El asesor responsable de Personal y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Marbella, Daniel Pérez Moreno, abogado de profesión y alto cargo de confianza del PSOE en el actual equipo de gobierno tripartito, posee el 50% de la sociedad Atra Abogados Málaga S.L. que él mismo constituyó en junio de 2016, justo un año después de ser nombrado por el alcalde, José Bernal, con dedicación exclusiva y un sueldo anual de cerca de 50.000 euros.
Los datos del Registro Mercantil de Málaga recabados este mismo jueves por Marbella Confidencial, tras solicitarlos el pasado lunes, acreditan que Daniel Pérez Moreno es titular de la mitad de las participaciones sociales de la citada mercantil, dedicada al asesoramiento laboral, entre otras ramas del Derecho y de la que ya informó este digital
El que fuera concejal socialista entre 2007 y 2011, actual funcionario eventual de la citada administración municipal –desde finales de junio de 2015– posee 1.500 participaciones en Atra Abogados Málaga S.L., por un un valor total de 1.500 euros. Se trata de la misma cantidad que tiene su socia y administradora única de la empresa, Elisa Encarnación Jurado Azerrad. El capital social de la sociedad cuando se constituyó fue de 3.000 euros.
La letrada Jurado Azerrad es también miembro del equipo de letrados que forman parte del despacho laboralista que regenta, como socio único de Moreno Abogados Marbella S.L. el propio Daniel Pérez Moreno.
Hasta el momento el alto cargo de confianza del PSOE no ha ofrecido explicación alguna, públicamente, acerca de los motivos que le llevaron a constituir una sociedad limitada dedicada al asesoramiento jurídico laboral cuando llevaba ya un año como asesor responsable del departamento municipal de Personal y Recursos Humanos.
Se da la circunstancia añadida de que tanto en la web de Pérez Moreno Abogados, como en la del otro bufete controlado por el exedil socialista, Atra Abogados, él aparece al frente del equipo jurídico, como cabeza visible de ambos despachos y persona a la que se puede telefonear para cualquier asesoramiento jurídico laboral, que es su especialidad.
A pesar de la insistencia para que ofrezca explicaciones, demandada por el Partido Popular y Ciudadanos, Pérez Moreno ha guardado silencio hasta ahora sobre su posible conflicto de intereses al representar un abogado de su bufete marbellí, Francisco Cívico, a tres empleados municipales frente al Ayuntamiento, en el marco de casos por despido.
El propio Pérez Moreno confirmó a este medio digital en la noche del 1 de febrero que Cívico había pedido la venia al letrado Eduardo Alarcón para hacerse cargo de la representación de los tres conserjes despedidos. La actuación se produjo ya con Pérez Moreno siendo responsable de Personal del Ayuntamiento, según aseguró el PP y confirmó el propio cargo socialista, quien se desvinculó por completo de las actuaciones de Cívico una vez que él comenzó a figurar como abogado “no ejerciente” en el Colegio de Abogados de Málaga.
Aunque Pérez Moreno niega cualquier vinculación de Cívico con su bufete profesional de Marbella, lo cierto es que en la ficha de Cívico como colegiado el único domicilio profesional que aporta es el del despacho Pérez Moreno Abogados.
Distintas fuentes jurídicas independientes, ajenas por completo a estos hechos, pero expertas en Derecho Administrativo,han coincidido al afirmar que Pérez Moreno podría incurrir en un conflicto de intereses. Asimismo, apuntan con la cautela debida que podría existir una vulneración de la Ley de la Función Pública, así como del Estatuto Básico del Funcionario (Pérez es funcionario eventual).
Desde que Marbella Confidencial intentó ponerse en contacto, sin éxito, con Pérez Moreno el pasado 2 de febrero, para contrastar nuevas informaciones que se iban a publicar sobre su persona, el cargo de confianza socialista no ha atendido las llamadas ni los mensajes de este medio digital.