El arquitecto Manuel González Fustegueras, redactor del PGOU de Marbella anulado, en imagen de archivo. Foto/ MARBELLA IMAGEN
Manuel González Fustegueras, el urbanista encargado de redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella vigente desde 2010 y que ahora ha sido anulado por el Tribunal Supremo (TS), defiende las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha subrayado que este planeamiento era “oportuno, legal y bueno”.
Un documento el de la revisión de 2010 que debía devolver a Marbella seguridad jurídica y que supuso la regularización de 16.500 viviendas construidas ilegalmente durante 16 años de gobiernos del GIL. De los últimos acontecimientos, dice tener la sensación de que o bien “en Marbella no ha pasado nada o hay que tirar más de 16.000 casas”.
El redactor del PGOU de Marbella ha hecho hincapié en que “no existe una decisión unánime, sino que hay un tribunal –en referencia al TSJA– que consideró que el plan era oportuno, legal y bueno”.
En suma, según ha resaltado a Europa Press González Fustegueras, “hay una divergencia jurídica porque el Supremo viene a anular decisiones del TSJA”, tribunal con el que ha dicho “alinearse”, ya que “tiene mucha más razón de ser y está más cerca de las circunstancias y los problemas con los que hemos tenido que lidiar”.
Así, partiendo de que el PGOU marbellí tuvo que atender a un contexto excepcional, con miles de viviendas que habían sido construidas contraviniendo el planeamiento entonces vigente, de 1986, ha dejado claro que los mecanismos que propuso el nuevo plan para regularizar 16.500 casas “se ajustaban al modelo de territorio que se estaba proponiendo en general para Marbella, no era por la cara”.
Un modelo urbanístico al que había que ajustarse, ha subrayado González Fustegueras, y, de hecho, “las viviendas que no lo hicieron, no fueron regularizadas –1.500–“. Además, ha resaltado, dotaba a la ciudad costasoleña de “los espacios libres y equipamientos necesarios”.
Viviendas irregulares
Sobre las 16.500 viviendas irregulares para las que el documento anulado sí establecía un sistema de normalización mediante compensaciones y que ahora se quedan fuera de ordenación, González Fustegueras ha advertido de que ahora “están en una situación mucho peor que con el plan”.
Respecto a la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, uno de los motivos en los que el Supremo basa su decisión de anular el PGOU marbellí, el urbanista ha admitido que le “sorprende muchísimo”, ya que “era algo que no estaba vigente en Andalucía y, de hecho, no ha estado vigente hasta este verano; me alineo, por tanto, con las tesis del TSJA”.
En tres sentencias distintas difundidas este pasado miércoles, el Supremo estima los recursos de una comunidad de propietarios y de dos sociedades contra otras tantas sentencias del TSJA, que rechazaron en su momento sus impugnaciones contra el nuevo plan.
Además, este jueves se ha conocido una nueva sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol Occidental, elaborado por la Junta de Andalucía.
