Imagen de distintas partidas de fondos incautados a esta red. FOTO/ Policía Nacional
La Policía Nacional ha detenido en Marbella a cinco personas en el marco de una operación contra la explotación laboral de ciudadanos pakistaníes en restaurantes. En total los arrestados en distintos puntos de la provincia asciende a 39, entre ellas los presuntos cabecillas de esta organización criminal. El subdelegado del Gobierno ha destacado que se trata de una “investigación de una importancia vital” en este campo
Según la investigación, que comenzó en 2017, los líderes de la red captaban a compatriotas y les sometían a duras condiciones laborales en los establecimientos, con jornadas maratonianas de hasta 12 horas diarias, sin descanso semanal y cobrando un salario que oscilaba entre 400 y 500 euros que no declaraban.
Se han producido 19 arrestos en Málaga; dos en Torremolinos, ocho en Fuengirola, cinco en Marbella, una en Coín y cuatro en Mijas-Costa; como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, según los casos.
Las doce órdenes de entradas y registros se han realizado en diferentes restaurantes pakistaníes y domicilios de los investigados, cuatro de ellos en Mijas –y uno más en Calahonda–, dos en Coín, uno en Marbella, tres en Fuengirola y otro en Torremolinos. Durante la investigación se realizaron cinco inspecciones laborales en los restaurantes investigados junto a la Inspección de Trabajo de Málaga.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, el comisario provincial, Francisco López Canedo; el comisario jefe de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, José Ángel González; y el inspector jefe de la Ucrif de Málaga, Antonio de Haro, han informado este miércoles de esta operación, denominada ‘Shamaka’.
Se han realizado 12 registros en restaurantes pakistaníes y domicilios de los investigados, así como en una gestoría; en los que se ha intervenido más de 170.000 euros en metálico, más de 160.000 euros en cuentas corrientes bloqueadas judicialmente, casi 900.000 euros en valor de mercado de inmuebles.
Asimismo, los investigadores se han incautado de un vehículo de alta gama valorado en 40.000 euros, diversa documentación y teléfonos móviles. Han indicado que la organización tenía “un poder adquisitivo bastante considerable”.
A las 39 personas detenidas se les investiga por los delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, según los casos. El supuesto cabecilla de la red fue ingresado en prisión. Se han identificado 12 víctimas, dos de las cuales se acogieron a protección.
La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por un trabajador de un restaurante de comida pakistaní. El hombre puso en conocimiento de los agentes las condiciones laborales en las que, tanto él como cinco compatriotas, trabajaban en el local.
La investigación se inició a raíz de una denuncia
Explicó que el propietario y su hermano, ambos también de origen pakistaní, se encargaban de aleccionar a los trabajadores para que en el caso de que se produjera una inspección, se identificaran con documentación de otras personas en situación regular y dadas de alta en la Seguridad Social, obligándoles a inscribirse en el padrón municipal con el nombre de otra persona.
Además, supuestamente, eran sometidos a jornadas “maratonianas” de hasta 12 horas diarias, “sin descanso semanal y cobrando un salario que oscilaba entre 400 y 500 euros que no declaraban”. Los investigadores han explicado que una de las víctimas “ha llegado a catalogar a su jefe, uno de los dueños de restaurante, como un torturador mental”.
Tras diversas pesquisas se constató que los hermanos a los que se refería el denunciante eran los miembros más destacados de un entramado de empresarios pakistaníes dedicados a la restauración en la Costa del Sol.
Según la investigación, buscaban a personas de su mismo origen que no cumplían los requisitos exigidos por la administración para trabajar “y les sometían a unas duras condiciones laborales sin cumplir con la normativa laboral”. Los líderes de la trama también realizaban supuestamente contratos falsos para que los trabajadores pudieran cobrar prestaciones sociales o regularizaran su situación en España.
Matrimonios de conveniencia a cambio de pagos que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros
En el transcurso de la investigación se pudo constatar que los hermanos responsables del local, junto con otro varón de origen angoleño, facilitaban la regularización de ciudadanos pakistaníes y subsaharianos haciéndolos pareja de hecho con españolas o, en su caso, con mujeres de otros países de la Unión Europea. Todo ello a cambio de un pago que oscilaba entre los 8.000 y los 10.000 euros, con el fin de regularizar el permiso de residencia.
Según los investigadores, el varón de origen angoleño captaba a mujeres con graves problemas económicos, “y por lo tanto más vulnerables a la propuesta de inscribirse como pareja de hecho a cambio de dinero”, recibiendo ellas una media de 2.000 euros por esta gestión.
Además, supuestamente aleccionaba a los implicados sobre los pasos a seguir en la inscripción y la posterior solicitud de residencia como supuesta pareja de hecho y por tanto familiar de ciudadano de la Unión Europea. Para asegurar tales pasos no dudaba en trasladar y acompañar a las fraudulentas parejas hasta las inmediaciones de los distintos organismos.
Para que las mujeres captadas acreditaran los requisitos económicos necesarios para llevar a cabo los trámites en la oficina de extranjeros, los hermanos detenidos realizaban contratos ficticios para su concesión. Ambos ejercían como comerciales de este método de regularización entre otros empresarios de la zona de la Costa del Sol que tenían su misma actividad económica.
Otra de las actividades supuestamente llevadas a cabo por estos hermanos, junto con el responsable de una oficina bancaria de la zona, consistía en simular relaciones laborales mediante contratos de trabajo falsos como empleados de hogar y de esta forma obtener prestaciones sociales o regularizar su situación administrativa.
Estos hechos fueron constatados por los agentes, han explicado, al consultar los organismos públicos pertinentes comprobando que trabajadores que estaban dados de alta en una determinada empresa, jamás aparecieron por su puesto de trabajo. Presuntamente contaban con la colaboración de una gestoría de Fuengirola donde realizaban altas y bajas fraudulentas de los trabajadores.
