El juez Ricardo Puyol, director de la Oficina Antifraude, en una imagen de archivo en el Parlamento de Andalucía, cuando fue nombrado. Foto/ Cabanillas
El pacto alcanzado esta semana entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial ha traído sus primeras consecuencias a Andalucía. El hasta ahora director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF), el juez en excedencia Ricardo Puyol, ha presentado su dimisión para poder volver a su plaza en la Audiencia Provincial de Granada como magistrado. Lo hace antes de que entre en vigor la nueva legislación, que le impediría regresar a la carrera judicial hasta dos años transcurridos desde su cese.
Puyol se convirtió en uno de los principales jueces contra la corrupción municipal en Marbella durante su etapa al frente de un juzgado de la ciudad, a mediados de los años 2000, en sonados casos como ‘Goldfinger’, por el que llegó a intentar procesar al actor Sean Connery.
De hecho, este juez se vio obligado a pedir amparo al CGPJ (no se lo dieron), tras las presiones a las que fue sometido por el entonces embajador británico en España, a través del ‘Foreign Office’ (Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido), para impedir que encausara al famoso intérprete de 007 y a su mujer, ambos con residencia en Las Bahamas.
Puyol ha estado casi tres años al frente del organismos adscrito al Parlamento de Andalucía. Su designación, por un periodo de cinco años, se produjo en octubre de 2021, bajo el gobierno autonómico bipartito de PP y Ciudadanos (2019-2022).
Fuentes cercanas a Puyol, consultadas por Marbella Confidencial este viernes, han confirmado que la dimisión se produce antes de que el acuerdo sobre el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) entre en vigor.
De haber esperado a la vigencia de la futura ley este magistrado en excedencia, natural de Motril, “no podría acceder a ningún cargo de representación judicial en la carrera, ni podría ser vocal del CGPJ, ni juez decano”, en caso de aspirar a tales cargos, indica un portavoz autorizado.
La proposición de ley que han pactado esta semana PSOE y PP tiene la intención de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que modificará los criterios de reingreso de los magistrados en situación de servicios especiales que hayan sido nombrados para cargo político de confianza, con rango superior a director general, de forma que impedirá su regreso al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo.
Según el comunicado difundido por la OAFF, que se produce después de que varios medios regionales avanzaran el cese voluntario, Ricardo Puyol ha presentado ante el Parlamento de Andalucía su escrito de renuncia formal tras comunicarlo personalmente este pasado jueves al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.
Elegido por el Pleno del Parlamento en la pasada legislatura y nombrado como director de la Oficina Antifraude por resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía el 14 de octubre de 2021, Ricardo Puyol ejercía sus funciones como magistrado en situación de servicios especiales en la carrera judicial con destino en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
Su renuncia, “de carácter estrictamente personal”, se produce tras el anuncio de tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según ha confirmado la Oficina Antifraude.
La citada reforma “modificará los criterios de reingreso de los magistrados en situación de servicios especiales que hayan sido nombrados para cargo político de confianza con rango superior a director general, de forma que impedirá su regreso al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo”, según incide la nota de prensa.
Así, en base a lo anteriormente expuesto, se produce la renuncia voluntaria de Ricardo Puyol al cargo del director de la OAAF que está recogida como causa de cese en los artículos 28.1.a) de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, y 12.1a.
Todo ello en el marco del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina, al que sigue el acuerdo de cese con efectos del día de la comunicación, tal y como dispone el apartado 2 del artículo 28 de la mencionada Ley 2/2021, de 18 de junio”, han precisado desde la OAAF.
Será sustituido por la titular de la dirección adjunta de la OAFF
Este organismo antifraude autonómico ha puntualizado que “la estabilidad y el normal funcionamiento de la OAAF queda plenamente garantizado gracias al régimen de suplencia legalmente previsto, recogido en el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 28 de la Ley 2/2021, de 18 de junio y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 16 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina”.
De esta manera, “las funciones atribuidas a la persona titular de la Dirección de la Oficina serán ejercidas por Marta Blázquez Expósito, titular de la Dirección Adjunta de la Oficina”.
La trayectoria de un juez que dejó huella en Marbella contra la corrupción
El juez Ricardo Puyol recibe las felicitaciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el entonces vicepresidente, Juan Marín, cuando fue nombrado en 2021 FOTO/ CABANILLAS
Puyol, además del ‘caso Goldfinger’, que le acarreó problemas y sinsabores por cumplir con su trabajo, así como fama nunca buscada, dada la discrección con la que siempre se ha conducido, ya dijo que prefería “olvidar” su etapa en Marbella porque “no la recuerdo con ningún agrado, debido a la dureza y desesperación”, según declaró en una entrevista concedida a este periodista.
Estuvo al frente de sonados casos mediáticos, como la imputación de Sean Connery, Julián Muñoz, Juan Antonio Roca y el expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido, entre otros personajes conocidos.
Finalmente la responsabilidad penal de Connery quedó en agua de borrajas, refugiado como estaba en las islas Bahamas, donde contaba con residencia fiscal. Se trató de un grave caso de corrupción urbanística, unida a delitos fiscales (contra la Hacienda Pública), entre otros, que tuvo como epicentro los terrenos del antiguo chalé del actor en Marbella, que fueron rectificados por Jesús Gil, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, en el marco de un gran ‘pelotazo’ mediante el cual se construyeron 72 apartamentos de lujo a pie de playa.
Otro de los casos relevantes que instruyó Puyol fue el llamado ‘caso minutas’, que tuvo como principales acusados al expresidente del Sevilla F.C., José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz.
Tal y como quedó acreditado en la sentencia que les condenó a ambos a abultadas penas de cárcel, el abogado sevillano giró una serie de facturas por sus honorarios al Ayuntamiento de Marbella que causaron un perjuicio patrimonial millonario a las arcas, por lo que Del Nido tuvo que indemnizar al Consistorio marbellí, al igual que Muñoz, este último insolvente.
Cuando saltó al panorama nacional el nombre de la juez Carmen Rodríguez-Medel, como instructora del ‘caso Máster,’ contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, diversos medios de comunicación atribuyeron a esta magistrada haber instruido importantes casos de corrupción municipal en Marbella, como el llamado ‘caso convenios’.
Realmente quien llevó el peso de las investigaciones y culminó todos los procedimientos fue el juez Puyol, quien sustituyó a Medel en la titularidad de la plaza: “las instrucciones estaban a medio hacer y sin conclusiones ni autos de procedimiento abreviado”, aclararon fuentes cercanas al magistrado granadino.
El nombre de Ricardo Puyol también estuvo en las listas de propuestos para formar parte, como vocal, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero finalmente no se materializó el nombramiento auspiciado en el marco de la cuota conservadora de magistrados que proponía el Partido Popular en el máximo órgano de gobierno de los jueces en España.
Además de ocupar otros destinos por la geografía española y ser juez de lo Penal en Málaga, ha sido vocal electo de la Sala de Gobierno del TSJA de Andalucía, Ceuta y Melilla entre diciembre de 2009 hasta noviembre de 2014, por la candidatura de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), así como vicepresidente de la APM en la Sección Territorial de Andalucía Oriental entre noviembre de 2014 y enero de 2017.
