Carlos Fernández, ha rechazado ser extraditado a España. Tras la detención en su domicilio de Rivadavia en la provincia de San Juan (Argentina) por parte de la Policía Federal del país, el exedil de Marbella que fue en principio trasladado a la Agencia Regional Cuyo –donde tiene su sede en el territorio este cuerpo de policía– fue llevado ante el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal número 2 (el competente para este tipo de casos según la legislación de este estado), donde se inició la audiencia preceptiva en la Secretaria Penal número 5.
Si el exedil y encausado en la ‘operación Malaya’, hubiese aceptado voluntariamente ser llevado a España, se hubiesen iniciado los trámites para su regreso al país. Sin embargo, el antiguo tercer teniente de alcalde de Marbella y prófugo de la justicia, se negó alegando tener arraigo en San Juan, al estar casado, tener hijos y “estar vinculado socialmente a la provincia [división administrativa equivalente en Argentina a Comunidad Autonóma]”
La información ha sido publicada por el diario argentino Tiempo de San Juan que ha dado amplia cobertura a la detención del prófugo en la localidad de Rivadavia por parte de los agentes de la Policía Federal Argentina. El autor de la noticia, el periodista Gustavo Martínez Puga, ha señalado en conversación telefónica a Marbella Confidencial que la información ha sido confirmada por tres fuentes diferentes: la Policía Federal Argentina, personal del Juzgado Federal y el propio abogado defensor de Fernández, Fernando Ramhé Quattropani, que también habría corroborado los diferentes datos aportados.
De esta forma, se inicia el proceso para el posible retorno de Fernández a España. El Estado tendrá que presentar en los próximos treinta días ante el Tribunal Federal de San Juan (Argentina) los motivos, así como las pruebas a través de las cuales sustentará la petición.
El paso siguiente será la celebración de una audiencia de extradición, en la que el Ministerio Público Fiscal Federal, se pronunciará sobre si está de acuerdo o no con la extradición. La posición de la defensa de Fernández, que ha sido asistido por Fernando Ramhé Quattropani, reputado abogado de San Juan especialista en derecho penal y por el letrado Leonardo Lara Lanteri, amigo de Fernández y especialista en temas de carácter civil ya es conocida, salvo que cambie de postura en la vista prevista.
Mientras tanto, el exconcejal se encuentra recluido en el Servicio Penitenciario Provincia del San Juan, a la espera del desarrollo de los acontecimientos.
Por otro lado, Marbella Confidencial se ha puesto en contacto con el hermano de Carlos Fernández, el abogado Antonio Fernández, que rehusó por motivos de disponibilidad horaria atender la llamada. Aunque algunas fuentes situaban a esta persona en Argentina, el letrado lo negó por teléfono.
La defensa alegó que se iba a iniciar un proceso de entrega en el momento de la detención
Carlos Fernández tenía asignada una “notificación roja” que funciona como mecanismo de detención preventiva. Como dio a conocer este medio digital Carlos Fernández fue detenido a las 3:15 de la madrugada de este viernes en su casa de la localidad de Rivadavia. La detención se produjo un día después de que su hermano, el abogado Antonio Fernández, hiciese averiguaciones en torno a la prescripción de las causas que el prófugo eludió cumplir ante la justicia española
Sin embargo, la información de Tiempo de San Juan, aporta un dato nuevo: Durante el proceso de detención, en el que en un primer momento la Policía Federal de Argentina –que contaba con una orden de allanamiento–, llamó al timbre del hogar del exconcejal, el propio Fernández y su familia hicieron gestiones para que se presentase un abogado en el domicilio familiar. El letrado afirmó a su llegada que se estaban haciendo las diligencias para que su representado se entregara, pero los agentes no dieron credibilidad al alegato.
Según el periodista, Gustavo Martínez Puga, en el caso de que Carlos Fernández hubiese decidido entregarse, de acuerdo a la legislación de Argentina, éste tendría que haber acudido acompañado de un abogado al Tribunal Federal de San Juan.