La exregidora y senadora, Ángeles Muñoz, junto al edil Félix Romero, en un momento del Pleno. FOTO/ JAVIER MARTÍN
El caso de las supuestas falsificaciones de 22 planos utilizados en la elaboración del PGOU de 2010, en vigor hasta finales de 2015, ha saltado a la escena política en el Pleno de septiembre, que se ha desarrollado este viernes, el primero que la Corporación municipal celebraba después de conocerse que Fiscalía sospecha que la exregidora, Ángeles Muñoz, pudo participar en las presuntas modificaciones.
Lo ha hecho a colación de una moción presentada precisamente por el PP y defendida por Muñoz en la que la formación conservadora instaba al Equipo de Gobierno a que facilitara al resto de fuerzas representadas en la Corporación la documentación relacionada con el caso que el Ayuntamiento ha elevado al Fiscal. El PP impulsó la moción, que el portavoz Félix Romero hizo pública el 23 de septiembre, tras considerar que el Equipo de Gobierno no incluyó entre los documentos un escrito que, según indicó, acreditaría que las alteraciones las consensuaron el equipo redactor del PGOU y la Junta de Andalucía en 2009 y no la exalcaldesa, bajo cuyo mandato se aprobó el planeamiento.
Muñoz ha comparado la gestión del tripartito en este asunto con “las épocas negras en las que todo valía para conseguir mantenerse en el poder” en alusión a los gobiernos del GIL. “Valía mentir, valía calumniar, sobre todo a los adversarios políticos, y valía perseguir a aquellos que hacían frente a los atropellos. Este fue el único grupo que se mantuvo firme y lo sufrimos muchas veces. Pensábamos que esa época ya había pasado y que la política volvía a tener dignidad, pero nos equivocábamos. No contábamos con su presencia”, ha indicado la senadora y presidenta del PP local en alusión al tripartito.
Muñoz ha acusado al Equipo de Gobierno de “poner en entredicho” la seguridad jurídica y urbanística del municipio para “dañar la gestión del PP y, por supuesto, la mía” y ha vaticinado que la estrategia que, según ella, sigue el tripartito para desacreditarla “saldrá mal”.
“Es absoluta y rotundamente falso que se falsificara un Plan General. La verdad sólo tiene un camino. Trabajamos mucho todos los técnicos urbanísticos, los habilitados nacionales, el área de informática. La justicia actuará y seguirá su camino”, ha añadido la exregidora.
Muñoz ha acusado expresamente al alcalde, José Bernal, y el portavoz municipal, Javier Porcuna, de “no estar a la altura ni sentirse cómodos en el sillón” por anunciar que planos del PGOU de 2010 se falsificaron.
“Su estrategia política es ir contra los que gobernaron antes que ustedes y que lo hicieron bastante mejor”, ha indicado la senadora.
El portavoz del PSOE, Javier Porcuna, ha presentado una enmienda de sustitución para consultar al Juzgado de Primera Instancia qué documentación se puede facilitar a los grupos municipales y cuál está vedada. La enmienda del PSOE no ha prosperado al ser rechazada por el PP y la marca local de Podemos, Costa del Sol Sí Puede (CSSP).
Similitudes con el caso de Rita Barberá
Porcuna ha comparado la situación de Muñoz con la de la exsenadora territorial del PP por Valencia, Rita Barberá. “Como senadora, se le ha pedido un suplicatorio al Tribunal Supremo. Es un caso muy similar al de Rita Barberá”, ha señalado Porcuna, cuyas declaraciones han provocado el murmullo entre los concejales del PP.
El portavoz de IU, Miguel Díaz, ha diferenciado el plano judicial y político del caso. Del primero ha dicho que no “compete al Pleno” y del segundo ha reivindicado que su formación y el gobierno tripartito siempre han defendido “que ni un metro de Marbella fuese a otro municipio que no le corresponde legítimamente”. “A día de hoy es un objetivo cumplido porque se ha archivado el expediente del deslinde. Marbella tiene lo que le corresponde”, ha apuntado. “Las cuestiones judiciales, ahí están. Los órganos competentes tendrán que actuar y dejémosles trabajar sin interferencias”, ha agregado.
El concejal de la marca local de Podemos, José Carlos ‘Kata’ Núñez, ha indicado que la propuesta del PP no es una moción que deba debatir la Corporación municipal, sino “una petición que se solicita por escrito”.
El portavoz de OSP, Rafael Piña, ha recordado que Fiscalía solicitó la documentación a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que éstos remitieron los datos a aquélla. “No sabemos si la información entre ambas partes se podrán hacer públicas y extender a todo el mundo. Alguien lo tendrá que decidir y cuando tengamos conocimiento de qué se puede y qué no, así nos refrendaremos”, ha apuntado.
La propuesta del PP se ha rechazado con los votos de los tres partidos del Gobierno de coalición, PSOE, IU y Opción Sampedreña, y Podemos.
