La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al excoordinador de Personal, Carlos Rubio en imagen de archivo
Apretada agenda judicial la que afronta desde este miércoles la que fuera alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, en calidad de testigo, en más de una decena de procedimientos en los Juzgados de lo Social donde ha sido admitida su declaración. Así lo ha dado a conocer el portavoz del equipo de gobierno marbellí, Javier Porcuna. Se trata de los pleitos planteados por encargos de confianza del PP despedidos.
El periplo de la actual candidata al Senado por Málaga arrancará en la Ciudad de la Justicia para testificar por el despido de la exdirectora de RTV Marbella, exjefa de prensa a su vez de la campaña del PP en 2011.
Porcuna ha señalado que “con estas citaciones, se pone de manifiesto que los jueces entienden, al igual que lo hace el actual equipo de gobierno, que existe una responsabilidad por parte de la anterior regidora en cuanto a su conocimiento directo e inmediato sobre las circunstancias que rodearon dichas contrataciones y que, por tanto, es la persona que puede realizar las aclaraciones pertinentes”.
El edil socialista ha recordado que el Ejecutivo local solicitó la presencia de Ángeles Muñoz como testigo en dichas denuncias, “dado que era consejera delegada de las sociedades y oales en los que trabajaban los ocho demandantes y fue la responsable de firmar sus contratos de alta dirección, teniendo un conocimiento directo e inmediato de las circunstancias que rodearon las contrataciones”.
Tras señalar que la exregidora “ha sido citada en la mayor parte de los casos”, el teniente de alcalde de Proyectos Estratégicos ha detallado que este miércoles deberá personarse en el Juzgado de lo Social Número 1; el 19 de noviembre en el Juzgado de lo Social Número 10; el 11 de enero en el Juzgado de lo Social Número 12 y en el Número 13; el 2 de febrero en el Juzgado de lo Social Número 12; el 13 de julio en el Juzgado de lo Social Número 4 y el 14 de julio en el Juzgado de lo Social Número 8.
Finalmente, el portavoz ha señalado que tras las declaraciones de la exalcaldesa el Ayuntamiento, “en función de los perjuicios que pueda sufrir, tomará todas las medidas oportunas que contempla la ley”.
El tripartito que preside José Bernal considera que los demandantes son cargos de confianza del Partido Popular que “habían sido camuflados en las sociedades y OALES para evitar que se abultara el número de trabajadores de libre designación de esta formación”, según denunciaron.
