El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este martes realizar una campaña informativa nacional e internacional ante la situación urbanística de Marbella, después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010.
Todos los grupos políticos con representación en el ente supramunicipal han acordado llevar a cabo esta campaña, que surge de una moción del PSOE y busca colaborar “de manera activa” con el Ayuntamiento marbellí para ofrecer un mensaje de tranquilidad tras las sentencias del TS e informe de las soluciones transitorias como garantía de seguridad jurídica para los inversores.
Igualmente, la Diputación establecerá un sistema de coordinación e información entre la Oficina Provincial de Inversiones y el Ayuntamiento para diseñar esta campaña, que sería desarrollada por la sociedad Turismo Costa del Sol y cuya función pasaría por atender a las empresas y los inversores que pudieran dirigirse a este departamento provincial.
Por otro lado, la oposición en bloque ha criticado la gestión del equipo de gobierno del PP en la Plaza de la Gastronomía en La Malagueta. El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, ha presentado una moción en la que instaba al PP a que depurara responsabilidades políticas. Finalmente, ha sido rechazada por el voto de calidad del presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Conejo ha denunciado “la complicidad y connivencia” entre Bendodo y el empresario responsable de la gestión del espacio, donde se abrieron establecimientos a pesar de que no se contaba con la autorización de los informes técnicos de la Diputación y se violaba el pliego de condiciones.
Ante esta situación, Bendodo ha pedido perdón “por la parte que me toca, como último responsable de la Diputación”, aunque ha defendido que la asesoría jurídica del ente supramunicipal sí avaló que “la prestación de servicios de restauración era compatible con el pliego de condiciones de la plaza de toros”. No obstante, ha confesado que “hay que mejorar los sistemas de control”.
Arreglo de carreteras
Por su parte, el Pleno ha aprobado una moción ‘popular’ para instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a que incluya partidas específicas en el presupuesto andaluz de 2016 para el arreglo de la carretera de Álora a El Chorro, que con una longitud de 13,1 kilómetros, constituye uno de los itinerarios de acceso sur al Caminito del Rey.
Sólo el PSOE se ha abstenido en esta votación porque el PP ha rechazado aceptar tres enmiendas a su moción, dirigidas a que la Junta ceda este tramo de carretera a la Diputación.
En este sentido, el portavoz adjunto ‘popular’, Francisco Oblaré, ha criticado esta propuesta socialista, ya que “el PSOE pretende que la Diputación acepte todas las carreteras que le sobran a la Junta”. Por su parte, el diputado del PSOE Cristóbal Fernández ha denunciado el “deplorable” estado de las carreteras del ente supramunicipal.
Asimismo, otra moción del PP en relación con las ayudas y subvenciones de los programas de las políticas activas de empleo de la Junta ha contado con la abstención de Ciudadanos, Málaga Ahora e IU-Para la Gente y el voto en contra del PSOE.
También se ha dado luz verde a que, a propuesta del PP, la Diputación inste a la Junta a que otorgue una subvención en la localidad malagueña de Campillos para paliar necesidades educativas. En concreto, PP, Ciudadanos e IU-Para la Gente han aprobado esta moción, que también exigirá a la Junta que les entregue un mapa con las necesidades de los centros en la provincia.
Por último, el Pleno ha aprobado en bloque otra moción del PP relativa al apoyo a la futura comunidad de regantes en los municipios malagueños de Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina.
Apoyo a Cortés de la Frontera
Por otro lado, PP y Ciudadanos han tumbado la moción del PSOE para que la Diputación apruebe un fondo de liquidez extraordinario y, de esta forma, garantizar el pago de las nóminas de 90 trabajadores municipales en el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera (Málaga).
El portavoz de C’s, Gonzalo Sichar, ha justificado su negativa basándose en que el apoyo a esta moción llevaría a un “efecto llamada” de otros municipios con problemas económicos. Por su parte, la diputada de Economía, Francisca Caracuel, ha informado de que Cortes de la Frontera no cumple con los requisitos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que “no es competencia de Diputación”.
Otra moción socialista ha estado dirigida a pedir al equipo de gobierno del PP que mantenga el Servicio Provincial de Igualdad en el edificio de calle Carretería. PP y C’s han votado en contra, por lo que el apoyo conjunto de PSOE, Málaga Ahora e IU-Para la Gente no ha sido suficiente para aprobarla.
La vicepresidenta de la Diputación Ana Mata ha criticado que esta moción “parte del desconocimiento” y ha defendido que nuestra misión es “acercar el servicio”, en referencia a la intención de ceder al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) este espacio por parte de la Diputación.
Búsqueda de viabilidad para la empresa Abengoa
Asimismo, la Diputación instará a Junta de Andalucía y Gobierno central a buscar viabilidad a la situación de la empresa Abengoa. Se trata de una moción de IU-Para la Gente que, tras varias enmiendas del resto de partidos, ha sido aceptada por todos los grupos, con la abstención de Ciudadanos.
Sichar ha reclamado más información sobre el estado económico de Abengoa antes de realizar cualquier juicio sobre el asunto, al tiempo que se ha mostrado “sorprendido” de que IU-Para la Gente, en la primera redacción de la moción, reclamara el rescate público de la empresa.
Derecho a la vivienda
En cuanto a Málaga Ahora, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción referida a la necesidad de implantar medidas para el control y eliminación del amianto. En concreto, se insta a realizar un inventario de aquellos edificios con este producto: antes del 30 de abril de 2016 en el caso de los centros escolares y antes del 30 de enero de 2018 para el resto de inmuebles.
Igualmente, que se elabore un protocolo inmediato de actuación en lo relativo al levantamiento de calles y un plan urgente en colegios u otros lugares que puedan contener amianto en mal estado y sea peligroso para la salud pública; que se apoye a las víctimas, y que se desarrolle una campaña informativa, entre otras medidas.
Por otro lado, otra moción ha contado únicamente con el apoyo de Málaga Ahora e IU-Para la Gente –con la abstención del resto de partidos– relacionada con la exigencia al Gobierno central de una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda.
La portavoz de la formación en la Diputación, Rosa Galindo, se ha mostrado “sorprendida” por la abstención de los grupos, que han alegado que la modificación o creación de una nueva ley es competencia del Gobierno y la Junta. La diputada de C’s María Teresa Pardo ha señalado que “éste no es el escenario” para el debate y ha lamentado que Málaga Ahora “no haya permitido realizar enmiendas”.
Finalmente, la tercera moción de Málaga Ahora ha contado con el rechazo del PP, la abstención de Ciudadanos y el apoyo del resto de diputados. Ésta proponía declarar como servicios esenciales los recursos que componen la Delegación de Centros de Servicios Sociales y Asistenciales, lo que permitiría la contratación de personal –trabajadores sociales, psicólogos, educadores, monitores, etcétera–.
La diputada de Servicios Sociales y Centros Asistenciales, Lourdes Burgos, ha defendido que el esfuerzo de Diputación es “grandísimo” frente al “abandono de la Junta” y ha pedido a Málaga Ahora que “no pida cosas que ya están hechas porque este punto se aprobó en un decreto del 21 de abril de 2015”