La exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al excoordinador de Personal, Carlos Rubio en imagen de archivo
El excoordinador de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Marbella, Carlos Rubio, antiguo alto cargo de confianza del gobierno que presidió Ángeles Muñoz (PP) se atribuyó competencias de las que carecía, al otorgar la licencia de obra e instalación del tanatorio de San Pedro Alcántara a la empresa adjudicataria, Parque Cementerio Marbella S.L.
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Málaga, dada a conocer por el tripartito este martes, a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial, refleja el cúmulo de irregularidades en las que incurrió el que fuera considerado, incluso, como el alcalde de facto en el Consistorio marbellí, dado el enorme poder que atesoraba y la gran confianza depositada en él por parte de la exregidora conservadora.
Esta resolución judicial, de nueve folios de extensión, señala que Rubio autorizó la infraestructura mortuoria por decreto, el 26 de enero de 2015, con una “incompetencia manifiesta” para ello, por cuanto se atribuyó una potestad que correspondía a la Junta de Gobierno Local que presidía la por entonces alcaldesa, o en su caso el teniente de alcalde designado a tal efecto.
Concretamente, el decreto firmado por Rubio suponía la aprobación de la modificación del proyecto básico y ejecución del citado tanatorio, así como “la aprobación anterior, a los efectos de licencia obras y licencia de instalación”, explica el juez José Oscar Roldán Montiel.
“Vicio de nulidad”
El magistrado aprecia “vicio de nulidad” en la actuación de Rubio por su “incompetencia” para la “concesión de licencia de obras y de instalación por la sola aprobación de los modificados de dichos Proyectos básico y de ejecución del tanatorio”, de ahí que haya estimado el recurso del vecino afectado directamente, Antonio Astudillo, nombrado este martes por el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, al dar a conocer esta resolución judicial, que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación.
El origen de esta sentencia está en la denuncia, vía recurso contencioso, que interpuso Astudillo. Fundamentó su escrito en que la instalación de un tanatorio cercano a su vivienda de San Pedro era una “actividad molesta”, cuestionaba la modificación del proyecto, y “sobre todo la concesión de dicha aprobación de licencia de obras, sin la debida calificación ambiental”.
El denunciante, además de alertar sobre la carencia de competencias de Carlos Rubio, expuso que se consideraba “contrario a derecho la adquisición de dichas licencias por la adjudicataria, toda vez que en el planeamiento urbanístico municipal de 2010 se hacía referencia a la necesidad de ubicar un nuevo sanatorio-cementerio en lugar clasificado de forma útil a dicho fin, y no conceder la autorización de obras para ampliar el cementerio existente en el casco urbano actual”, en alusión a San Pedro.
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El magistrado sostiene, además, que “lo decisivo y determinante en este supuesto de nulidad de pleno derecho es que la incompetencia sea manifiesta”, de modo, añade, “ostensible, patente, claro e incontrovertido”.
En la sentencia se reprocha al Ayuntamiento de Marbella, gobernado entonces por el PP, que en el marco de su defensa se limitara a remitirse a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del 14 de junio de 2011, “afirmando que lo añadían como documento a su contestación”. Sin embargo, acota el juez, “no sólo no se indicaba el número de documento: es que no aparecía entre el ramo documental del escrito rector de la demandada”.
Así pues, en la resolución judicial se sostiene que el Consistorio marbellí no aportó al juez “absolutamente nada sobre el Acuerdo de Delegación en una materia como la concesión de licencias de la que, objetivamente, es manifiesta la incompetencia del Coordinador de Hacienda”, en alusión a Rubio, actualmente adscrito como funcionario a la Subdelegación del Gobierno en Málaga. De hecho, llegó a ser subdelegado en tiempos del gobierno de Aznar.
El juez consultó la web municipal y nunca halló el acuerdo en el que se amparaba el Ayuntamiento para respaldar a Rubio
Se da la circunstancia de que el propio juez sentenciador asegura haber consultado personalmente la web municipal del Ayuntamiento de Marbella para verificar si “el referido Acuerdo de 14 de junio de 2011” en el que se escudaba el gobierno del PP para justificar la actuación de Rubio constaba. Resulta demoledora la conclusión del magistrado sobre que le aparecieron en la pantalla de su ordenador “más de 1.350 resultados” en el buscador, “pero sin poder accederse a dicho Acuerdo municipal”.
El fallo judicial condena al Ayuntamiento de Marbella en costas a pagar 3.000 euros. A partir de ahora, los servicios jurídicos municipales estudiarán la sentencia. Lo cierto es que, tal y como ha asegurado el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, si no se interpone recurso alguno el tanatorio podría quedar clausurado.
Ahora el Ejecutivo tripartito (PSOE, OSP e IU) se encuentra en una compleja tesitura si opta por recurrir el fallo, con lo que implícitamente estaría amparando la actuación de Rubio y por extensión la de la exalcaldesa del PP, cuyos gestión en torno al sanatorio de San Pedro siempre criticaron de forma beligerante, tal y como ha recordado este martes el propio Piña.
Marbella Confidencial se ha puesto en contacto con fuentes autorizadas de la empresa concesionaria del tanatorio. No obstante, han declinado hacer declaraciones por el momento, a la espera de analizar en profundidad el fallo judicial.
