Nueva vuelta de tuerca en el llamado ‘caso PGOU’. El abogado José Mariano Benítez de Lugo, personado como acusación popular en representación del grupo municipal socialista de Marbella, ha solicitado al juez instructor, Gonzalo Dívar, su inhibición en esta causa penal, al considerar que no es el magistrado competente para esta instrucción, al estar denunciada la alcaldesa y senadora del PP, Ángeles Muñoz, a su vez aforada.
Así lo ha dado a conocer este miércoles el exalcalde marbellí y actual portavoz municipal del PSOE, José Bernal, durante una rueda de prensa convocada expresamente.
El letrado de los socialistas requirió al citado magistrado, en un escrito fechado el pasado 8 de junio, para que, de forma paralela a su inhibición ante el TS, suspendiera las cuatro declaraciones testificales previstas para este miércoles. Finalmente se han celebrado todas sin la asistencia de Benítez de Lugo.
Benítez de Lugo pretende que Dívar se pronuncie también sobre el escrito del fiscal del caso, Julio Martínez Carazo, que el pasado mes de abril solicitó al titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella que enviara la causa al TS.
En representación de la alcaldesa ha acudido el abogado Enrique Sánchez, miembro del despacho Guerrero, al no poder asistir el letrado Salvador Guerrero Palomares. El letrado que ha hecho la sustitución fue el asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Marbella, bajo el mandato anterior de la alcaldesa, como jefe de la asesoría jurídica. Asimismo, Sánchez, pertenece al Comité Ejecutivo del PP de Marbella.
“Estamos convencidos de que cuando su agenda se lo permita, el juez remitirá de inmediato al Supremo los dos asuntos judiciales”, ha expuesto Bernal para referirse no sólo al ‘caso PGOU’, sino también al caso de los contratos de altos cargos del PP que también instruye Dívar y por el que fue denunciada la actual alcaldesa. No obstante, en esta última causa, a diferencia de la primera expuesta, hay ya diez personas investigadas (antes imputadas).
“El juez instructor, sin duda entiende nuestro abogado, por falta de tiempo no ha podido contestar a la petición del fiscal ni a la del PSOE para que la causa se traslade al Supremo”, ha incidido el líder de la oposición en el Consistorio marbellí.
La representación letrada de los socialistas ni siquiera ha estado presente en las declaraciones de cuatro testigos que se han celebrado este miércoles. Bernal ha explicado que, de haber asistido Benítez de Lugo a los interrogatorios, se hubiera interpretado como que “asumimos la competencia de este juez instructor”.
Bernal se ha asegurado que está “convencido de que la alcaldesa, personada en la causa, intentará usar vericuetos procesales para lograr que se anule todo lo actuado”.
Otras fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial han criticado la decisión de los socialistas en cuanto a negarse a acudir a las comparecencias judiciales de este miércoles: “ellos están personados en esta causa y por respeto al juez deberían haber comparecido. Si creen que este no eso el tribunal competente que se aparten de la acusación haciéndolo constar, pero mientras estén en el procedimiento cono abogado y procurador, el no ir a una diligencia acordada por el juez no parece razonable”, reprochan.
Asimismo apuntan que el PSOE pudo haber recurrido la providencial del juez que señaló las cuatro testificales y no lo hizo. Otra opción que plantean las citadas fuentes es que el letrado Benítez de Lugo podía haber acudido ante Dívar, pedir la palabra y “reiterar la solicitud de suspensión”.
Declaraciones de dos exconcejales como testigos
Por su parte, la exconcejal Susana Radío ha señalado a un grupo de periodistas tras testificar ante el juez instructor que su grupo municipal desconocía que “se hubieran realizado cambios de última hora” en la documentación relacionada con el PGOU de 2010. “A día de hoy aún no sé en qué han consistido esas modificaciones entre lo que se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo y lo que, finalmente, se ha tramitado”, informa Europa Press.
El exconcejal del PP Diego Eyzaguirre ha asegurado que los hechos que investiga el juez ocurrieron “hace nueve años”. “No me acuerdo de nada”, ha apuntado, indicando que era el concejal de Tráfico “y estábamos en el día a día del trabajo”. “Me dijeron que hubo un problema a posteriori y yo confié en los técnicos de Urbanismo. Yo no soy técnico de Urbanismo y estaba en lo mío. Si me tuviera que acordar de todo, tendría una mente privilegiada“, ha indicado tras comparecer ante el juez.
Además de los dos exediles también han comparecido como testigos dos funcionarias municipales, dependientes de la Secretaría del Ayuntamiento de Marbella, que estuvieron presentes en el pleno del 29 de julio de 2009.