A la desesperada y con escaso margen de maniobra en los últimos recursos. De esta forma intenta el secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Antonio Rueda, a su vez todopoderoso jefe de la asesoría jurídica, evitar in extremis que el exjefe de la Policía Local Rafael del Pozo, con su condena de inhabilitación en ‘Malaya’ ya cumplida, pueda regresar a su plaza en el citado cuerpo de seguridad. Todo ello tras dictarse a su favor un auto de ejecución de sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que legitima su regreso al Consistorio marbellí.
Tal y como adelantó Marbella Confidencial días atrás, el Ayuntamiento anunció la interposición de un recurso de súplica, así como su intención de solicitar la nulidad del auto que daba la razón a Del Pozo. Ahora, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio digital, el abogado Alberto Peláez, bajo supervisión directa del secretario municipal, ha interpuesto el citado recurso de súplica.
Distintas fuentes jurídicas ajenas a este procedimiento, consultadas por esta redacción, coinciden en que una vez dictado el auto de ejecución de sentencia el frente judicial que ha emprendido el Ayuntamiento de Marbella, con el recurso de súplica y la solicitud de nulidad de la citada resolución, tiene escasos visos de prosperar.
Algunos juristas llegan más lejos, al interpretar como “una rabieta” del secretario municipal esta estrategia a la desesperada, tras el varapalo que supuso para sus tesis el citado auto que respaldaba a Del Pozo a reincorporarse. Rueda propuso su despido y la pérdida, definitiva, de su condición de funcionario.
Contestación de la Audiencia al Ayuntamiento
La contestación de la Audiencia al recurso de súplica llegó por parte del letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial), Francisco Hernández Díaz-Noriega, quien rechazó el escrito para que fuese debidamente ampliado en su contenido. El pasado 3 de mayo Peláez, junto a la procuradora del Ayuntamiento, Amalia Chacón, presentaban otro escrito, en este caso de reposición, frente a la diligencia de ordenación fechada el 26 de abril, en la que el citado secretario judicial rechazaba su recurso de súplica.
Los letrados del Ayuntamiento de Marbella también reclamaron la nulidad del auto dictado por la Sala de ‘Malaya’ el 6 de abril, por no habérseles notificado un escrito de la defensa de Del Pozo.
“Hemos recurrido un Auto de la Sala y es la Sala la que debe determinar el efecto de nuestro recurso. Si es la nulidad de lo actuado desde que se produjo el vicio de nulidad, la Sala es el órgano que ha de ordenar el alcance de la nulidad y, en su caso, proveer el traslado del escrito presentado por la representación procesal de Rafael del Pozo. Ningún otro traslado que no sea el ordenado por la Sala habría de tenerse por hecho”, reza el escrito del Ayuntamiento, fechado el pasado 3 de mayo, en el que la asesoría jurídica municipal muestra su disconformidad con que sea el secretario judicial quien les contesta, y no el tribunal que preside Godino.
“Procedería, por tanto, la pura y simple admisión del recurso de súplica , no pudiendo quedar sujeta dicha admisión a una ampliación del recurso”, señalan Chacón y Peláez, en claro reproche al secretario judicial. Ambos van más lejos al afirmar que la iniciativa del letrado de la Administración de Justicia “carece de amparo legal”.
El enfado de los letrados municipales con el secretario judicial de la Sección Primera se resume así finalmente: “ni vamos a ampliar ningún escrito, ni recurso, ni damos por recibido ningún traslado, pues corresponde exclusivamente al Tribunal el determinar la nulidad, su alcance y decidir, en su caso, el traslado del escrito, dándonos plazo para pronunciarnos y sanar así el reiterado vicio de nulidad”.
Por todo ello formulan un recurso de reposición, frente a la diligencia del secretario judicial, de la que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal, y piden que se acepte el recurso de súplica inicialmente interpuesto, para que decida la Sala.
Así pues, la posible reincorporación de Del Pozo a la Policía Local se ha convertido en un laberinto judicial por esta maraña de recursos, así como en una patata caliente para el alcalde, José Bernal, y el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna. Ambos desvían siempre cualquier poder decisorio hacia el secretario municipal. Continuará…