Imagen de la última protesta de la plataforma, a comienzos de septiembre
Diversa documentación del Ministerio de Fomento, hecha pública por la plataforma ‘Por una estación digna’, demuestra por completo que la terminal de autobuses que actualmente se construye frente al colegio Teresa de León, en San Pedro Alcántara, tendrá que demolerse dentro de cuatro años. Todo ello a pesar del desembolso de 300.000 euros que hace el Ayuntamiento de Marbella por la ejecución de la obra.
El citado colectivo ciudadano ha podido acceder a la autorización que otorgó el Ministerio de Fomento, el pasado 14 de julio, para la ejecución del proyecto de la terminal. Se trata-aseguran- de un documento que “nunca” les ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Marbella, a pesar de las numerosas peticiones cursadas para tener acceso al mismo.
La obra se licitó en mayo sin permiso
A tenor de la autorización del 14 de julio, hecha desde el departamento que dirige Ana Pastor, la plataforma sostiene que “la obra se licitó en mayo, sin el permiso”. En la autorización del citado ministerio se otorga un permiso provisional, “por periodo de cuatro años”.
La autorización hace referencia a “obras desmontables”, hasta que se traslade su ubicación definitiva, a ejecutar en el sistema general SG-EQ-15, área dotacional vinculada al intercambiado de San Pedro, que se engloba en terrenos del llamado Plan Guadaiza, donde siempre se contempló la estación dentro del PGOU de 2010.
Los padres y madres de la AMPA que compone el colectivo vuelven a preguntarse por qué, a pesar de su oposición a la terminal, el equipo de gobierno del PP “insiste en ubicarla frente al colegio, si solo podrá estar ahí cuatro años, a pesar de suponer un gasto de 300.000 euros de las arcas municipales”.
El Defensor del Pueblo Andaluz analiza actualmente “las posibles negligencias cometidas por Ayuntamiento de Marbella en materia medioambiental, por la ausencia de unos informes que podrían ser prescriptivos y previos al inicio de la obra”, asegura el colectivo en un comunicado.
Finalmente, recalcan que esta terminal “nace con los días contados”, pero no están dispuestos a esperar cuatro años para que se desmantele, por lo que seguirán luchando “para liberar a nuestros niños de 2 a 11 años de este peligro innecesario y caprichoso”.
Ya el pasado 23 de septiembre, la coalición Izquierda Unida alertó del “despilfarro” de 300.000 euros que suponía destinar dicha cantidad de las arcas municipales a un equipamiento que tendría que ser demolido al cabo de cuatro años, tal y como reconoció el concejal de Obras, Javier García en una comisión informativa celebrada con ediles de la oposición.
García difundió un comunicado el mismo día para contestar al candidato de IU, Miguel Díaz, en el que defendía la “legalidad” de la obra, si bien no desmontió en ningún momento que la instalación tuviera que demolerse al cabo de cuatro años, al ser provisional, según Fomento.
