía Federal Argetina
Le llegó el día a Carlos Fernández Gámez, quien en San Juan se hacía llamar por el apellido Hernández, devenido en couching de políticos, empresarios, deportistas y medios de comunicación: después de estar 10 años prófugo de España por el mayor caso de corrupción de ese país, este miércoles será sentado en el banquillo de los acusados y se definirá su futuro: o lo mandan de vuelta a su Marbella para que lo juzguen por sus acciones como concejal, o lo ponen en libertad y vuelve a inmiscuirse entre los sanjuaninos, tal como lo hizo durante una década.
Es que para este miércoles a las 9.30 horas está previsto que se realice el juicio de extradición en el edificio del Juzgado Federal. Allí el juez federal Leopoldo Rago Gallo decidirá si lo extradita o si lo pone en libertad.
De un lado estará el fiscal federal general Francisco Maldonado, quien representa los intereses de la sociedad argentina ante la justicia nacional. No se sabe oficialmente qué posición tomará el titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación en este caso.
Su opinión es clave. En el caso de que el fiscal federal Maldonado entienda que debe ser extraditado, el juez federal Rago Gallo podrá o no hacerse eco de ese planteo.
Pero si el fiscal Maldonado no pide que sea extraditado, el juez federal está obligado a resolver en ese sentido y Carlos Fernández deberá ser puesto en libertad.
¿Por qué? Porque legalmente el fiscal es el dueño de la acción penal en el proceso. Es decir que, si no acusa, todo se cae.
