El fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo en imagen de archivo. FOTO/ La Opinión de Málaga
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, formado por PP y OSP, ha acordado dirigirse a la Fiscalía de Área, cuyo fiscal jefe es Julio Martínez Carazo, el mismo del ‘caso PGOU’, para tener acceso a numerosas diligencias de investigación abiertas por el ministerio público sobre el Consistorio que preside Ángeles Muñoz. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial. Distintas fuentes jurídicas consultadas cifran en más de una docena, hasta cerca de una quincena, los procedimientos que tramita Carazo sobre la administración municipal.
Concretamente, fue en la Junta de Gobierno Local (JGL) del pasado 4 de septiembre cuando se llevó este asunto en el orden del día de dicho órgano. Sin embargo, para los gobernantes ‘populares’ y sampedreñistas no pareció tener la suficiente relevancia como para comunicarlo en la rueda de prensa posterior, que se celebra cada lunes tras la reunión del Ejecutivo, donde participan la alcaldesa y los tenientes de alcalde.
El punto noveno del orden del día de la JGL dice así: “Propuesta del director general de Alcaldía [Mario Ruiz] para personación y acceso del Ayuntamiento de Marbella en las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía de Área de Marbella, a los efectos de conocimiento de hechos y tramitación”.
Imagen del punto del orden del día (subrayado) de la Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Marbella, celebrada el pasado 4 de septiembre, en la que se acordó la propuesta para enviar a Fiscalía
Fuentes fiscales consultadas por este medio digital han mostrado su extrañeza y sorpresa ante la pretensión de los munícipes marbellíes de PP y OSP, por cuanto se trata de “investigaciones que tienen carácter reservado” y sobre las que no se informa a las personas que son objeto de tales pesquisas, como es el caso del Ayuntamiento de Marbella, o sus sociedades, así como personal de la administración municipal.
De hecho, las fuentes citadas aclaran que, en cualquier caso se podría informar de las actuaciones al “perjudicado”, como denunciante, no al investigado, papel que tendría la administración municipal.
Como ya es sabido, el plazo de la Fiscalía una vez que abre unas diligencias de investigación, ya sean de oficio o tras una denuncia, es de seis meses hasta que decide archivar o dar traslado a un juez ordinario, en caso de apreciar indicios de delito. Es entonces, ya en un juzgado de instrucción, cuando se informa al investigado.
De forma excepcional, como ocurrió con la denuncia del ‘caso PGOU’ presentada por una plataforma ciudadana, el fiscal puede prorrogar el plazo de investigación, tras la autorización pertinente de la Fiscalía General del Estado.
En la propuesta del director general de Alcaldía, Mario Ruiz, que se elevó a la JGL del pasado 4 de septiembre y que reproducimos en esta información en su integridad para nuestros lectores, se recoge que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de “la existencia de diligencias de investigación seguidas a instancia de la Fiscalía de Área de Marbella, a través de distintas solicitudes de información”, recibidas desde 2015 hasta ahora y sobre las que “se ha venido dando debida cumplimentación y contestación a la autoridad judicial”.
Es obvio que aunque al Ayuntamiento no se le informe sobre las investigaciones en curso, cuando la Fiscalía envía peticiones de documentos por escrito los gobernantes conocen, de forma automática, que el ministerio público indaga.
Un ejemplo de lo anterior es el caso destapado el pasado 10 de julio por Marbella Confidencial sobre una empresa adjudicataria habitual de los gobiernos de Ángeles Muñoz (Codecosol S.L.) cuyas obras de un Plan de Barrios de 2013 investiga el fiscal Martínez Carazo. Por el momento sólo el fiscal de Área conoce quién es el denunciante.
Desde el equipo de gobierno atribuyen la mayoría de las investigaciones de Fiscalía a denuncias del PSOE. Si bien es cierto que el exalcalde José Bernal reconoció, públicamente, haber denunciado ante Fiscalía determinadas actuaciones del PP que se encontró al llegar, pero no ha concretado por completo, el ahora portavoz socialista y candidato a la Alcaldía negó estar detrás del llamado ‘caso Codecosol’ por las obras del Plan de Barrios de 2013.
Escrito del Director General de la Alcaldía by MarbellaConfidencial on Scribd
El portavoz del gobierno local, Félix Romero, no supo precisar la propuesta
El pasado lunes, durante la rueda de prensa del portavoz del equipo de gobierno local, Félix Romero, este medio digital preguntó al también primer teniente de alcalde, abogado de profesión, hasta qué punto era factible esta personación del Ayuntamiento ante Fiscalía, dado el carácter reservado de las investigaciones.
Romero contestó que no podía concretar ningún extremo “porque tengo mis conocimientos un poquito oxidados quizás”. No obstante, Romero cree que “al final será la asesoría jurídica la que dirá si se puede o no se puede”.
VÍDEO.- Respuesta del portavoz del gobierno del @Ayto_Marbella, @_FelixRomero, a preguntas de @marbellaconfi sobre la pretensión del bipartito PP-OSP de tener acceso a investigaciones reservadas de la Fiscalía de #Marbella pic.twitter.com/m6cacjEqdM
— marbellaconfidencial (@marbellaconfi) September 12, 2018
El edil conservador considera que “si se ha llevado a junta de gobierno local un acuerdo de este tipo, lo que sí le garantizo es que llevará los informes jurídicos pertinentes, porque se testa por parte de un habilitado nacional, que es la titular del órgano de apoyo y el expediente está completo”. Romero no pudo precisar cuántas diligencias hay abiertas en Fiscalía que afecten al Ayuntamiento.
Marbella Confidencial se ha puesto en contacto con el director general de Alcaldía de Marbella, Mario Jiménez, abogado de profesión y autor de la propuesta elevada a la JGL. Este jurista ha destacado que en su escrito invoca una circular de noviembre de 2015, firmada por la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.
“Sobre la base de esta circular lo que dice el Tribunal Supremo es que hay que conjugar el derecho a la transparencia y acceso a las actuaciones públicas con la propia necesidad de que la labor investigadora del fiscal en ese momento es meramente investigadora y que no afecta a la investigación”, señala Ruiz.
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al director general de Alcaldía,Mario Ruiz, en imagen de archivo. FOTO/ MC
El alto cargo municipal sostiene que a la hora de resolver estas peticiones de acceso a diligencias “el fiscal, en primer lugar, tiene que hacer un ejercicio de ponderación en el que valore que hay un interés legítimo, en este caso sería el Ayuntamiento, al que se le ha pedido documentación de actuaciones municipales”.
En segundo lugar, apunta Mario Ruiz, “que no vaya a afectar el acceso a las diligencias para conocer el estado de las mismas”. En este punto, aclara que desde el Consistorio marbellí “lo que vamos buscando es saber qué diligencias de investigación están archivadas”.
Ruiz lamenta que, “como al pasar los seis meses de plazo de las diligencias de investigación, si son archivadas y no pasan a un juez como diligencias previas no te lo comunican, tenemos quince o dieciséis diligencias de investigación que no sabemos qué ha pasado con ellas”.
Quien fuera también director general de Urbanismo de Marbella, entre 2011 y 2015, bajo mandato de la actual regidora, recalca que el afán del equipo de gobierno es acceder a dichos expedientes “para que el fiscal nos diga cuáles están archivados, al no saber el devenir judicial”, concluye Ruiz.
