El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en imagen de archivo junto a la portavoz de la formación en el Parlamento, Teresa Pardo. FOTO/ CS
La coalición de gobierno que forman desde enero de 2019 en Andalucía Partido Popular y Ciudadanos era, hasta el momento, puesta como ejemplo de unidad y cohesión por ambos partidos a nivel nacional, en comparación con otros gobiernos de esta índole que saltaron por los aires en distintas comunidades como Madrid, Murcia y Castilla y León. Sin embargo, las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre el llamado ‘caso FAFFE’ (Fundación Andaluza de Formación y Empleo) han hecho aflorar las primeras tensiones entre conservadores y liberales.
La formación naranja ha reprochado abiertamente a sus socios que quieran acotar la investigación judicial –paralela a la parlamentaria– a tan sólo 85 de los 1.000 supuestos ‘enchufes’ que se produjeron, entre 2003 y 2011, en este ente instrumental durante los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre los 85 citados contratos, absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras la extinción de este ente instrumental, está el de Carmen Ibanco,la mujer del líder del PSOE-A, Juan Espadas, recientemente imputada en el proceso penal que se sigue, de forma paralela, a la investigación parlamentaria.
El malestar de Ciudadanos con el PP, trasladado este jueves a la rueda de prensa que ofreció su portavoz parlamentaria, Teresa Pardo, se mantenía hasta ahora en privado sin trascender a los medios de comunicación. La mano derecha del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado en desacuerdo con el recurso que presentaron semanas atrás los servicios jurídicos de la administración autonómica ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en el que se investiga el ‘caso FAFFE’.
La citada parlamentaria, que compareció junto a su compañero de Cs Juan de Dios Sánchez, marcó distancias con el recurso de los letrados de la administración autonómica que tratan de evitar que el juez José Ignacio Villaplana haga una investigación global, a modo de causa general, de la extinta fundación marcada por el enchufismo masivo, las subvenciones irregulares, el despilfarro y el pago con las llamadas ‘tarjetas black’ de juergas en prostíbulos.
