El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, este lunes en rueda de prensa. FOTO/ CABANILLAS
Suma y sigue en el marco de la estrategia emprendida por el equipo de gobierno municipal de Marbella, del Partido Popular, para minimizar al máximo los efectos de la sentencia del TSJA que anula el acuerdo plenario, aprobado en septiembre de 2017, vinculado al Texto Refundido del PGOU de 1986.
Este lunes, tras la junta de gobierno local, su portavoz, Félix Romero, ha expuesto que el fallo jurídico, adelantado el pasado viernes por Marbella Confidencial, “no tiene efectos prácticos en el urbanismo” de la ciudad. De hecho, la tranquilidad que transmite el Ejecutivo que preside Ángeles Muñoz que ni siquiera tienen claro que vayan a presentar un recurso de casación, ante el Supremo. De no hacerlo, el fallo del alto tribunal andaluz adquiriría firmeza inmediata para ser ejecutado.
Romero esgrime que “al no ser ejecutiva la sentencia siguen en vigor las normas del Texto Refundido, hasta tanto no haya una ejecutoria”.
“Se trata de un procedimiento judicial que se ha pronunciado sobre una cuestión meramente formal”, ha apuntado Romero a preguntas de los periodistas en rueda de prensa.
En línea con la delegada de Urbanismo, Kika Caracuel, el primer teniente de alcalde argumenta que “cuando hablamos de un texto refundido no hablamos de una normativa nueva, es ordenar y sistematizar una normativa que ya estaba aprobada”.
Así pues, ha recalcado Romero, “el efecto práctico no se va a notar a efectos del funcionamiento de la propia Corporación”. En este punto, ha dado a conocer que los servicios jurídicos municipales “estudian cómo se solventa este problema de forma”.
Al equipo de gobierno, ha proseguido el edil, le interesa “trasladar que el efecto práctico es nulo porque las normas urbanísticas que se trasladan al Texto Refundido siguen estando en vigor”.
Ha aprovechado para recordar que cuando PP y OSP tomaron tal decisión “no fue planteado de forma caprichosa por la Corporación, sino tras un informe jurídico de setenta páginas”, ha explicitado Romero.
Al ser preguntado sobre si se han planteado sacar a exposición pública el documento y hacer el trámite correcto, Romero ha respondido que “eso es lo que se está estudiando”.
“Para nosotros es interesante tener ese Texto Refundido y a lo mejor es cuestión es revisar de oficio ese acuerdo de Pleno. Todo se está analizando a nivel de asesoría jurídica con los abogados”, ha reiterado.
En relación a la incertidumbre que pueda acarrear esta sentencia en el urbanismo local, Romero dice no estar preocupado al respecto: “hay mucho interés en invertir y la prueba son las licencias que se traen cada día”, ha presumido.
A modo de conclusión, el portavoz ha llegado a decir que “esta sentencia viene a decir que el acuerdo de abril de 2017, [aprobado por el anterior gobierno del PSOE] “debió anularse primero”.
