La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Marbella, Beatriz Fernández, mantiene imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos al concejal de Playas del Ayuntamiento de Marbella, Antonio Espada, desde que el 19 de febrero de 2014 le tomara declaración en tal situación procesal. Los hechos, denunciados por el PSOE, guardan relación con los 271.558 euros que la empresa participada por Espada al cincuenta por ciento, Materiales de Construcción La Juanita S.L., facturó sin concurso público al Consistorio marbellí, tal y como publica este lunes el semanario ‘Viva Marbella’.
Según la información del citado rotativo impreso, el total de las facturas que giró la empresa de Espada al Ayuntamiento de Marbella entre los años 2006 y 2012 sumaron 675.982 euros. Sin embargo, de la citada cantidad 404.413 euros serían por concursos públicos y el resto (271.558 euros) es el desfase que se investiga.
A requerimiento de la magistrada que instruye este caso, la administración municipal aportó a la sede judicial un total de órdenes de pago a Materiales de Construcción La Juanita por un valor total de 645.694 euros. Se trata de unos 200.000 euros más de lo contemplado en los concursos públicos ganados por la empresa.
Estas adjudicaciones ya generaron una gran polémica en 2009, cuando la entonces portavoz municipal del PSOE, Susana Radío, alertó públicamente de las adjudicaciones a la empresa de Espada. En aquel entonces, la edil Francisca Caracuel aseguró que todo era legal, si bien anunció que no volverían a “invitar” a la mercantil de Espada a participar en los concursos.
Los socialistas también consideraron como supuestos responsables en su denuncia a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, así como al coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, pero la instructora rechazó su petición de tomarles declaración.
La imputación de Espada conocida este lunes arroja luz sobre los motivos que habrían movido a la alcaldesa y candidata del PP, Ángeles Muñoz, a no incluir de nuevo al edil en su lista electoral. De hecho, ya optó por descartar al concejal de Urbanismo, Pablo Moro, de su candidatura, por estar imputado y procesado, a la espera de juicio oral, por el llamado ‘caso Funky Buddha Beach’.