El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en imagen de archivo
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado este miércoles que la Junta ha puesto en marcha “todos los mecanismos jurídicos y urbanísticos” a su alcance para dar seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos e inversores afectados por las sentencias del Tribunal Supremo sobre el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental de Málaga y sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
Así lo ha manifestado ante el Pleno del Parlamento, donde ha comparecido sobre este asunto a petición del PP-A. Según ha expuesto Fiscal, la Consejería trabaja desde la colaboración institucional para que “en el menor tiempo posible se pueda contar con planeamientos conformes a la normativa vigente y a las necesidades del territorio, en el marco de un modelo justo y sostenible a largo plazo”.
Crear un modelo territorial equilibrado
Ha apuntado que se pretende crear un modelo territorial “equilibrado que genere proximidad, que apueste por una ciudad compacta y económicamente diversificada y sostenible, y que permita adecuar el ritmo de crecimiento a los recursos, las infraestructuras y el transporte público disponibles”.
En esta línea, ha avanzado que los distintos servicios técnicos de su departamento trabajan para aclarar las dudas que generan las sentencias del Supremo, así como para proponer soluciones y alternativas posibles. También ha incidido en que la Junta “acata y respeta” las sentencias del TS, sobre las que no cabe recurso.
Respecto al POT de la Costa del Sol Occidental de Málaga, aprobado en 2006, José Fiscal ha subrayado que las causas por las que el TS lo ha anulado responden a cuestiones “meramente formales” que “no entran en ningún momento en el fondo del plan”. No obstante, sostiene que, al tratarse de asuntos subsanables, “los servicios jurídicos de la Junta ya trabajan en su corrección”.
Igualmente, ha explicado que la Consejería va a aprovechar esta sentencia para revisar dicho planeamiento territorial “buscando el interés general, el consenso de todos y la coordinación de las políticas sectoriales y urbanísticas a desarrollar en el futuro”, por lo que ve que la sentencia “acelere” estos procesos como “una oportunidad”.
Con relación a la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, el consejero ha informado que el TS reconoce en sus resoluciones el excepcional contexto en el que se aprobó este PGOU, así como “el esfuerzo de las distintas administraciones para la regularización del modelo urbanístico de la ciudad”.
Ha señalado que tras los “desmanes” urbanísticos de la época de Gil, “se ha de trabajar para buscar la normalización urbanística y una solución a las viviendas ilegales, a través de un sistema de compensaciones asumidas por los promotores para proteger a los compradores de buena fe y reparar los daños ocasionados al municipio”.
No obstante, Fiscal ha destacado que el día a día urbanístico del municipio “queda garantizado” al existir un PGOU en vigor de 1986 y que se aplicó hasta el 2010. Además, ha subrayado que la Junta colabora con el Ayuntamiento de la ciudad “para que el municipio disponga cuanto antes de un planeamiento general conforme a la normativa vigente y que dote de un marco estable a todas las actuaciones urbanísticas que se realicen”.
Durante su intervención, el consejero ha destacado que desde el momento en que se tuvo conocimiento del fallo del TS “se actúa para dar una respuesta conjunta y unitaria a esta situación, así como para subsanar y completar la documentación que haga falta”, para lo que se ha creado una comisión técnica bilateral que se encargará de proporcionar un instrumento transitorio “que garantice la seguridad jurídica mientras se acomete la revisión de dicho plan general”.
En definitiva, según Fiscal, “una solución inmediata para que la actividad y las inversiones no se paralicen”, aunque ha aclarado que las licencias otorgadas durante el tiempo de vigencia del planeamiento ahora anulado “se ajustan a derecho y seguirán teniendo validez”.
Tras destacar el objetivo de la Junta para lograr un modelo territorial “sostenible y equilibrado”, el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asegurado que toda la planificación urbanística “se ha realizado conforme a la legislación vigente”, y que prueba de ello son las distintas sentencias del TSJA que avalan dichos planeamientos.
El PP habla de “dos varapalos en la nefasta gestión del PSOE”
Por parte del PP-A, la parlamentaria Patricia Navarro ha afirmado que ambas sentencia suponen “dos varapalos a la nefasta gestión en ordenación del territorio y en la política urbanística de los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta”. “Dos misiles en la línea de flotación de la economía andaluza”, ha apostillado.
Ha incidido en que “nadie duda de que el principal al motor económico de Andalucía está en la Costa del Sol, especialmente en Marbella, donde viven seis de cada cien andaluces o que recibe más 10,5 millones de turistas al año”. La Costa del Sol, ha agregado, “es una puerta de Andalucía y de España al mundo, que no podemos dejar que se cierre”.
Navarro ha señalado que dentro del turismo, en su vertiente residencial, ha ido adquiriendo cada vez más peso, “y la construcción está en pleno proceso de recuperación, aunque a algunos no les guste escucharlo”. La realidad, según ha apuntado, es que miles de foráneos año tras año, quieren venir a vivir Andalucía y están dispuestos a invertir lo poco o mucho que tienen,” y esto no hay que verlo como un problema, sino como parte de la solución” pero ahora, advierte, “esto en está en serio riesgo”.
La popular ha criticado que las reuniones sean bilaterales con el Ayuntamiento, sin contar con otros agentes implicados, así como ha advertido que la incertidumbre económica que esto genera “está ya ahuyentando inversiones en Marbella”. Y es que, como ha señalado Navarro, “esta sentencia también trae paralización de proyectos elaborados conforme al plan anulado y que suponen, en el caso de Marbella, unos 200 millones en licencias ya comprometidas”.
Con todo, ha criticado la actitud “cobarde” de Fiscal en este asunto, de quien tanto el PP-A como empresarios y agentes afectados por estas sentencias esperaban “más valentía, arrojo, proactividad y diligencia”.
Además, ha criticado que “han pasado dos semanas y en la Consejería siguen estudiando las consecuencias e impacto de la anulación”, a la par que ha censurado que el consejero defienda que este asunto es competencia del Ayuntamiento, cuando le ha acusado de “echar balones fuera”, al tiempo que le ha exigido tener “un seguimiento minucioso” de todo el proceso.
