Nuevo frente judicial que se le abre a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, días después de que el ‘caso PGOU’ fuera archivado, a falta de los recursos para su reapertura. A partir de este martes diez altos cargos del Partido Popular, nombrados por la regidora marbellí durante sus gobiernos 2007-2011 y 2011-2015, comenzarán a desfilar ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, Gonzalo Dívar, (el mismo del ‘caso PGOU) en calidad de investigados, la condición que tienen ahora los imputados. Se trata de una denuncia, de Enero de 2017, interpuesta por el exalcalde socialista José Bernal, ahora personado como acusación a través del grupo municipal del PSOE.
En el auto dictado el pasado 28 de mayo el juez instructor apreciaba indicios de presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
Entre las personas citadas a declarar destaca la directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, Laura de Arce, denunciada por su etapa como directora del Palacio de Congresos. Se da la circunstancia de que comparte abogado con la alcaldesa, también denunciada, aunque al ser aforada el juez no ha podido tomar declaración a la también senadora por razones obvias.
Así pues, el letrado Enrique Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo del PP de Marbella y vinculado al bufete marbellí Guerrero Palomares, será quien asista a Laura de Arce. El mencionado despacho también representa a Ángeles Muñoz en el ‘caso PGOU’.
Las diez personas cuyas comparecencias están fijadas los días 11, 18 y 25 de septiembre, tenían contratos de alta dirección que concluían a la llegada del anterior equipo de gobierno (PSOE,OSP, IU), en junio de 2015. Sin embargo, un total de 12 cargos considerados de confianza del PP acudieron a los Juzgados de lo Social, para denunciar sus despidos e intentar quedarse de por vida en el Consistorio.
El exalcalde del PSOE José Bernal y sus asesores jurídicos esperaron a que los procesos judiciales concluyeran: hubo ocho personas que fueron readmitidas como personal laboral indefinido, dos más llegaron a acuerdos con el Ayuntamiento y las dos restantes hasta completar la docena consiguieron sendas indemnizaciones.
Bernal y su antiguo responsable de Recursos Humanos y Personal, Daniel Pérez, abogado y excargo de confianza del PSOE, cifraron en unos 300.000 euros el posible perjuicio a las arcas municipales causado por estas contrataciones. Los socialistas dirigieron sus acusaciones hacia la alcaldesa, Ángeles Muñoz. No obstante, la regidora no está investigada en este procedimiento penal al ser aforada, por su condición de senadora.
Según adelantó Marbella Confidencial el pasado 7 de junio la relación de personas citadas como investigadas hasta ahora es la siguiente: Francisco Ramos Sánchez; Carlos Augusto Puertas; Manuel Fernández Mejías; Antonio Mata Rodríguez; Bernardo Alcaide Garabito; Cristina González Solís; Juan María Carrasco de las Heras; Alicia Aguilar García; Miguel Ángel Lavela Encina y Laura de Arce Sánchez.
Al margen de la esperada declaración de Laura de Arce, no menos relevante será la comparecencia de Alicia Aguilar García, exdirectora de Radio Televisión Marbella (RTVM), persona que dirigió alguna campaña electoral del PP local, como jefa de prensa, y que permanece como redactora en el citado medio público con el mismo salario que tenía como directora, gracias a una resolución judicial que le dio la razón.
Destaca asimismo la citación de la que fuera responsable de prensa y redes sociales del Ayuntamiento a partir de 2011, la periodista Cristina González Solís, contratada a través del Palacio de Congresos, así como el exdirector del Puerto Deportivo, Miguel Ángel Lavela.