El juez Gonzalo Dívar, el pasado 23 de mayo, tras tomar declaración a dos imputados en el ‘caso PGOU’. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
El llamado ‘caso PGOU’, en el que se investiga la presunta alteración de 22 planos del Plan General de Ordenación Urbana de 2009, así como la supuesta falsedad del acta del pleno del 29 julio de 2009, está pendiente de que el juez instructor, Gonzalo Dívar, se pronuncie sobre la petición del PSOE, personado como acusación particular, para que comparezcan cinco nuevos testigos propuestos.
Según diversa documentación a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial, el Grupo Municipal Socialista solicita en primer lugar la testifical de Jesús Escamilla, funcionario municipal, como “persona indicada por Javier de Luis de las Cuevas [exedil del PSOE] como la que le hizo entrega del DVD registrado en el Ayuntamiento de Marbella, en aparente representación de Territorio y Ciudad”, en alusión al equipo redactor del PGOU.
Llama poderosamente la atención el hecho de que entre los testigos solicitados por el actual partido gobernante en el municipio esté Diego Eyzaguirre,exedil del PP en anteriores corporaciones. Sólo su distanciamiento de Ángeles Muñoz, así como su baja del partido (ha estado en la órbita de VOX) explicarían las expectativas que deposita el PSOE en este exmunícipe a la hora de recabar su testimonio, que podría deparar sorpresas.
El mencionado Javier de Luis, exedil socialista (como independiente) y actual cargo de confianza de IU en el Consistorio, también está en la lista de testificales sobre las que Dívar tendrá que pronunciarse.
Cabe recordar que De Luis, miembro de Ecologistas en Acción, sentía tal rechazo hacia el PGOU que se iba a aprobar inicialmente aquel 29 de julio que se ausentó del salón de Plenos, en el momento de la votación, frente a la disciplina de voto favorable al documento que impuso el PSOE.
Otro exconcejal socialista ‘díscolo’ citado es Juan Luis Mena. Él votó en contra del PGOU, desde la legitimidad que le otorgaba ser independiente (no afiliado al PSOE).
Se da la circunstancia de que en su escrito dirigido al juez días atrás el Grupo Municipal del PSOE marbellí sitúa a Mena, cuando sucedieron los hechos, como “edil no adscrito”. Todo ello a pesar de que aún estaba bajo la disciplina de partido. De hecho, no fue hasta el 31 de julio de 2009 cuando el PSOE anunció que Mena dimitiría como edil bajo tales siglas y pasaría a ser no adscrito, como así hizo (ver hemeroteca aquí).
El papel de la exportavoz del PSOE Susana Radío
Por último, se solicita la testifical de Susana Radío, quien fuera portavoz municipal en aquellos tiempos de oposición al PP, tras la marcha del cabeza de lista, Paulino Plata, actual director del Puerto de Málaga. Radío es actualmente concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y ha ocupado cargos relevantes en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, como economista de profesión que es.
La acusación particular concluye su petición al juez con la solicitud de documentación requerida al testigo Enrique Monterroso, exedil de IU, que votó en contra del citado documento urbanístico, objeto de investigación.
A Monterroso se le requiere para que presente “los documentos que exhibió durante su comparecencia como testigo, consistentes en varios folios de papel timbrado del Ayuntamiento de Marbella, que contienen los recibís de la documentación que fue entregada a los grupos municipales en fecha 24 de julio de 2009 para la preparación de los citados grupos de la Comisión Plenaria Informativa de fecha 27 de julio de 2009”, reza el escrito enviado a Dívar.
La negativa a que declaren los testigos por parte de la exedil de Urbanismo imputada
A la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella se pronuncie sobre las nuevas testificales solicitadas, tras hacerlo las partes, entre ellas el fiscal, quien sí ha contestado ya es a defensa de la exedil de Urbanismo imputada, Alba Echeverría, del Partido Popular.
La representación de la exconcejala conservadora sostiene que la declaración solicitada del funcionario Jesús Escamilla “no aporta nada relevante”. Para tal rechazo se basan en que “lo esencial es que dicha documentación”, recibida por Escamilla en formato DVD, “fue elaborada por el Equipo Redactor” del PGOU con fecha 27 de julio de 2009. Asimismo, sostienen que todo se hizo “siguiendo instrucciones de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en el sentido de ajustarse al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 15/07/09.
Para la dirección letrada que ostenta la defensa de Echeverría, encabezada por el asesor jurídico de cabecera del PP de Málaga, Fernando Huelin, las testificales de exconcejales de Marbella ante el juez Dívar “tampoco añaden ninguna información relevante”. Para tal negativa se basan en que “los recortes de prensa aportados en autos”reflejarían que se informó del dictamen del Consejo Consultivo con fecha de 15 de julio de 2009, con difusión en “medios públicos”.
A criterio de la defensa de Echeverría, el acta de la Comisión Informativa del 27 de julio de 2009, así como la grabación de la sesión plenaria del 29 de julio de aquel año, son suficientes y “constan acreditados los extremos esenciales a efectos de la presente instrucción”.
Concluye el escrito de la defensa de la exedil de Urbanismo investigada que al no ser, a su juicio, necesarias las declaraciones testificales solicitadas, de llevarse a cabo las mismas los socialistas conseguirían “alargar innecesariamente la presente instrucción, algo sin duda interesante a efectos políticos para el grupo PSOE, que ejerce la acusación popular, pero ninguna ventaja aporta a efectos de la presente investigación”, concluyen.
Ángeles Muñoz, aforada aún no citada
Cabe recordar que el fiscal de área de Marbella, Julio Martínez Carazo, personado en esta causa penal, dirigió su denuncia inicialmente contra la exalcaldesa Ángeles Muñoz (PP). Ella, al ser aforada, no puede ser citada por un juez ordinario de instrucción, como es Dívar. Así pues, dicho magistrado deberá dcidir si envía la causa al Tribunal Supremo, en caso de apreciar indicios de delito sobre la actual senadora conservadora.
El tercer investigado, antes imputado, es el vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, cuya defensa asume el conocido penalista Diego Martín Reyes, ex presidente de la Comisión Gestora de Marbella entre 2006 y 2007.
