El equipo de gobierno local de Marbella, regido por Partido Popular y Opción Sampedreña, no tiene claro si la fiscalización que va a emprender la Cámara de Cuentas sobre este Ayuntamiento, en relación con los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados durante 2018 se ha hecho de forma “aleatoria” o por “acuerdo” adoptado por el citado órgano autonómico, según ha explicado el portavoz municipal Félix Romero.
La reacción del también primer teniente de alcalde del PP se ha producido este lunes, durante la rueda de prensa posterior a la habitual junta de gobierno local semanal.
Aunque al contestar a la pregunta sobre si conocía la citada disposición de la Cámara de Cuentas, dada a conocer el domingo pasado por la agencia Europa Press, Romero la ha situado en el ámbito de lo aleatorio, poco después ha dejado abierta la posibilidad de que fuera un acuerdo ex profeso.
“Esto es una fiscalización que se realiza de forma periódica, por parte de la Cámara de Cuentas, que deciden aleatoriamente en municipios de gran población, donde hacen o no hacen una determinada inspección de una determinada materia. No sé si en este caso ha sido así, aleatoriamente, o ha habido un acuerdo”, ha dudado el portavoz del PP.
Acto seguido, el exparlamentario andaluz por Málaga ha querido dejar claro que “lo que sí sé es que nosotros le tenemos el máximo respeto a cualquier órgano de la administración, pero no tenemos ninguna prevención en el sentido de que todo lo que se ha hecho aquí [en el Ayuntamiento de Marbella] se hace correctamente”.
VÍDEO.- ÚLTIMA HORA.- El portavoz del @PPMarbellaSP, @_FelixRomero, enmarca dentro de un proceso “aleatorio” que la Cámara de Cuentas de AndAlucía vaya a fiscalizar los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de deuda asumidos por el @Ayto_Marbella en 2018. pic.twitter.com/NrV0B8u5hJ
— marbellaconfidencial (@marbellaconfi) March 11, 2019
El munícipe marbellí ha explicado que el “reconocimiento de créditos extrajudiciales” es una técnica que se realiza en todos los ayuntamientos a principios de año, “porque resulta imposible terminar con las facturas dentro de plazo y eso significa que pasen al siguiente presupuesto y tengan que ser realizados por esta técnica”.
En nombre de los dos socios de gobierno a los que representa (PP y OSP) Romero ha defendido que “todos” los citados expedientes se han tramitado en base a los “informes correspondientes” de los funcionarios habilitados, “conforme a lo que la ley nos indica”.
Por todo ello, considera como “perfectamente normal” que la Cámara de Cuentas, “en el ámbito de sus funciones nos haga inspecciones”, de ahí que haya ofrecido públicamente “cualquier información que necesiten”.
Romero ha aprovechado para recordar que el Ayuntamiento de Marbella, “dado su volumen”, “tiene la obligación de enviar sus cuentas a la Cámara de Cuentas cada año”.
A la hora de explicar a la ciudadanía los hechos por los que se fiscalizan estos expedientes, el primer teniente de alcalde ha dicho que “se trata de lo mismo”, ya sea “recomocimiento extrajudicial de crédito o de deuda”. Romero ha aclarado que esta figura se puede dar cuando, por ejemplo, surge un imprevisto, “como una riada” y hay que sacar un partida no existente en los presupuestos municipales.
Ante las dudas que tiene Romero sobre en base a qué motivos se ha encargado esta fiscalización sobre Marbella, cabe recordar que fuentes de la Cámara de Cuentas explicaron a Europa Press, el pasado domingo, que las actividades incluidas en el plan de actuaciones de la entidad se acuerdan por iniciativa del propio organismo y atendiendo a “criterios técnicos”.
Asimismo, el plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas para 2019 contempla la fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia en la Diputación Provincial de Huelva durante 2018, la fiscalización de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental (Málaga), y un análisis de los aspectos relacionados con la ciberseguridad en el Ayuntamiento de Málaga durante 2018.
Se trata de actuaciones incluidas por la Cámara de Cuentas en su plan de trabajo para este año 2019, junto a otras en el ámbito del sector público de la Junta de Andalucía como una fiscalización de las partidas presupuestarias destinadas en 2018 a la enseñanza privada y concertada.
Fiscalización sobre el Instituto Andaluz de la Mujer
La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene previsto llevar a cabo a lo largo de este año 2019 una fiscalización operativa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) relativa al pasado año 2018, así como las políticas en materia de violencia de género, con “especial referencia a las medidas adoptadas por la Administración de Justicia” en 2017.
El presidente del citado órgano fiscalizador, Antonio López, entregó el pasado martes a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2017, la Memoria de la Cámara de Cuentas de 2018 y el referido Plan de Actuaciones de 2019, aprobado recientemente por el Pleno de dicho organismo.
La fiscalización de las políticas en materia de violencia de género estaba ya contemplada en el plan de actuaciones de 2018, si bien el presidente de la Cámara de Cuentas explicó el pasado martes, a preguntas de los periodistas tras reunirse con Bosquet, que el órgano que preside lo había “reformulado” y ha quedado reprogramado para este año 2019, que es cuando se va a “empezar a hacer”.
Dentro del bloque de actuaciones del sector público de la Junta figuran las iniciativas de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2018, de los Fondos de Compensación Interterritorial de dicho año, y de las partidas presupuestarias destinadas a la enseñanza privada y concertada, también de 2018.
Igualmente, la Cámara de Cuentas pretende fiscalizar, siempre en relación a 2018, la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, el programa presupuestario 44E ‘Gestión del Medio Natural’ y “determinadas ayudas a la agricultura y la ganadería”, así como llevar a cabo una revisión de los controles básicos de ciberseguridad en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
Otras actuaciones de fiscalización de la Cámara de Cuentas incluidas en su plan de 2019 afectarán a las subvenciones nominativas concedidas “por determinadas consejerías y agencias de la Junta de Andalucía”, y a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.
Actuaciones sobre el sector público local
El bloque de actuaciones relativas al sector público local incluye el Informe anual sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz relativo a 2017, además de la fiscalización de la gestión recaudatoria durante 2018 de las diputaciones provinciales de Cádiz, Huelva y Sevilla, así como de “determinadas áreas” de los ayuntamientos de Vélez-Málaga (Málaga), Linares (Jaén), El Puerto de Santa María (Cádiz) y Almuñécar (Granada).
También, la Cámara de Cuentas pretende realizar una fiscalización de los ayuntamientos de Mairena del Alcor (Sevilla), Lepe (Huelva), Martos (Jaén) y Priego de Córdoba (Córdoba), así como una de “regularidad” de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa), de 2018.
La Cámara de Cuentas también prevé fiscalizar la gestión durante 2018 de los recursos humanos de cuatro ayuntamientos con población entre 20.000 y 50.000 habitantes –en concreto, Lebrija (Sevilla), Rota y Puerto Real (Cádiz), y Rincón de la Victoria (Málaga)–, así como los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados el pasado año por los ayuntamientos de Jaén, Marbella (Málaga), Almería y Córdoba.
A estas actuaciones se incluyen otras dos que han sido “reprogramadas”; en concreto, la fiscalización de “determinadas áreas” de los ayuntamientos de Mijas (Málaga) y Jerez de la Frontera (Cádiz).