El llamado ‘caso PGOU’ se reactiva este miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella con la declaración de cuatro testigos: Se trata de dos funcionarios municipales, así como de dos exconcejales de PP y PSOE: Diego Eizaguirre y Susana Radío respectivamente.
Tras ordenar la Audiencia de Málaga la reapertura de este procedimiento penal al juez instructor, Gonzalo Dívar, después del archivo provisional decretado, se investiga un presunto delito de falsedad documental relacionado con el acta del pleno celebrado el 29 de julio de 2009 en el Ayuntamiento de Marbella, sesión que supuso la aprobación provisional del PGOU 2010.
Después de la defunción del que fuera inicialmente denunciado en la causa, el exsecretario municipal Javier de las Cuevas, la acusación del fiscal de Área, Julio Martínez Carazo, ya sólo puede ir dirigida contra la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz. Como ya es sabido, al ser ella aforada, por su condición de senadora, no puede ser investigada en estas actuaciones. De hecho, Carazo solicitó el pasado 13 de abril al juez Dívar que enviara las actuaciones al Tribunal Supremo (TS).
El escrito del ministerio público, al que tuvo acceso en su integridad Marbella Confidencial, recoge que “se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud, para considerar la presunta participación de Ángeles Muñoz Uriol en el delito investigado de falsedad documental”. Así pues, añade el fiscal, “procede remitir las presentes actuaciones, mediante exposición, a la Sala Penal del Tribunal Supremo”.
En el documento, de dos folios de extensión, el fiscal mostraba su oposición a las intenciones de la representación letrada de la alcaldesa en cuanto a archivar este caso.
“No se hubiera faltado a la verdad en la narración del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Marbella de fecha 29 de julio, si la Sra. Alcaldesa, Ángeles Muñoz, hubiera informado al Pleno y sometido a la votación de este, una cuestión tan trascendente como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”.
La ronda de declaraciones testificales prevista para este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, supondrá la entrada en escena del nuevo abogado del grupo municipal socialista, Mariano Benítez de Lugo, veterano jurista que consiguió convencer al tribunal que juzgó la pieza principal del ‘caso Gürtel’ en la Audiencia Nacional para que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy prestara declaración como testigo. En la sentencia los tres magistrados coincidieron a la hora de dudar de la veracidad de la declaración del también presidente del PP.