El alcalde de Marbella, José Bernal, este lunes poco antes de iniciar su rueda de prensa. Foto/ marbellaconfidencial.es
El alcalde de Marbella, José Bernal, considera que hubo “delito” por parte del anterior equipo de gobierno del PP, que presidió Ángeles Muñoz, por su actitud de “omisión”, no sólo al dejar prescribir multas urbanísticas, sino también en aquellas que no han prescrito, pero nunca se ejecutaron finalmente, como es el caso de la que recayó sobre el empresario Tomás Olivo.
Bernal ha reaccionado de esta forma al ser preguntado por los hechos desvelados este domingo por Marbella Confidencial, en relación a la multa que el PP dejó sin ejecutar, contra el empresario Tomás Olivo, y que sobrepasaba el millón de euros. Cabe aclarar que esta sanción no se encuentra entre las que prescribieron y el Consistorio marbellí aún tiene margen para cobrarla, según fuentes oficiales consultadas.
“Totalmente reprochable”
El primer edil ha calificado como “totalmente reprochable” la conducta de los exgobernantes y ha aportado nuevos datos. Bernal sostiene que el montante de dinero que tendría que haber ingresado en las arcas municipales, por multas que no se pagaron, supera ya con creces los 9,7 millones iniciales de los que alertó el regidor, en octubre de 2015, cuando dieron a conocer estos hechos.
“El buscar una fórmula, sin un criterio establecido, que inicialmente haya hecho que este municipio perdiera más de nueve millones de euros a mí me parece un delito, y por eso se está trabajando desde la asesoría jurídica para buscar responsabilidades de aquellos que decidieron, en determinados momentos, no ejecutar mutas millonarias que beneficiaban al municipio de Marbella”, ha denunciado el dirigente socialista.
Muchas más prescripciones de expedientes desde noviembre
Bernal sostiene que “desde noviembre hasta hoy en día ha habido muchas más prescripciones, cuando se ha comenzado a trabajar en los casi mil expedientes que estaban en Urbanismo y que algunos habían caducado”. Afirma que la caducidad conllevaba la prescripción.
El munícipe marbellí ha definido así lo que propició, a su juicio, el modus operandi de los exgobernantes conservadores: “la ciudad no recibía un dinero que le pertenecía y determinadas personas se libraban de una multa importante”.
La intención del equipo de gobierno es comunicar, “en breve espacio de tiempo” el número total de expedientes prescritos y el importe total perdido, así como acompañar este anuncio de “las oportunas medidas judiciales”, en alusión a trasladar a la Fiscalía de Málaga tales hechos, protagonizados por el anterior Ejecutivo del Partido Popular.
Al ser preguntado si vería viable abrir una comisión de investigación municipal sobre las multas que el PP dejó prescribir, el alcalde ha reconocido que este tipo de iniciativas “son complicadas en cuanto al concepto de comisión de investigación, pero comisiones técnicas todas son positivas y abiertas”.
Partidario de una comisión de investigación
Bernal ha recordado la propuesta de “auditoría ciudadana”, que ya había en marcha, en el marco de la cual se podría analizar toda la documentación urbanística relacionadas con las multas prescritas, “e incluso profundizar más en posibles delitos que hubieran cometido, porque estoy más que seguro de que se cometió un delito, al no haber criterios específicos para ordenar los expedientes”, ha enfatizado.
El regidor ha querido lanzar esta pregunta en voz alta, dirigida hacia los anteriores gobernantes que lideró Ángeles Muñoz como alcaldesa: “¿Por qué a una sociedad, con una multa de un millón de euros, lo dejan prescribir en el tiempo y a una familia con dificultad de recursos le han puesto una multa por arreglar una ventana, en un edificio de la Plaza de Toros?”, algo que para Bernal es “completamente injusto”.
A su juicio habría que preguntar al PP “por qué caía el peso de la ley ante aquellos que menos tenían en esta ciudad y, sin embargo, había manga ancha hasta la prescripción, cuando las multas eran importantes”, en clara alusión a la empresa de Tomás Olivo, propietario de La Cañada, sancionada.
Bernal ha aprovechado para recordar que “uno de los asuntos judiciales importantes de la legislatura anterior vino, justamente, por no firmar determinados expedientes, y la omisión también es un delito”, ha reiterado en alusión al llamado ‘caso Funky Buddha Beach’.
