El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, poniéndose su casco de moto al salir de los Juzgados de Marbella este jueves sin hacer declaraciones a los periodistas FOTO: J.C.VILLANUEVA
El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro, ha atribuido a una “denuncia política” su imputación por un presunto delito de prevaricación. Lo ha hecho a preguntas del titular del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, Miguel Ángel Gómez Torres. Ha prestado declaración por espacio de dos horas en relación con la no paralización de las obras del club de playa Funky Budha Beach.
A su salida de la sede judicial Moro, visiblemente nervioso y malhumorado por la presencia de periodistas, se ha negado a hacer declaraciones. Ni siquiera ha abierto la boca para declinar hacerlas. A paso rápido, casi a la carrera, ha buscado su motocicleta y se ha puesto un casco inmediatamente para alejarse a toda velocidad y tratar de pasar desapercibido. De hecho, ha llegado con dos horas de antelación para evitar a los medios de comunicación. El magistrado mantiene la imputación contra el edil.
Ha sido el abogado del PSOE, Jaime Olcina, quien ha precisado la “línea fundamental de defensa” del concejal al achacar a los socialistas, personados como acusación popular, lo que Moro ha calificado como “una denuncia política previa a una convocatoria electoral”, en alusión a los comicios municipales de mayo de 2015.
Olcina ha anunciado que “se hace preceptivo llamar a declarar como testigo” al inspector de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Manuel del Río. El funcionario elaboró “hasta cuatro informes” contrarios a las obras que se llevaban a cabo en el citado club de playa.
Tal y como ha informado este jueves marbellaconfidencial, Del Río ha sido apartado recientemente de su puesto en Urbanismo y destinado a los Servicios Operativos, lo que ha causado un gran malestar en el seno de los sindicatos con representación municipal, ante “posibles represalias por cumplir con la legalidad”, afirman fuentes sindicales.
En la declaración de Moro, de ocho folios de extensión, a la que ha tenido acceso este medio digital, el edil niega cualquier relación con la empresa Adventure Beach y su máximo responsable, el empresario de la noche Juan Carlos Ferrero. También niega vínculos con la mercantil Mercurium, propietaria de los terrenos donde se asienta el club de playa.
En relación al hecho de que no firmara los decretos para paralizar las obras, Moro ha respondido al juez que “es mucho el volumen de documentación que le llega a su despacho y son más de 5.000 expedientes al año”. Tardó dos meses en firmar.
El edil ha asegurado que, a veces, se le quedan “montañas de papeles” sobre su mesa. Esta afirmación no casa con la imagen que ha proyectado Moro en los últimos tiempos, junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, al presumir de la “gran agilización” que-afirman- hay en la delegación de Urbanismo sobre los expedientes que se tramitan. De hecho, llegaron a reforzar la plantilla con más contrataciones.
Moro apunta a los “errores” de los funcionarios y la “sobrecarga de trabajo”
De forma reiterada, el imputado se ha escudado en los técnicos de su área y a preguntas de su abogado, el jefe de la asesoría jurídica municipal, Enrique Sánchez, ha llegado a decir que “por supuesto se cometen errores por parte de los funcionarios y es conveniente estudiar con tranquilidad los expedientes”. Así ha tratado de justificar que no firmara diversas órdenes de paralización que le fueron requeridas.
Sostiene Moro que cuando le surge alguna duda le gusta comentarla con el director general de Urbanismo, Mario Ruiz, cuya imputación quedó suspendida al igual que la de la alcaldesa recientemente, tras una querella del empresario libanés Reda Alaywan.
El también teniente de alcalde ha precisado ante el juez que también le asesora el jefe del Servicio de Urbanismo, Enrique Arrabal. Moro ha ido a más al afirmar que “en todas las administraciones hay sobrecarga de trabajo y puede llevar a error, en algún momento de algún funcionario, así como demora en los procesos”.
En cuanto al hecho de que no se haya iniciado un procedimiento sancionador contra los infractores del Funky Budha, Moro también se ha descargado las responsabilidades. Él no ordena la incoación del expediente porque “son los técnicos desde el servicio de disciplina los que deben determinar la procedencia de iniciarlo”
La declaración judicial ha servido también para que el concejal, por iniciativa de su letrado, asegurara que el PSOE y otros grupos de la oposición han revisado “cada semana” el expediente de su vivienda particular, “durante todo el tiempo que ha durado la construcción”.
